Más allá de conseguir obras en México, con supuestos sobornos, Constructora Norberto Odebrecht ha sido una de las empresas que más daño le ha causado a Petróleos Mexicanos por sus sobrecostos y mal desempeño. Pero, por el contrato de 2014 referente a la refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo, no fue multada. O bien, recibió una amonestación económica de cero pesos. Sucedió como en un relato de surrealismo puro, pero la SFP no le pudo imponer amonestación económica por razones legales.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Por actuar con dolo en el ejercicio del contrato de la refinería Miguel Hidalgo Tula I, otorgado por Petróleos Mexicanos (Pemex) el 15 de febrero de 2014, cuando Emilio Lozoya Austin era director general de la ex paraestatal, Constructora Norberto Odebrecht no le debe nada en multas al Estado mexicano.

Por este contrato en particular, la empresa fue amonestada dos veces, primero en febrero de 2018 por la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto y después en abril de 2019, por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así, quedó inhabilitada hasta 2022 para concursar por contratos públicos. Pero la Secretaría de la Función Pública (SFP) no pudo imponerle ninguna sanción económica en ninguno de los dos casos.

En cambio, la Auditoría Superior de la Federación calcula que sólo por ese contrato, Constructora Norberto Odebrecht le causó un daño al Estado mexicano por mil 191 millones de pesos. Es una afectación que se conformó porque la empresa incurrió en mentiras sobre los costos unitarios, baja calidad en materiales e insumos, así como pagos indebidos en la adquisición de herramienta y equipo de seguridad.

La SFP explicó a este medio digital que no hubo multa porque al tratarse de un contrato de 2014, la sanción quedó fundamentada en el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, que sólo preveía como sanción al infractor, la inhabilitación.

Esa Ley, vigente en el momento en que operó Constructora Norberto Odebrecht en México, indicaba que la SFP o los órganos internos de control competentes podrían inhabilitar de manera temporal a empresas o personas que no formalizaran el contrato adjudicado, que se les hubiera rescindido el convenio por causas imputables a ellos, que causaran daños y perjuicios a Pemex o sus órganos subsidiarios, que proporcionaran información falsa, o que contrataran a servidores públicos. Pero no estipuló nada sobre sanciones económicas.

UN MAL CONTRATO 

En 2014, las autoridades brasileñas empezaron a investigar a las empresas vinculadas a Marcelo Bahía Odebrecht por haber participado en Lava Jato, la más sofisticada trama de sobornos en la historia de América Latina en la última década, que incluyó campañas electorales y Gobiernos para hacerse de contratos.

Descubierta la operación en Brasil, ex directivos del consorcio admitieron atestiguar a cambio de penas menores. Los testimonios confluyeron: tuvieron a disposición una bolsa de 800 millones de dólares para sobornar a “hombres clave” en una docena de países de Latinoamérica. Cuando habló Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quien fuera Jefe del sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el 22 de noviembre de 2016, el caso tocó a México. El hombre, bajo juramento, dijo que la refinería en Tula, Hidalgo, había sido obtenida a través de “propinas”.

Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, habría recibido 10 millones de dólares por parte de la constructora a cambio de esa obra. En agosto de 2017, el diario brasileño O’Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab revelaron que Luis Alberto de Meneses, quien fuera Director de Odebrecht en México, declaró: “Los pagos comenzaron en marzo de 2012, cuando Lozoya era uno de los principales integrantes del comité de campaña de Enrique Peña Nieto”.

En ese testimonio ante las autoridades brasileñas quedó asentado: “Los primeros pagos de propina se producirían en el comienzo y en 2012, cuando el entonces candidato Peña Nieto lideraba las encuestas, el PRI se acercaba a una probable victoria y Lozoya era cotizado para asumir un cargo de relevancia en el futuro Gobierno”.

El contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 por mil 436 millones de pesos para “acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”, habría sido otorgado mediante sobornos. Pero no fue por ello que la SFP sancionó a Constructora Norberto Oderbrecht; sino por una serie de mentiras y maquillajes a la hora de ejercer el trabajo asignado.

Según datos de la ASF, la petrolera subcontrató los trabajos sin justificar con estudios de mercado los precios pagados al final. La subcontratación incrementó las cantidades de obra que se habían incluido en el catálogo del contrato; sobre todo en el tratamiento de material contaminado.

En una investigación, la ASF asentó que Pemex Transformación Industrial no presentó evidencia documental sobre los registros de ingreso y salida de los camiones que transportaron el material contaminado fuera de la refinería. Tampoco lo hizo sobre el método topográfico, el abundamiento considerado para la determinación del volumen, ni el método utilizado por las cementeras para la disposición final y la destrucción térmica de los contaminantes.

LOS RIDÍCULOS DOS PESOS

El Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP es una base de datos en la que se hace público qué empresas están impedidas para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias. También si fueron multadas. Constructora Norberto Odebrecht aparece en la categoría de “proveedores sancionados e inhabilitados”. En otras palabras, la SFP tuvo la intención de multarla, pero la Ley de Pemex, vigente en el momento en que se ejecutó el contrato, lo impidió.

Como en un relato surrealista, en rigor, la multa de Constructora Norberto Odebrecht aparece como dos pesos. La explicación de la SFP al respecto fue que el sistema no admite “ceros” y de inmediato los transforma a un peso.

Además de Constructora Norberto Odebrecht, otras 23 empresas están en el mismo caso. Por ejemplo, Reisco Operadora de Servicios, vinculada a Marco Antonio Reyes Saldívar, quien -según una investigación de Morena- ha mantenido el monopolio de este servicio tanto en el Gobierno federal como en la Cámara de Diputados.

En la lista de proveedores y contratistas sancionados aparece porque presentó a “fantasmas” en su lista de empleados ante el IMSS.