La violencia que se vive en Guanajuato por la guerra entre cárteles del crimen organizado podría incrementarse en el próximo proceso electoral, pues los grupos criminales buscarán colocar candidatos y financiar campañas, explicaron expertos en seguridad y politólogos. En medio de estas pugnas, los ciudadanos serán los más afectados, consideran los especialistas.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– La violencia que vive Guanajuato no da tregua y podría incrementarse en las próximas elecciones. Analistas de seguridad y política social alertaron que los cárteles aprovecharán el proceso electoral para colocar a candidatos, mientras que a nivel político se espera “una batalla encarnizada” donde Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que gobierna a nivel federal, tratará de arrebatarle al Partido Acción Nacional (PAN) uno de sus bastiones.

Guanajuato será uno de los 15 estados que renovarán gubernatura, diputados locales y federales, y cabildos en el proceso electoral 2020-2021 que iniciará oficialmente la primera semana de septiembre de este año.

“Viene el proceso electoral y eso va a contaminar mucho este asunto (la violencia). En Guanajuato ya ha habido asesinatos de políticos muy relevantes. En este contexto y ya habiendo iniciado el proceso electoral de cara al 2021, lo que lamentablemente pasará –asusta pensarlo, pero hay que preverlo– es que la violencia puede incrementarse todavía más; que los cárteles busquen colocar candidatos y financiar campañas. Esto puede llegar a grados de violencia política mucho más elevados”, explicó en entrevista Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y cofundador de México Social.

El pasado 24 de junio, el excandidato de Morena a la Alcaldía de Abasolo, Guanajuato, Joel Negrete Barrera, fue asesinado en su tienda de abarrotes ubicada en la comunidad El Tule. El crimen ocurrió poco después que el político difundió una carta dirigida a José Antonio Yepez Ortiz, alías “El Marro“, para pedirle cesar la violencia en la entidad.

ENTRE DOS GUERRAS

La crisis de inseguridad en Guanajuato ha sido adjudicada a la guerra que libran el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRTL), liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cargo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por el control territorial para el trasiego de droga y el robo de combustible (huachicol).

Sin embargo, no es la única pelea entre grupos de poder. En esta entidad federativa gobernada desde hace casi tres décadas por el PAN se vive otra disputa, quizá igual de férrea que la que libran los cárteles: la pugna por el control político, explicaron expertos en seguridad y política.

Para Ricardo Ravelo, periodista y especialista en crimen organizado, un factor clave que denotó el conflicto y la violencia en Guanajuato fue el golpe que se dio a las redes de huachicol en enero de 2019, cuando el Gobierno federal ordenó cerrar los ductos de combustible como parte del arranque de la estrategia denominada “Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustibles” a inicios del sexenio.

El especialista recordó que los dos únicos estados donde se revelaron los grupos del crimen organizado contra el Gobierno y contra sus rivales fueron Puebla y Guanajuato, ambos gobernados en ese entonces por el PAN: Rafael Moreno Valle en Puebla y Miguel Márquez Márquez en Guanajuato.

Una manta en la que presuntamente Yépez Ortiz, alias “El Marro”, lanzaba una amenaza contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador apareció colgada en un puente en Salamanca, Guanajuato, a finales de enero de 2019.

Desde entonces, el líder criminal se convirtió en uno de los blancos más perseguidos por las autoridades federales, pues a lo largo del actual sexenio se han realizado diversos operativos que buscan su captura, pero la cabeza del CSRL ha logrado escabullirse.

En marzo de 2019, por ejemplo, se desplegó un impresionante operativo con casi un millar de elementos en el poblado Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, centro de operaciones de “El Marro”. Las autoridades sólo lograron detener a siete personas, de las cuales tres fueran liberadas, incluida la operadora financiera del cártel, dado que la Fiscalía General de la República (FGR) no hizo cargos por delincuencia organizada, según reportó la agencia EFE.

En abril del mismo año se encontró otra manta, pero ahora en la ciudad de Celaya. Los mensajes firmados presuntamente por “El Marro” estaban dirigidos al Jefe del Ejecutivo federal, y en ellos afirmaba que la violencia iba a continuar en respuesta a la presencia de las fuerzas federales.

Una investigación de InSight Crime señala que el arresto de Yépez Ortiz “se ha dificultado en parte por la protección que le brindan varias comunidades a lo largo de Guanajuato, las cuales han llegado a protagonizar protestas y bloqueos viales para detener el avance de los operativos militares en su contra”.

No obstante, las autoridades poco a poco lo han acorralado: se le han decomisado bienes y han capturado a unos ocho integrantes de su familia –la madre, el padre, hermana, esposa, tíos, primos y cuñados–, aunque dichas capturas han sido pasajeras, pues los detenidos han sido puestos en libertad con argumentos como el que sus aprehensiones se realizaron sin elementos suficientes.

Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad y crimen organizado, explicó que el hecho que el Partido Acción Nacional (PAN) tenga el control en Guanajuato desde hace muchos años – gobierna la entidad desde 1991– ha permitido la expansión de redes de contubernio y alianzas entre los grupos criminales con los gobiernos estatales y municipales. Esta corrupción, al menos a nivel de policías, ha dado como resultado el crecimiento, expansión y fortalecimiento del CSRL, aseguró el especialista.

“Lo que queda exhibido es que la estructura del poder está detrás de este negocio (huachicol) y, en consecuencia, cuando vienen los golpes para desmantelar estas redes se colapsa todo. Esto es lo que pasa en Guanajuato”, dijo.

Para el especialista, en el fondo lo que se libra en Guanajuato es una guerra política: “lo que estamos viendo es una guerra criminal, evidentemente; pero en el fondo es guerra política, es decir, Morena quiere entrar a gobernar en Guanajuato, pero para eso tiene que desmantelar redes criminales ligadas a la política. Fue el caso de Puebla, ya lo logró. Ahora va por el Bajío”, expuso.

El analista recordó que algo parecido ocurrió en Puebla antes que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gobernara la entidad. “En Puebla el huachicol estaba aparentemente protegido por el gobierno del panista (Rafael) Moreno Valle […] La crisis política y de seguridad que tuvo Puebla es un escenario muy parecido al de Guanajuato”.

En contraste, el doctor en Política Social por la Universidad de Baja California, Saúl Arellano Almanza, consideró que el recrudeciendo de la violencia de estas últimas semanas no necesariamente está vinculado a un fondo político, sino que tiene que ver con la propia lógica con la que opera el crimen organizado; sin embargo, el investigador sí coincidió con Ricardo Ravelo en que el embate del Gobierno federal contra el huachicol, la persecución del CSRL y la presencia de fuerzas federales sí tiene un tinte político.

Los presuntos delincuentes han causado pánico en la población con la quema de vehículos en respuesta a operativos de las fuerzas federales. Foto: Cuartoscuro.

“Creo que sí tiene que ver con una cuestión político electoral, que no es de ayer y ni solamente tiene que ver con las elecciones, sino tiene que ver con que Guanajuato es el único estado que no ganó AMLO, donde el PAN ganó”, expresó.

Arellano Almanza opinó que se trata de una contraofensiva de la Cuarta Transformación: “hay que recordar que el Gobernador (Diego Sinhue Rodríguez) tuvo posiciones muy duras respecto a López Obrador. Por ejemplo, cuando se dio la reducción de salario de AMLO la respuesta del Gobernador fue que él no se iba a bajar el salario porque ‘un gobierno barato salía caro’. Este tipo de expresiones, de señalamientos tan personales y duros, hoy tienen una respuesta, una contraofensiva del Gobierno federal que sin lugar a dudas va a buscar incidir en las elecciones intermedias de Gobierno”, detalló.

Para el director de México Social, el Gobierno federal ha actuado de manera muy ambivalente en Guanajuato y ha mandado señales que parecen un castigo y sanción política a un Gobernador que muestra una fuerte oposición política y de reto al Presidente de México.

“Por ejemplo, al final del sexenio de Miguel Márquez Márquez se instaló un nuevo destacamento militar que funcionaría como base de la Guardia Nacional con 3 mil elementos, según estaba planeado, después ya no se supo qué pasó con ese destacamento militar. Luego vino una retirada de la Marina cuando llegó Diego Sinhue (al gobierno) y amagó con lo del pacto federal. Pareciera una sanción política, esa retirada de la Marina al estado”.

El especialista agregó que la 4T no ha tenido una presencia palpable en el estado porque no se ven los programas sociales u otro tipo de acciones que muestren un compromiso serio de la administración federal.

GUERRA DE “DIMES Y DIRETES”

La tensión entre Rodríguez Vallejo y López Obrador se acentuó después de los operativos realizados el pasado 20 de junio para capturar a los presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, y tras la liberación de los detenidos, entre ellos, las familiares de “El Marro”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había “ineficiencia” por parte de las autoridades de Guanajuato y que estaba relacionada con transas y actos de corrupción.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, quien no se había pronunciado con respecto a la inseguridad, rompió el silencio sólo para responder que en la mañanera –en alusión a López Obrador– se politizaba la seguridad del Bajío mexicano.

El mandatario estatal también refutó que la Fiscalía General de la República (FGR) “debió atraer el caso” para que las personas arrestadas permanecieran en prisión, pues los delitos de delincuencia organizada competen a la federación.

Además de ser el estado más violento, Guanajuato también es la entidad en la que más elementos policiales han sido asesinado. Foto: Luis Ramírez, Cuartoscuro.

Las declaraciones del Gobernador guanajuatense provocaron que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, un personaje que poco se le ve en la escena mediática y no muy dado a las ruedas de prensa, saliera a dar entrevistas a los medios donde respondió que la liberación fue por falta de pruebas y, principalmente, por errores de la autoridad local al realizar las órdenes de cateo y las aprehensiones posteriores.

Finalmente, el pasado 1 de julio el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llamó a que autoridades federales y estatales intervengan coordinadamente para enfrentar el contexto de violencia que vive la entidad, no obstante, el Fiscal General Carlos Zamarripa aseguró que no iba a renunciar, ello en respuesta a la sugerencia que lanzó el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que es necesario “limpiar” las instituciones de justicia en esa entidad y, en particular, a la Fiscalía, donde Zamarripa Aguirre lleva 11 años como titular.

MÁS VIOLENCIA

Para el catedrático de la UNAM, la fricción ha sido tan fuerte que “ha imposibilitado el diálogo y, a estas alturas, ya no es posible restablecerlo en términos institucionales”. Además consideró que lo que se espera – en términos políticos– será una batalla muy dura porque Guanajuato aún es la joya de la corona del PAN “y Morena buscará arrebatarle estos espacios”.

El especialista reiteró que la contienda posiblemente vaya agravar la situación de violencia que vive el estado.

“Creo que viene, como se le dice de manera coloquial, una tormenta perfecta para el estado (de Guanajuato) porque cuando hay conflicto político y paramilitar (digo paramilitar porque cuando los grupos del crimen ya usan armas de ese calibre, es casi paramilitar) la ciudadanía pierde y los políticos hacen su agosto. Creo que sí viene una lucha muy encarnizada por las posiciones y los cargos que se van a disputar en 2021”, explicó Saúl Arellano Almanza.

Con información de Zona Franca