¿Por qué no se creen las versiones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha hecho públicas sobre el multihomicidio la Narvarte? ¿Por qué tampoco se le da credibilidad a las explicaciones que Javier Duarte de Ochoa ha dado sobre el caso? ¿Por qué los familiares de las víctimas, sus amigos y colegas tienen tantas dudas y preguntas sin responder por parte de las autoridades?

La incredulidad sobre el caso crece cada día qué pasa y no se tienen conclusiones precisas.

El recelo se destapó desde la primera conferencia de prensa de Rodolfo Ríos Garza, Procurador capitalino, quien dejó entrever que un posible móvil del homicidio de cinco personas había sido el robo.

El escepticismo aumentó cuando el propio Ríos Garza tardó cinco días en acreditar que Rubén Espinosa Becerril era periodista “activo” y colaborador de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro, aun cuando desde el domingo 2 de agosto, en una reunión con directivos de estos medios, y cuando ya era público que se trataba de un fotorreportero amenazado en Veracruz, el Procurador del DF desestimó la profesión en el móvil del crimen porque no había sido asesinado, afirmó, “durante el ejercicio de su trabajo”.

La sospecha en el trabajo de las autoridades subió de tono cuando en medio de comunicación se filtraron versiones de que los asesinatos se produjeron luego de una fiesta que duró toda una noche e incluso hasta la mañana siguiente.

La indignación de la comunidad periodística se desbordó cuando esos mismos medios difundieron fotografías de los cuerpos dentro del departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

La aprensión continúa porque, aun cuando apenas ayer se tomó declaración al Gobernador Duarte de Ochoa, no se ha ido a fondo sobre el entorno de amenazas por parte del Gobierno de Veracruz, que a su tiempo denunciaron tanto Rubén Espinosa como la activista Nadia Vera Pérez –también asesinada en la Narvarte– y las investigaciones no han tocado ese rubro.

Si algo ha caracterizado la investigación de la PGDF es la filtración de datos que, consideran ahora organizaciones como Artículo 19, lo que buscan es desestimar el móvil político.

Aun así, activistas y familiares exigen no sólo en que se investigue al Gobernador priista, sino también a los dos últimos jefes de la policía de esa entidad, quienes a su juicio también deben declarar ante la PGJDF.

Así las cosas, la investigación va dando tumbos: ahora se liga hasta a un viene viene o franelero de la zona de Narvarte y se tiene detenido a un presunto testigo, que dice haber visto cosas y no haber participado en los hechos.

En fin, la PGJDF se ha enredado en sus propias contradicciones y compromisos políticos. Lo único cierto es que en esta investigación lo único que avanza es la incredulidad de los ciudadanos.