Politólogos consultados por SinEmbargo coinciden en que el fracaso de la llamada “nueva generación del PRI”, específicamente en el caso de los ex gobernadores señalados y presos por diversos crímenes, se centra en la escasa fiscalización de los recursos públicos que manejan y en la poca voluntad política que mostró el propio Presidente de la República para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.

Esto produjo desde 2011, comenzando por quien entonces era presidente nacional del partido, Humberto Moreira Valdés, una generación marcada por la corrupción, donde destacan el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, y César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua.

Estos últimos, dicho por priistas, gozaron de impunidad por el aparente compromiso económico que hicieron en la campaña federal de 2012 y que ahora limita al Presidente para combatirlos con todo el peso de la Ley.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Endeudaron a sus estados, desviaron recursos, crearon empresas fantasmas; uno de ellos, en Chihuahua, se convirtió en accionista de un banco y, como en el Gobierno de Veracruz, presuntamente permitió suplantar con agua medicamentos destinados para la población enferma de cáncer.

Son los ex Gobernadores priistas de la era de Enrique Peña Nieto, seis detenidos y dos prófugos de la justicia; entre ellos el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, el quintanarroense Roberto Borge Angulo y el chihuahuense César Duarte Jáquez, a quienes en 2012 el hoy Presidente llamó una “nueva generación política” y que, al cabo de cinco años, protagonizan “uno de los momentos de mayor corrupción que se haya dado en el país”, como considera el investigador Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

“Este va a ser uno de los temas más importantes durante el proceso que viene en 2018, porque se ha llegado a tales niveles de gravedad que no se habían conocido, tanto los niveles de endeudamiento, de fraude y de corrupción, que es ya intolerable para la sociedad”, agrega Aziz, que investiga procesos democráticos e instituciones en México.

“En cuanto a su corrupción, probablemente en promedio han sido de verdad más corruptos que sus antecesores”, coincide Andrew Paxman, profesor de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Con el fin del control mayoritario del Congreso en 1997, México perdió un sistema de rendición de cuentas que había causado la caída de docenas de gobernadores hasta esa fecha. Es decir, creció la impunidad. Segundo, hubo más narco dinero en juego que nunca, y mayor interés por parte de los cárteles en surtir a la población mexicana”, agrega el también autor.

En la lista de ex gobernadores con problemas legales hay de sexenios pasados, como el tamaulipeco Tomás Yárrington Ruvalcaba, quien gobernó de 1998 a 2004 y fue detenido este año en Italia por lavado de dinero; o el quintanarroense Mario Villanueva Madrid, detenido desde 2001 por el mismo delito. Y hay, también, integrantes de otros partidos, como el panista sonorense Guillermo Padrés Elías, detenido en 2016 por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, o el ex Gobernador blaquiazul de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, sentenciado por peculado y uso indebido del ejercicio público, aunque amparado para enfrentar el proceso en libertad.

En los primeros lugares, sin embargo, al menos por grados de endeudamiento público, están quienes Peña Nieto elogió como parte de una “generación nueva” –Duarte Jáquez y Borge Angulo– y quienes incluso lo rodean en la fotografía que tomó con los mandatarios el día de su toma de posesión, en 2012.

“Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua que son cuatro de las cinco entidades federativas con mayor porcentaje de deuda respecto a las Participaciones Federales y, también, son cuatro de las cinco entidades con mayor endeudamiento por habitante”, advirtió en 2016 el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, del Poder Legislativo.

A la fecha, Duarte de Ochoa protagoniza un proceso oral por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada después de meses de evasión de la justicia, mientras que su homólogo, el quintanarroense Roberto Borge Angulo, espera en un penal Panamá su extradición a México por cargos de corrupción.

César Duarte Jáquez, mientras, continúa prófugo de órdenes de aprehensión que lo buscan por delitos tanto de peculado como electorales y, a diferencia de Duarte de Ochoa y Borge, continúa sin ser expulsado de las filas del PRI.

Esto, pese a la insistencia del Comité Ejecutivo Nacional priista de que el partido está “a favor de que los corruptos terminen en la cárcel” y de combatir la impunidad.

“Enrique Ochoa [presidente del CEN priista] se propuso limpiar la casa y lo hizo”, aseguró esta semana el secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones populares priista, el Senador Arturo Zamora Jiménez.

“Desde que llegó a la Presidencia de nuestro partido emprendió acciones decididas de combate a la corrupción y ahora en la Asamblea incluyó una mesa temática para generar propuestas que le permitan al PRI prevenir casos como los vistos con ex gobernadores”, agregó el político.

 

CACICAZGOS Y ABUSOS

Varios elementos se combinaron para permitir la formación de estos “cacicazgos” políticos. De acuerdo con diversos análisis, a partir de 2000, cuando en diversos sectores se celebraba la primera derrota del PRI en la Presidencia de la República, también inició un periodo de aumento de transferencias de recursos públicos de parte de la Federación a las entidades que, sin embargo, no se ejercieron con contrapesos por parte de órganos revisores, como congresos, poderes judiciales o incluso medios de comunicación.

“Las estructuras de poder, verticales, del PRI, mantenían cierto control, un poco la descentralización de recursos, la descentralización de facultades, las alternancias, todo eso ha ido debilitando los mecanismos de control, las formas de rendición de cuentas; entonces, los recursos en los estados se repartieron y se compraron a los medios en muchos casos, congresos locales, etcétera; entonces, los gobernadores se convertían en amos y señores de su territorios, compraban y repartían y esto generó problemas de corrupción gravísimos”, explica Aziz Nassif.

“El problema es que, como no existen mecanismos que permitan la fiscalización de ese dinero, a final de cuentas podían hacer uso del dinero casi casi como quieran”, coincide Gustavo López Montiel, politólogo y académico en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Tan sólo entre 2000 y 2010, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el aumento en las participaciones de la Federación a los estados fue de más del doble (al pasar de 178 mil 136.2 millones de pesos a 437 mil 327.6). Recursos que, luego, agrega la misma revisión, fueron utilizados por los mandatarios para la obtención de cada vez mayores niveles de endeudamiento.

“La tendencia del crecimiento de la deuda de los gobiernos locales y sus organismos dependientes es consecuencia, entre otros, de los factores siguientes: las mayores participaciones federales han brindado más oportunidades de contratación de crédito, al quedar como garantía o fuente de pago”, advirtió desde 2011 la Auditoría Superior de la Federación en un análisis de las deudas públicas.

“Las entidades federativas y algunos municipios han emitido certificados bursátiles en el mercado de valores con fuente de pago en sus ingresos y en las participaciones”, agrega el documento.

En la trayectoria de los endeudamientos se observa que la deuda en Quintana Roo se disparó, por ejemplo, entre 2009 y 2010, al pasar de tres mil 743.2 millones de pesos a 10 mil 37 el siguiente año, el primero de Borge Angulo. En Chihuahua, entre 2010 y 2013 –la primera mitad del sexenio de Duarte Jáquez– pasó de 12 mil 547 millones de pesos a 41 mil 768.

En esa última entidad, en 2013, el Gobierno del Estado formó un fideicomiso que le permitió a una ya endeudada administración pública acceder a otros once préstamos bancarios que, en total, le generaron un flujo de 19 mil 725 millones de pesos adicionales.

La administradora del Fideicomiso, de acuerdo con datos oficiales, fue la empresa Evercore, fundada por el ex Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, y antiguo lugar de trabajo del entonces secretario de Hacienda con Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, y de su primer Subsecretario, Fernando Aportela Rodríguez.

Evercore, de acuerdo con la información de su página en línea, trabajó también en 2006 en el Estado de Coahuila, entonces gobernado por el luego dirigente nacional priísta y luego detenido por la justicia española, Humberto Moreira Valdés, además de varias entidades más, como Tabasco, Michoacán o Puebla.

“Un grupo de priistas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto de 2016 a este medio una fuente del CEN del PRI.