Ciudad de México 12 de septiembre (SinEmbargo).– Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Tamayo Tehuatlie, el menor de 13 años que murió tras recibir un impacto en la cabeza de un artefacto disparado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) de Puebla, calificó al Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas Rosas como un “mentiroso” y lo acusó de comprar a los medios estatales para que “tapen todo”.
“Siempre quiso taparlo todo, pero como digo: hay un Dios que está en el cielo, si él [Moreno Valle] no hace justicia. Él se siente poderoso por tener todo el dinero que él está manejando. Todo Puebla compró medio de comunicación, todo taparon, sólo me utilizaron para favor del gobierno, solamente para eso”.
En entrevista para SinEmbargo, Elia también dijo que el Gobernador le arruinó su vida porque “le quitó la vida a un inocente. No se lo merecía”.
La madre de José Luis salió ayer a las 7 de la mañana de su hogar para ser trasladada a la Ciudad de México con rumbo a una sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para escuchar la Recomendación del organismo sobre el caso de Chalchihuapan.
Aseguró que la administración de Moreno Valle “es un mal gobierno que no sabe cuidar su estado. En un momento él dijo que si no estaba haciendo bien las cosas él se va. Ahora que lo cumpla. Que se aleje. Porque no es para que esté ahí haciendo más muertes, porque hasta hoy me doy cuenta que otra familia de Jalpa le pasó casi igual como a mi hijo. Si esa señora tuviera el valor de detenerlo no pasaría, ahora ya va por el segundo”.
Elia, con lágrimas en sus ojos, recordó que el Gobernador “salió a pedir los votos y se los dimos… para esto. No es nada agradable. Él dice que lo siente mucho pero no es cierto. Él es un mentiroso. Si él lo sintiera… Él estaba sabiendo cuántos granaderos mandó con armas porque no pensó. Le estaban pidiendo diálogo, ¿por qué no se prestó a eso? Sólo Dios es el más grande y no le tengo miedo. ¿Por qué [le] vamos a tener miedo si es humano igual como nosotros? Sólo Dios que está en el cielo es el primero y nadie pasa encima de Él”.
El 9 de julio, los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan salieron a manifestarse en la autopista México–Puebla para exigir la restauración de las oficinas de Registro Civil en su presidencia. Tras un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado para dispersar la manifestación, José Luis resultó con una lesión letal en la cabeza, y 10 días después murió a consecuencia de eso.
Desde entonces, asegura su madre, el Gobernador no se ha acercado a ella. “Yo cuando estaba en el hospital le pedí a [Luis Arturo] Cornejo [Alatorre, subsecretario de asuntos políticos y protección civil de la Secretaría de gobierno del estado] ¿por qué viene usted? ¿por qué no viene el Gobernador? Que venga a ver a mi hijo cómo está. Él dice que me buscó, pero no es cierto, pura mentira. Yo lo pedía y él nunca llegó”, dijo.
Una vez más, Elia culpó a Moreno Valle de la muerte de “Conan”, apodo que obtuvo su hijo de su hermana mayor, Mariana. “El culpable es el Gobernador porque él dio la autorización. Él la dio. Agarró a inocentes que no hicieron nada y él decía que busquen al culpable si él es el culpable. Él ocasionó todo con sus cómplices, todos lo hicieron juntos. Ahora que asuma su responsabilidad. No es justo que hay más compañeros que también salieron perjudicados con diferentes lesiones y él nos arruinó la vida”.
Respecto a la resolución que presentó la CNDH, Elia dijo sentirse defraudada “porque el Gobernador nada tocaron de él, solamente de una persona y como yo siempre he dicho, el culpable es el señor Gobernador por dar la autorización”.
“Ellos [el gobierno de Puebla] querían taparlo todo y ahora piensan que él lo va hacer [seguir las recomendaciones], no va a hacerlo”, dijo.
“Yo siempre he pedido que mejor se fuera porque no es el indicado para que cuide su estado, sólo está para dañar al estado, está para eso. Yo lo que estoy pidiendo es justicia”, finalizó.
RECOMENDACIÓN DE CNDH
Ayer, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó la Recomendación sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos “Caso Chalchihuapan” en la que determinó a que se inicien los “procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos”.
También pidió la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan para que se garantice “de manera transparente, objetiva e imparcial un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados, dada la impunidad que prevalece ante los abusos cometidos por los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de esa entidad federativa y los delitos cometidos por diversos manifestantes”.
Instruyó a que se reparen los daños causados a las víctimas y sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde a lo que establecen los estándares internacionales en la materia y en la Ley General de Víctimas.
La CNDH pidió que “se prepare una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo que al mismo tiempo dé a conocer las medidas y garantías para la no repetición”.
MUERTE DE JOSÉ LUIS
Peritos de la Comisión determinaron que la lesión de José Luis era similar a la que se producen por una contusión directa con un objeto de consistencia dura o firme, de bordes definidos, romos y regulares. Los especialistas especificaron que no “existieron elementos técnico-médicos para establecer que la lesión que encontró el neurocirujano del Hospital General del Sur ‘Dr. Eduardo Vázquez Navarro’ en el cráneo hubiera sido producida por explosión y onda expansiva”.
Concluyeron que “existen elementos suficientes” para determinar que las lesiones que se infirieron al menor de edad fueron producidas con “alguno de los 54 proyectiles de largo alcance irritantes calibre 37/38 mm, CN código 3221, o con uno de los 10 proyectiles de largo alcance irritantes 37/38 mm, CS, código 3231, utilizados por los elementos policiales, los cuales al ser percutimos expulsan un contenedor (proyectil cilíndrico de material metálico y consistencia firme) que puede recorrer una distancia mayor a 150 metros”.
La CNDH también determinó que los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla “utilizaron de manera inadecuada el armamento no letal que portaban, a tal grado que también ocasionaron agravio a por lo menos otras ocho personas”.
En la recomendación se especifica que un testigo “observó cómo un elemento policial, quien portaba un arma con ambas manos, se encontraba sobre el arroyo vehicular en la carretera estatal 438–D, dirección Puebla–Atlixco, a una distancia aproximada de 50 metros apuntando en dirección hacia donde se encontraba José Luis Alberto Tehuatle Tamayo”.
Para estas resoluciones, la Comisión formuló 26 solicitudes de información dirigidas a 14 autoridades de los tres ámbitos de gobierno, así como a la delegación de la Cruz Roja Mexicana.
Las autoridades estatales consultadas fueron: Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Secretaría general de Gobierno, Secretaría de Salud, Juzgado en materia Penal con sede en San Pedro Cholula y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Puebla.
Las autoridades municipales: presidencia de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Centro de Reinserción Social Regional de San Pedro Cholula y la presidencia municipal de Ocoyucan.
Las autoridades federales: Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y, finalmente, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Además, visitaron los municipios de Atlixco, Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y San Pedro Cholula y Tultepec, en el Estado de México.
También en la investigación se realizaron 196 entrevistas a víctimas, familiares y testigos de los hechos, así como servidores públicos.
Hubo 49 visitas e inspecciones oculares, 67 servicios de atención victimológica de tipo médico, psicológico, acompañamiento y orientación jurídica, 67 certificaciones médicas, 61 mecánicas de lesiones, 10 dictámenes periciales, 7 consultas de archivos públicos y 35 comunicaciones telefónicas con víctimas y sus familiares.
Se llamó a comparecer al Secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, al Procurador General de Justicia estatal, Victor Carrancá Borguet, al presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes, y a los peritos de la Policía Federal.
Entre las observaciones, la CNDH determinó que algunos testimonios e informes rendidos tuvieron imprecisiones y algunas de ellas fueron incluso contradictorias y faltaron a la verdad.
También la institución se dijo preocupada porque los servidores públicos de la Procuraduría estatal “no recabaran ningún indicio al realizar la primera inspección ocular en el lugar de los acontecimientos y se limitaran a su búsqueda sobre el arroyo vehicular de la carretera estatal 438-D, Atlixco–Puebla, que para ese momento ya había sido limpiada por personal de mantenimiento”.
El organismo garante dijo que la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Facundo Rosas, representó un obstáculo al no proporcionar una muestra de un dispositivo tipo proyectil de largo alcance irritante porque “se encontraba agotado”.
MALOS TRATOS
En la recomendación la CNDH recuerda que hubo cuatro personas detenidas y fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público por los delitos de “ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propuedad ajena doloso y motín cometido en agravio de la sociedad y de los elementos de la Policía Estatal”.
Uno de ellos, en su declaración a la Comisión dijo que el 9 de julio “al cruzar la carretera fue detenido por ocho policías, quienes le dijeron que ‘iba a pagar caro’, a lo que respondió que él no había hecho nada, por lo que al resistirse un policía lo pateó en el muslo derecho. Después lo sometieron y subieron a un vehículo oficial, donde nuevamente lo patearon en el estómago y le pegaron en dos ocasiones con un tolete en la espalda, así como con el escudo en las piernas”.
Otro de los detenidos dijo que “al estar sentado junto a la valla que divide la mencionada vialidad lo arrestaron y después lo subieron a una unidad oficial para llevarlo a la Procuraduría General de Justicia”.
El tercero dijo que al percatarse que el puente estaba cerrado con palos “optó por atravesar caminando la carretera estatal 438–D, Puebla–Atlixco, observando que abajo del citado puente se encontraban varias personas y elementos de la Policía Estatal Preventiva”. Escuchó que alguien gritó “!ahí vienen!” “comenzaron a correr, y a su vez, atrás de ellas elementos de la citada corporación”.
El último de los detenidos dijo que también solo iba a regresar a su domicilio pero al saber que estaban bloqueadas las vialidades caminó por la carretera y dos policías lo sujetaron y subieron a un vehículo oficial.
Uno de ellos dijo que cuando lo detuvieron y lo subieron a la batea de un vehículo en el que estaban ya tres personas más un uniformado les dijo “ahora van a pagar todo”. El detenido aseguró no haber hecho nada y con amenazas el policía le ordenó que guardara silencio.
BALAS DE GOMA
La recomendación asegura que los 360 “indicios” que los manifestantes pusieron a la vista de la CNDH y que recogieron el 9 de julio en “la zona de los acontecimientos luego de que fueran disparados en su contra, existieron algunos cuyas características son similares a los proyectiles conocidos como ‘balas de goma’. Sin embargo, de la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, así como por las investigaciones realizadas por esta Comisión Nacional, no se tuvo evidencia del empleo de dispositivos de esa naturaleza”.
A pesar de ello, la CNDH hizo “patente su preocupación y desacuerdo con que los servidores que realizan tareas de seguridad pública durante las manifestaciones utilicen proyectiles de los denominados ‘balas de goma’ para disuadir a las personas que participan en las mismas”.
GOBIERNO ACEPTA RECOMENDACIONES
Ayer, tras dos meses de los hechos en San Bernardino Chalchihupan, el gobierno lamentó que hayan resultado “lesionados civiles y policías y reitera sus condolencias a la señora Elia Tamayo y su familia por la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo”.
Además reconoció el trabajo de la CNDH y dijo que las recomendaciones “enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla”.
El gobierno de Moreno Valle informó que ya notificó a la CNDH “la aceptación total de los puntos recomendatorios emitidos” nombró a José Antonio Pérez Bravo como Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan.
Pérez Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Anteriormente se desempeñaba como Subprocurador Jurídico de Asuntos procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del delito (PROVÍCTIMA).
Además, Juan Pablo Piña, Jefe de la Oficina del Ejecutivo, será el responsable de verificar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las dependencias responsables.
