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El Gobierno federal pagó por un mes de publicidad a Televisa más que 3 años de la Alerta de Género

12/10/2019 - 9:30 pm

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres que se activó para un gran número de municipios en el país en 2016 y 2017, buscó poner las bases para poner un alto a la violencia. Tres años después, no hay una fuente clara en el origen de los recursos y algunas regiones no pueden reportar ni el monto pagado para mitigarla ni las acciones implementadas.

CUARTA ENTREGA DE CINCO

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- ¿Se ha gastado más en un mes de publicidad o en tres años de Alerta de Violencia de Género? De acuerdo con solicitudes de información realizadas por SinEmbargo a los municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las mujeres, se gastó la cantidad de 143 millones 875 mil 868 pesos de 2016 a 2019.

Es la misma cantidad de dinero que la Secretaría de Salud (SSa) pagó en 2016 a Televisa por publicidad de un mes.

Como ya se abordó en entregas anteriores de esta serie de reportajes, los municipios con Alerta operan los recursos con opacidad; en primera instancia no hay concordancia en la fuente de los ingresos, ya que se reportaron recursos federales, estatales y municipales; tampoco coincide la cantidad invertida, ya que un Estado reportó gastos de 2 millones, un municipio hasta 25 millones de pesos y otros que jamás les ha llegado recurso etiquetado para dicho objetivo.

De las más de 100 solicitudes de información ingresadas a los municipios con AVG y de los que dieron respuesta con monto y acciones, se obtuvo un monto de 143 millones 875 mil 868 pesos invertidos en atender la violencia contra la mujer de 2017 a 2019.

Además del monto invertido para mitigar la Alerta, están también las dudas de lo que se hace. La investigadora Lucía Núñez Rebolledo, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó en entrevista con SinEmbargo que en diversos análisis que se han realizado para saber qué se ha hecho con el presupuesto para atender y prevenir la violencia de género contra mujeres, se han encontrado con talleres de macramé y cursos de uñas, por lo que considera que se trata de una tendencia.

Entre los factores mencionó que aunque se avanzó en cuestiones de paridad, igualdad y perspectiva de género a nivel institucional, hubo un retroceso en cuanto al nivel de funcionarios, “tenemos muchas mujeres que están en puestos municipales como subdirecciones o jefaturas de unidad que están encargadas de los mal dichos ‘temas de la mujer’ y que no saben qué hacer, que un malentendido ‘empoderamiento’ se obtiene en un curso de uñas o de bordado. Es indignante”.

Agregó que el reporte de este tipo de actividades obedece a una obligación de los municipios y estados de rendir cuentas, pero que exhiben a funcionarios que no tienen ni  sensibilidad ni un conocimiento mínimo de lo que tiene que ver con la discriminación y la desigualdad y las relaciones de género.

“Muchas veces lo que hacen es que este dinero se lo gastan en otra cosa y lo acaban reportando con otros gastos, que son los de comprar botas para policías. No hay un diagnóstico en el que se vea qué hacen y cuál es la calidad de las políticas, entonces solo reportan las cosas que se les ocurren para tapar el hueco y porque necesitan informar porque es obligatorio”, sostuvo la doctora.

LOS MONTOS REPORTADOS

En el caso del Morelos y Colima, el monto reportado es cero porque no respondieron a las solicitudes de información en las que se pidió el monto total gastado por año en la AVG y una lista de las acciones que realizaron.

En algunos casos se entregó solo una lista de acciones y en otras incluso se respondió que no había obligación de llevar un registro del gasto.

El Estado que más dinero reportó gastar fue el Estado de México, con 31 millones 426 mil 525 pesos; le siguió Nuevo León con 26 millones 170 mil 151 pesos y Quintana Roo, con 25 millones 427 mil 259 pesos.

Sin embargo, hubo inconsistencias en la información por diferencias en los montos muy notorias. Por ejemplo, en el Estado de México, Chalco reportó un gasto de 13 mil 135 pesos y Chimalhuacán, 872 mil 577 pesos, mientras que Ecatepec tuvo un gasto de 15 millones 840 mil 680 pesos.

En Nuevo León, tres municipios (Apodaca, Cadereyta y Guadalupe, reportaron un gasto similar, de cerca de 9 millones de pesos, pero en el caso de Quintana Roo, el problema se vuelve a repetir, ya que mientras Solidaridad dijo que gastó 338 mil pesos, Cozumel reportó un gasto de 25 millones 089 mil 259 pesos, cantidad que a su vez, contrasta con el monto total de Chiapas para la alerta: 700 mil pesos.

La Alerta de Violencia de Género fue decretada entre 2016 y 2017. En ese primer año, los 12 estados que fueron marcados con esta política abonaron con 294 feminicidios, en total hubo 602.

Para 2017, en esas mismas 12 entidades se registraron 432 feminicidios, casi el doble del año anterior y fueron el 58 por ciento del total, que fueron 742.

En 2018, aumentó de nuevo la cifra a 491, que fue el 55 por ciento de los 884 feminicidios reportados. A septiembre de 2019, la cantidad de feminicidios en las entidades con municipios con Alerta es de 370, de 661 que se contabilizan a nivel nacional.

En los últimos cuatro años, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene contabilizados 2 mil 889 feminicidios, el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit, aportaron mil 587, es decir, el 54 por ciento.

Para Núñez Rebolledo, parte de los problemas en la ejecución de la AVG es por falta de voluntad política, “parece que utilizan el argumento de que no funciona para no hablar de su falta de voluntad política y no vigilan la calidad de las políticas, pero hacen todo lo posible para que no se emita o para cumplir de manera mínima o de mal cumplir con las recomendaciones que hace el grupo de trabajo con este tipo de informes que se dan a través de transparencia”.

A esto se suma, añadió, que no hay un mecanismo de seguimiento y evaluación a largo y corto plazo, que dé cuenta de la calidad de las políticas públicas, no solo de urgencia y emergencia, sino a largo plazo porque “ahí es donde se puede llegar a transformar y mejorar la situación […] porque mientras, la violencia no merma e incluso aumenta”.

Daniela Barragán
Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.
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