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El 76% de recursos contra crisis climática va para el transporte de gas natural por la CFE: Fundar

12/10/2020 - 6:37 pm

Como reflejo de la prioridad del Gobierno federal pese a la crisis climática, a la Secretaría de Medio Ambiente se le planea asignar para 2021 apenas el 6 por ciento del presupuesto de Pemex, el 7 por ciento de la Comisión Federal de Electricidad y el 66 por ciento de la Secretaría de Energía, destacó Fundar México.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– De los más de 70 mil 274 millones de pesos planeados para el Anexo Transversal sobre Cambio Climático en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021, el 76 por ciento (53 mil 498 mdp) va para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) transporte gas natural.

“Es muy preocupante porque el gas natural es un combustible de transición, pero no está siendo reconocido como una medida para mitigar el cambio climático”, evaluó la investigadora de Fundar, Beatriz Olivera. “Si este dinero estuviera destinado a energía renovable o medidas de adaptación, sería muy positivo, pero que se destine a transporte de gas natural es una incongruencia; se está tratando de dar gato por liebre. Si esta bolsa es pequeña y es para cambio climático, que solo sean actividades para ello”.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, los recursos al sector del medio ambiente disminuyeron un 46 por ciento. Pese al cambio de administración con Andrés Manuel López Obrador, de 2019 a 2021 sigue la misma tendencia a la baja.

En 2021 se proyectan 30 mil 948 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

“Los datos son muy alarmantes. A Semarnat se le asignó apenas el 6 por ciento del presupuesto de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), el 7 por ciento del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 66 por ciento de la Secretaría de Energía (Sener). Es un desbalance que nos habla con mucha claridad sobre dónde están las apuestas. Su política pública está enfocada en la extracción de hidrocarburos, la construcción de una refinería, extracción de gas y fracking”, analizó Olivera.

Respecto a esta técnica que contamina el agua, que de acuerdo con el Presidente López Obrador está prohibido, aún hay presupuesto asignado para 2021 (4 mil 503 millones de pesos), destinados para dos proyectos en la Cuenca de Tampico-Mizantla.

“No hay una iniciativa de ley que materialice el compromiso presidencial. Hay ocho iniciativas en el Congreso de diferentes partidos que buscan la prohibición del fracking, pero ninguna ha sido discutida ni dictaminada”, dijo.

Asimismo, si la rebanada de más de 30 mil millones de pesos para Semarnat “es muy reducida”, solo el 2.8 por ciento del total (866 mdp) va a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) que cuida el 20 por ciento del territorio nacional.

“Por cada peso del presupuesto federal invertido en las ANP, aportan a la economía al menos 52 pesos. Si se invierte en estas áreas, también pueden redituar; son inversiones con retribuciones al erario público”, enfatizó la investigadora, quien recordó que Fundar busca que las mineras saquen sus operaciones de estas zonas.

“NI PARA GASOLINA”

Si hace diez años los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no tenían ni para la gasolina, actualmente con los recortes acumulados al sector del medio ambiente la posibilidad de gestionar es menor “por la pobreza presupuestal”. Las visitas de vigilancia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a recursos hídricos se han reducido un 65 por ciento de la mano de la impunidad porque “el Estado ya perdió su capacidad”, reflexionó durante un foro Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

“Lo que le debería preocupar a los políticos, al Gobierno y a los representantes populares es que lo que está en juego es nuestra salud, nuestra calidad de vida y la vida misma que está en riesgo frente a situaciones de desequilibrios ambientales. Entonces, ¿cómo es posible que no destinemos los fondos que necesitamos para algo tan fundamental como nuestra propia vida? También está en juego nuestro derecho a un ambiente sano, al agua, a la salud”, dijo.

En los últimos siete años, se ha recortado el presupuesto al ramo del medio ambiente en un 59.5 por ciento, “un dato bastante escalofriante y preocupante”, evaluó el director de CEMDA.

Este 2020 se está destinando el 0.11 por ciento del PIB al ramo de medio ambiente, el cual se ha ido reduciendo: en 2014 representaba el 0.38 por ciento; en 2016, el 0.28; y en 2019, 0.12 por ciento, documentó Alanís.

“Hay desproporcionalidad en cómo se asignan los recursos. En 2020, a un solo programa que es de los favoritos de la Presidencia, como Sembrando Vida, se le asignaron 21 mil millones de pesos, lo que equivale cinco veces el presupuesto de Conafor”, comparó.

Algunos de los saldos de la tala en Bosques de San Elías Repechique. Foto: Patricia Mayorga, Raíchali

SinEmbargo informó recientemente que para 2021 el Gobierno federal plantea destinar 9.5 veces más a apoyos económicos con Sembrando Vida (28 mil 929 millones de pesos) que a la Conafor (2 mil 762 millones de pesos) para acciones contra la pérdida de los bosques mexicanos, fuente de agua y absorción de emisiones contaminantes, entre otros servicios ambientales.

Lucía Madrid del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) comparó que el programa social Sembrando Vida (no de reforestación) beneficia a 400 mil personas en 1 millón de hectáreas y Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, con menor presupuesto, a 310 mil personas (3 mil 100 ejidos y comunidades) en alrededor de 11 millones de hectáreas.

Frente al reto de la Conafor de gestionar la conservación de más de 137 millones de hectáreas forestales (considerando áreas áridas y semiáridas), “no tiene los medios para lograrlo”.

“Un reto importantísimo es la deforestación. En 2016 se reportó una pérdida de 350 mil hectáreas forestales. De ese tamaño es la pérdida anual que tenemos en el país”, expuso, así como la tala ilegal y los incendios.

Dulce Olvera
Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.
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