En México existe una crisis de credibilidad de los partidos políticos, coinciden expertos. Mienten y hacen pactos de impunidad con un discurso para votantes y otra realidad diseñada para ellos mismos. La clase política contradice por completo sus palabras con hechos, señalan los especialistas.  Las fuerzas más importantes del país recurren a menudo a la mentira para ganar votos, justificar sus políticas  y decisiones.

Así sucede con el PRI, hábil para escapar de sus propias mentiras y quedar impune; o el PAN, que bañó de sangre a los mexicanos con el argumento de una “guerra contra el narcotráfico” y que después se fue “con las manos limpias”. Y con el PRD, uno de los impulsores del Pacto con México, esa alianza con sus enemigos ideológicos y contra la sociedad civil.

Los analistas coinciden en que la clase política se ha acomodado un país a modo. Y el carro en el que lo recorren, son los partidos…

 Por Shaila Rosagel, Laura Cordero, Juliana Fregoso y David Martínez Huerta

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– En las elecciones federales de 2009, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) prometió –con un amplio despliegue propagandístico– pena de muerte para asesinos y secuestradores, a pesar de que en el país esta práctica está prohibida por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Su campaña fue tan exitosa que la fuerza política se ubicó en el cuarto lugar en la Cámara de Diputados, con 23.5 por ciento de los votos, quedó solo por debajo del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ganó curules con una mentira: No existe la pena de muerte en México.

Cinco años después de aquella promesa incumplida, el Partido Verde vuelve con la campaña “PVEM SÍ CUMPLE” para encarar las elecciones federales de 2015, donde se renovarán los 500 diputados de San Lázaro, con el argumento de que sus legisladores (21) lograron “penas más altas para secuestradores”.

El partido que prometió pena de muerte asegura que cumplió porque consiguieron penas más altas para secuestradores; sin embargo al partido le es imposible aprobar iniciativas en el Congreso de la Unión, pues posee una minoría de legisladores.

No cumplió, pero sigue mintiendo en total impunidad y utiliza además recursos públicos para colocar propaganda en las paradas de autobuses, en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (Metro) y en la proyección de anuncios en todos los cines del país.

Como el “Sí Cumple” del Partido Verde hay ejemplos de sobra en la política mexicana. Basta echar un vistazo a las tres principales fuerzas políticas del país: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y PRD.

José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice que los partidos políticos hacen lo que quieren, mienten a sus anchas, gastan a manos llenas, en total impunidad, sin que nadie le ponga un freno, porque son los mexicanos quienes los legitiman en las urnas.

“Los partidos hacen y deshacen, se dan muchos recursos, salarios muy altos, disponen de manera arbitraria del dinero. Pero en la medida que la gente sigue votando por ellos, se les da un espaldarazo, entonces eso les da legitimidad, el visto bueno de parte de los ciudadanos y ellos siguen en lo suyo”, afirma.

Los únicos que pueden detener la impunidad en la que viven los partidos políticos, es la población, explica el politólogo. No en las calles, sino en las urnas.

“Pueden dejar de legitimarlos, dejando de votar por ellos, pero no mediante la abstención, porque la abstención en realidad no hace mucho ruido, no habla, un voto nulo muy nutrido los puede sacudir. Desde hace mucho tiempo hay crisis en los partidos, pero la gente sigue votando por ellos, ese es el problema”, agrega.

Salvador Mora, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que hay un desfase entre la realidad y la propuesta teórica y política que los partidos, tanto de izquierda y derecha, lanzan a la población.

“El dilema está en cómo traducir una agenda electoral a una agenda de gobierno. Los partidos políticos no han entendido la complejidad de la sociedad mexicana contemporánea y se puede notar que hay un desencanto en la sociedad por la clase política y sus mentiras. Los canales de los partidos políticos ya no son suficientes para la expresión de las demandas ciudadanas”, dice.

René Torres-Ruiz, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), detalla que no existe una representación real ciudadana en los partidos políticos mexicanos, debido a los excesos políticos, el dispendio de recursos públicos y la creciente impunidad, hace que la ciudadanía se sienta alejada de la clase política.

Los políticos se han olvidado de que los partidos por definición son una institución ciudadana, un instrumento de la propia sociedad para presentar sus demandas y para tener la oportunidad de recibir respuestas a través de los propios partidos.

“Tengo la impresión porque la propia institucionalidad da un margen de actuación y de discrecionalidad en el ejercicio del poder brutal, que hay una impunidad enorme, hay una debilidad de las instituciones del Estado para aplicar la justicia”, dice Torres-Ruiz.

Incluso, el sector privado ha insistido en las últimas semanas en su demanda para que la ciudadanía y los mismos empresarios sean mas activos en la vida política nacional para no dejar todo en manos de los partidos políticos.

Desde sus cúpulas, han insistido en la necesidad de firmar un Pacto por la Seguridad no sólo para terminar con la crisis que se ha desatado a raíz de la desaparición de los normalistas de Guerrero, sino también para obligar al gobierno y a los partidos a tener una mayor transparencia, erradicar a corrupción y, principalmente, abatir la impunidad.

Para el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, clérigo y uno de los líderes más críticos del sistema, el problema real es un “pacto de impunidad”.

“Hay un pacto político de impunidad entre los partidos políticos, entre ellos acordaron protegerse para no perder votos. Un pacto que viene desde hace mucho, desde que Calderón [Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de la República] no procuró justicia y andaba como si nada con el Ejército. Ahora quieren hacer otro pacto. ¡Ya basta!,  ya se les puso la cosa fea a nivel internacional, ya no podemos más con la exhibición de tanta impunidad”, afirma.

LAS MANOS ENSANGRENTADAS

“Yo también tengo las manos limpias, limpias de corrupción, como la mayoría de los mexicanos que queremos que nuestro país vaya para adelante, porque sólo en manos limpios debe quedar el futuro de México”, pronunció Felipe Calderón Hinojosa en 2006, en su campaña rumbo a la Presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, tras seis años en el poder, el ex mandatario no se fue con las manos limpias, sino llenas de sangre, además de dejar una herencia de un Estado sin credibilidad, dice Netzai Sandoval, quien presentó en noviembre de 2011 una demanda contra el michoacano ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

“Esta crisis institucional es sin duda una herencia de Felipe Calderón”, afirma.

El abogado explica que durante el gobierno de Calderón, se dieron muchas mentiras, una de ellas fue el asesinato de dos jóvenes estudiantes en Monterrey, Nuevo León, quienes fueron inculpados en un primer momento de pertenecer al crimen organizado, pero horas después las autoridades rectificaron esa información.

La madrugada del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiante de la maestría en Ciencias, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quien cursaba el doctorado en Ciencias, ambos del Tecnológico de Monterrey, murieron durante un tiroteo del Ejército Mexicano contra presuntos delincuentes. Los militares intentaron hacerlos pasar por sicarios del crimen organizado y les “sembraron” armas.

Las fuerzas castrenses aseguraron que confundieron a los estudiantes con criminales porque momentos antes de que ellos salieran del campus del ITESM, los soldados sostuvieron un enfrentamiento con presuntos delincuentes que trataron de darse a la fuga y supuestamente se internaron en el Tecnológico.

Ese noche de marzo del 2010, según versiones de algunos compañeros, los jóvenes se encontraban en el campus revisando sus tesis. Tardaron varias horas en el campus y a su salida, durante la madrugada, fue cuando se encontraron con la balacera entre los elementos del Ejército y una banda de delincuentes.

Netzaí Sandoval asegura que las autoridades se tuvieron que retractar de su primera afirmación, pues como era costumbre en su sexenio, primero se criminalizó a las víctimas.

“Siempre fue la misma tesis: ‘ellos se lo buscaron’. Este tipo de ejecuciones extrajudiciales, de crímenes de Estado, homicidios cometidos por servidores públicos en contra de población civil inocente ya las veníamos sufriendo desde el gobierno de Felipe Calderón”, dice.

El demandante no sólo recordó éste hecho, también mencionó la presunta muerte de Nazario “El Chayo” Moreno, líder y fundador del cártel de drogas La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, quien presuntamente fue abatido en el sexenio del panista. Sin embargo, “ya en el gobierno de Peña Nieto resultó que nos habían mentido, que se habían burlado de la población mexicana, nos hicieron creer una información faltando la verdad”.

“El Chayo”, quien murió en manos del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue erróneamente dado por muerto en diciembre de 2010.  El 14 de diciembre de ese año, el entonces vocero de Seguridad del gobierno de Calderón Hinojosa, Alejandro Poiré Romero, dio a conocer la noticia; posteriormente el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República emitieron un comunicado conjunto donde detallaron la supuesta muerte de “El Chayo”:

“El pasado 9 de diciembre, diversos elementos de información obtenidos durante un operativo desplegado por elementos de la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina-Armada de México, coincidieron en señalar que cayó abatido Nazario Moreno González, también conocido como ‘el Chayo’ ó ‘el Doctor’, principal líder y uno de los fundadores de la organización criminal. Sin duda, el golpe más severo que haya recibido esta organización en toda su historia criminal”, planteó el comunicado.

Sin embargo, a principios de marzo de este año las fuerzas federales abatieron al capo en un enfrentamiento en Tumbiscatio, Michoacán. A diferencia de la administración pasada, el gobierno de Peña Nieto presentó pruebas que corroboraron la identidad del capo michoacano.

Netzaí reitera que la herencia de Calderón fue la sangre. “Dejó un país bañado en sangre, no sólo en sus manos, eso es problema de él, pero también es una nación ensangrentada, una nación donde se practica la tortura en cuarteles militares, y unas instituciones infiltradas por el narcotráfico”, dice.

El abogado detalla que el gobierno del panista, es “uno de los peores en la historia de nuestro país y la magnitud de la crisis humanitaria todavía no es conocida”.

Ejemplificó con el caso de Ayotzinapa, en el que durante la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, se encontraron decenas de fosas clandestinas y cuerpos que no pertenecen a los 43 estudiantes, sin embargo, hasta el momento se han respondido a quienes corresponden esos cadáveres.

EL PACTO ¿POR MÉXICO?

A pesar de que el PAN dejó a un país “bañado de sangre” y que la coalición de izquierdas que postuló al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República denunció fraude electoral en las elecciones de julio de 2012, cinco meses después –el 2 de diciembre– Jesús Zambrano Grijalva, como presidente nacional del PRD, firmó el Pacto por México con el PRI y el PAN, para impulsar una serie de compromisos del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esa firma significó “la manzana de la discordia” entre los perredistas de distintas “tribus” del partido y generó durante 2013, hasta su disolución un año después, una severa discusión sobre la pertinencia de continuar en un pacto que legitimó las reformas estructurales de la administración priista.

Zambrano dijo en 2012 que firmaba por cuenta propia, pero era el dirigente nacional de la fuerza política y detrás de él, estaba todo el aparato de Nueva Izquierda (NI), la corriente o “tribu” con más influencia al interior del partido liderada por Jesús Ortega Martínez.

El argumento de la dirigencia para mantenerse en el Pacto por México fue que el país requería de una izquierda progresista, propositiva y que en el marco de ese convenio, Zambrano y los perredistas llevarían los grandes temas y necesidades de la izquierda a las reformas que se discutirían y aprobarían durante 2013, incluyendo la Reforma Energética.

En marzo de este año, Zambrano hizo un balance de su gestión y reconoció que las acusaciones más fuertes que recibió fueron por su participación en el Pacto, que finalizó cuando los perredistas no pudieron hacer nada para revertir los términos de la Reforma Energética del PRI y PAN que finalmente modificó la Carta Magna para privatizar al sector energético mexicano.

“Ninguno me ha acusado de corrupto, porque no lo soy y no tienen con qué decir que lo fui. Podrán decir que me equivoqué en alguna decisión o en el extremo de decir que fuimos cómplices de Peña Nieto porque nuestra participación en el Pacto ayudó para la Reforma Energética, se equivocan, completamente se equivocan, con y sin Pacto, de proponérselo como lo hicieron, el PRI y el PAN tenían los votos suficientes para sacar la reforma”, dijo Zambrano a SinEmbargo.

El ex presidente del Sol Azteca afirmó que con el Pacto el PRD dibujó una manera distinta de ser y hacer oposición de la izquierda y aseguró que la fuerza política llevó reformas útiles para los mexicanos: “Ahí están las reformas que hemos sacado, ¿le serán útiles a la sociedad o no?, lo del seguro de desempleo, lo de la seguridad social para los adultos mayores de 65 años, ¿eso es hablar de un partido inútil para la sociedad? Me parece que, insisto, que quienes critican y quieren ver solo la parte negativa para decir ‘la única salvación soy yo’, se están equivocando. Yo digo que ese tipo de críticas de las más atroces son una especie, una forma de patear el pesebre”.

Pero el Senador Alejandro Encinas Rodríguez contradice la versión de Zambrano y de los perredistas que apoyaron al Pacto por México. Es más, reconoce que el argumento bajo el cual se defendió la participación del partido –que se llevarían al seno de las reformas los anhelos de la izquierda mexicanas–, fue una mentira.

“Ahí están los resultados. Basta revisar lo que fue la Reforma Laboral, la Educativa, la Reforma Energética y otras, para percatarnos de que no hay ningún planteamiento del PRD ahí, por el contrario estas reformas dieron al traste no sólo con la responsabilidad del Estado  y su rectoría económica al dejar todo a las reglas del mercado, sino que acabaron con las grandes aportaciones que se hicieron al país”, dice.

La Reforma Laboral de Peña Nieto acabó con los derechos sociales de trabajadores y campesinos, con la Energética la nación perdió el dominio sobre sus recursos naturales y la propiedad social y comunitaria se vulneró.

“A uno le pueden expropiar con toda impunidad para que otro particular haga negocio en las tierras de otras personas, es sumamente delicado. La Reforma Energética fue más allá de lo que se había planteando, se van a concesionar bloques de territorio a empresas extranjeras. La crisis del PRD empezó con el Pacto por México que no hizo sino allanar el camino a las reformas estructurales de Peña Nieto que van absolutamente contrarias a los planteamientos y a la política del PRD y esta legitimidad que se da al gobierno federal propició que el Ejecutivo y el PAN sacaran adelante sus propuestas y el desdibujamiento opositor del PRD”, indica.

Otra de las grandes mentiras de los dirigentes del PRD, para sus críticos, es que el partido no está en crisis, como aseguró Zambrano.

“Yo no me voy dejando un partido en crisis, sostengo que el PRD no está en crisis: sostengo que el PRD vive una complicada situación en un escenario muy complejo del país en el debemos tener una estrategia que nos permita enfrentar sumando todas las formas que se puedan de la sociedad para echar abajo la reforma energética”, dijo en marzo.

Siete meses después, el 1 de octubre cuando dejó su cargo, Zambrano no cambió de opinión sobre su gestión, a pesar de que los 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, tenían casi una semana desaparecidos en Iguala, Guerrero, y las investigaciones ya acusaban al ex Alcalde perredista y de Nueva Izquierda, José Luis Abarca Velázquez.

“Me voy con la frente en alto”, dijo Zambrano. “Me tocó dibujar la identidad de una izquierda que México necesita, por eso firmamos los acuerdos del Pacto por México y sacamos la Reforma Educativa y la controvertida Reforma en Telecomunicaciones. Un sector amplio de la sociedad y del empresariado nos dice que esta es la izquierda que México necesita para cambiar de fondo al país”, aseguró.

El ex dirigente además declaró que esperaba que la presidencia que le seguiría, continuara con esa línea, el de una “izquierda comprometida con las clases medias y empresariado del país”.

Alejandro Sánchez Camacho, ex secretario general del PRD, Diputado Federal e integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) que lidera René Bejarano Martínez, indica que desde un principio la fuerza política se dividió en dos opiniones: los que estaban a favor del Pacto, como “Los Chuchos” o Nueva Izquierda y los que estaban en contra, como los bejaranistas y otras expresiones y líderes como el ex Jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard Casaubón y el mismo Alejandro Encinas.

“Nosotros desde un principio dijimos que fue un error estratégico firmar el Pacto por México, estratégico y político, es evidente que está afectando al partido”, dice Sánchez Camacho en entrevista.

Y a diferencia de lo que opinó Zambrano antes de irse, Sánchez Camacho reconoce que su partido vive una “tremenda crisis” por perder acercamiento con su origen, con la comunidad y el territorio.

Alejandro Encinas coincide con Sánchez Camacho y asegura que el Sol Azteca vive la “crisis más profunda que ha enfrentado el PRD porque pasó de un partido que surgió de la lucha contra la represión y la defensa de los derechos humanos, a ser parte de gobiernos que ha reprimido a la población, de víctimas a victimarios”.

EL GRAN ESCAPISTA

A su regreso a Los Pinos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) generó una amplia expectativa sobre el rumbo que daría a la Nación tras 12 años en que la ciudadanía lo convirtió en oposición.

En un primer momento, cuando tomó posesión el Presidente Enrique Peña Nieto dio la impresión de que ese partido había aprendido de sus errores y los errores de los panistas que gobernaron el país durante dos sexenios, o por lo menos esas expectativas generó cuando logró concretar el Pacto por México, un histórico acuerdo político con el PAN y el PRD.

El Presidente Peña prometió desde el crecimiento sostenido de la economía nacional con la aprobación de las reformas estructurales, hasta la reducción de las tarifas de la energía eléctrica, e incluso anunció el fin de los monopolios televisivos. A menos de dos años esas promesas se sustituyeron por pretextos y justificaciones.

Las reformas estructurales no sólo generaron el crecimiento prometido, sino que se sus beneficios se postergaron e incluso hasta para después de finalizar el sexenio. El bolsillo de muchos mexicanos resintió las reformas fiscal y laboral.

Analistas políticos, nacionales y extranjeros, expresan cada vez con mayor constancia su incredulidad en que el PRI y el Presidente Peña cumplan con las expectativas generadas al inicio del sexenio.

“Después de dos años de gestión mi impresión es completamente distinta, creo que es un partido que ha dejado mucho que desear, que ha cometido grandes yerros, que no está tomando decisiones apropiadas y que no está comunicando correctamente. Lo que yo veo de esta administración es pasmo, inoperancia”, dice el analista de la Ibero René Torres-Ruiz.

El investigador indica que existe una falta de liderazgo en los niveles más altos del Gobierno federal y del partido en el poder: “Parece que no saben realmente qué hacer y aquí hablo del propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; como del Secretario de Gobernación, Osorio Chong; el Procurador de la República, Murillo Karam; el presidente del PRI, César Camacho; en fin, los personajes más importantes o más visibles del Revolucionario Institucional me parece que están mostrando incapacidad”.

René Torres agrega que la falta de liderazgo de la cúpula dirigente priista ha generado la desvinculación con las bases partidistas y con ello un divorcio con la población a quien no solo no representa, sino que tampoco escucha sus demandas y necesidades.

“Hay una ruptura, como pasa en la mayoría de los partidos políticos, entre la cúpula dirigente y la base, y yo creo que esto también está ocurriendo en el PRI, no se ve que existan mecanismos de comunicación, movilidad y capacitación adecuados, de tal forma que nosotros viéramos una base activa capaz de tener interlocución con la cúpula que dirige el partido. En este caso yo estoy seguro que César Camacho está totalmente desvinculado de la base priista y esto es un reflejo del escaso liderazgo en el PRI”, afirma.

Sin embargo existe una larga lista de ex gobernadores o de gobernadores en activo que dejaron una mala impresión sobre su ejercicio de poder, pero al final el partido logró salir airoso de los escándalos. Actualmente 19 entidades son gobernadas por representantes del PRI; el 61 por ciento de los municipios en el país son gobernados por priistas y la gran mayoría de las capitales estatales.

Son numerosos los escándalos financieros y políticos de los mandatarios estatales de todos los partidos políticos. De los gobernadores de extracción priista son conocidos las deudas multimillonarias que heredaron a su ciudadanía Humberto Moreira Valdés, de Coahuila; Andrés Granier Melo, de Tabasco; o Mario Marín, de Puebla.

O las deudas en seguridad pública que dejaron las administraciones de Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Fidel Herrera, de Veracruz; o Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa.

De los gobernadores en activo se ha documentado el dispendio de César Duarte Jáques, de Chihuahua; o Rodrigo Medina Mora, de Nuevo León.

Durante administraciones priistas se han presentado crisis similares a las que hoy se vive en Guerrero por la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Son recordados las masacres en Acteal, Chiapas – donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles, entre ellos mujeres embarazadas y niños, en 1997–, y la matanza en Aguas Blancas, Guerrero, en donde fueron masacrados 17 campesinos durante el gobierno del priista Rubén Figueroa Alcocer en 1995.

Pero a pesar de que esos acontecimientos generaron la indignación ciudadana en todo el país, el PRI arribó al poder federal nuevamente en 2012 y no hay visos de cambio en las nuevas bases priistas, dice Torres-Ruiz.

NO HAY QUIEN SE SALVE

Salvador Mora de la UNAM explica que la crisis de credibilidad abarca a los partidos de izquierda y derecha, chicos y grandes: “no hay ni uno sólo que se salve”.

Mientras que para Torres-Ruiz la crisis se ahonda aún más por la desvaluación con la población y sus oficinas de “membrete”.

“Todos los partidos están desvinculados de la ciudadanía, tienen una oficina de atención ciudadana, más de membrete, pero no es una oficina que realmente esté funcionando como un puente de comunicación entre el partido y la ciudadanía, de tal suerte que pudieran estar recabando necesidades, demandas, exigencias sociales, y poderlas insertar en su agenda partidaria”, afirma.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani,  asegura que existe un compromiso de organizaciones civiles como el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; Transparencia Mexicana, México S.O.S., el Instituto Mexicano para Competitividad (IMCO), México Evalúa, Sociedad en Movimiento, Mexicanos Primero y otros para regenerar la vida pública en México.

Por lo que demanda un mayor compromiso de los partidos políticos.

“Hacemos un llamado a los distintos sectores: de manera paralela a los acuerdos que se están dando en el seno de la clase política, generemos un Pacto de la Sociedad, para la Sociedad y por la Sociedad, que dé seguimiento a los compromisos de Estado, para asegurar que se cumplan”, dice.

Ángel Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política delInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), plantea que la poca credibilidad en los partidos políticos no es una condición propia de México, sino que ocurre en muchos países. Detalla que hay estudios donde se analiza el porcentaje de promesas de campañas que se cumplen en una condición de gobierno  y no únicamente eso, sino las que pueden ser realmente cumplidas.

“En el caso de Estados Unidos el porcentaje es bajísimo, es menos del 10 por ciento y no únicamente las promesas que pueden ser cumplidas, sino también las que se cumplen, que es incluso menos”, dice.

También asegura que actualmente los partidos políticos construyen discursos que no necesariamente culminan en acciones, debido a que sólo buscan atraer el voto hacia los candidatos y a ellos mismos como fuerza política, “independientemente lo que les cueste en temas discursivos”.

“En ocasiones hacen promesas que no pueden ser cumplidas porque no les toca a ellos o ni siquiera le toca al cargo por el que se está compitiendo realizar esas acciones. Esto implica que hoy se tenga como resultado estos bajos niveles de cumplimiento y también bajos niveles de aprobación”, agrega.

El académico asegura que el tema de la confianza es fundamental en la cultura política, pues la democracia, por definición, requiere amplios niveles de confianza ciudadana y esta necesidad de confianza, en un contexto de no cumplimiento de promesas o de excesivas promesas, lleva a la generación de mecanismos de desconfianza que son dañinos para la democracia”.

López Montiel señala que los partidos políticos suelen hacer uso de estas promesas confiando en que los ciudadanos tienen memoria de corto plazo, “entonces como hay una lógica de esperanza o de voto prospectivo, eso hace que los partidos no cuiden demasiado su discurso en término de promesas”.

Esto revela hasta qué punto es relevante para los partidos tener niveles de aprobación altos si al final de cuenta tienen control de los espacios de decisión, y tienen el control de recursos,dados por la ley, y eso ha implicado que en los últimos años se construyan un tipo de partidos que en la teoría se llama ‘partidos cártel’, es decir, están por encima de la ciudadanía y buscan controlar el espacio político a partir de sus acciones”.

El Consejo Coordinador Empresarial asegura que un eje fundamental en el proyecto es la creación de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, sólido y eficaz y será una de las mayores prioridades para los dos últimos meses del año.

En el mismo sentido, el presidente de la Confederación Patronal de República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón Castañón, alerta sobre la necesidad de contar en el país con políticos y partidos políticos “transparentes, honestos e íntegros” para suscribir un pacto nacional para garantizar seguridad, justicia, democracia y gobernabilidad, además de combatir la corrupción y la impunidad.

El líder del CCE en Veracruz, Abraham Becerril Gómez, considera que en este momento “no necesitamos más partidos, lo que se necesita son ciudadanos que cada día participen más en las decisiones de los gobernantes”.

Incluso reitera que los llamados partidos “chiquitos” son más que nada negocios familiares o sindicales que se crean sólo para beneficio de un sector en especial o se utilizan para obtener algún tipo de ventaja, por lo que refirió que lo más recomendable es incrementar el porcentaje necesario para que dichos partidos mantengan su registro.

“Al final de cuentas nosotros vemos como una contradicción que en un país, donde tenemos 50 millones de personas en situación de pobreza, se autoricen registros para nuevos partidos políticos que en la práctica hemos visto que no ayudan para nada sino al contrario”, sostiene.