El fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la mariguana desconcertó al Presidente de la República, a su gobierno, al PAN, a Mancera y a uno que otro plumífero conservador, aunque haya alcanzado un grado altísimo de aceptación en la opinión publicada e incluso en la televisión. En el ágora virtual circulan, como es de suyo, posiciones radicalmente opuestas, que muestran la polarización social sobre el tema y la falta de información basada en evidencias en la que se ha sustentado la prohibición. En tanto, el gobierno de los Estados Unidos reaccionó con una mesura inimaginable hace unos años y declaró que era responsabilidad de cada gobierno manejar el asunto.

Mientras el análisis sobre las drogas ha subido de nivel y el debate se reproduce en muchos ámbitos públicos desde hace ya varios años, el Presidente de la República reacciona con un nerviosismo que parece de otras épocas. Sale el mismo día de la votación personalmente a declarar que el fallo no había legalizado la mariguana, como si no aclararlo presurosamente fuera a provocar un derrumbe estrepitoso del muro prohibicionista. Más tarde mandó a su asesor jurídico y al vocero de la presidencia a dar una conferencia de prensa para insistir en el tema. Días después, convoca a un debate nacional, pero con un discurso lleno de galimatías donde se empeñó en aclarar que “para mi no sería deseable, ni estoy a favor de una eventual legalización en el consumo de la mariguana”.

El gazapo de Peña Nieto es prueba de que no se ha tomado la molestia de revisar un tema crucial en la discusión nacional, con implicaciones relevantes para la estrategia general de política de drogas del país, para el sistema de salud, para el sistema educativo y para la estrategia de combate al crimen organizado —que hoy incluye la erradicación y la persecución militar de los traficantes de mariguana con el mismo grado de prioridad que el de otras drogas—. El presidente mostró que no sabe que en México el consumo propiamente dicho nunca ha estado prohibido. Ni siquiera sabe que el Estado mexicano ha alardeado de que con la mal llamada ley de narcomenudeo se establecieron los umbrales de portación para el autoconsumo debajo de los cuales no se ejerce la acción penal, aunque sean ridículos y frecuentemente usados para extorsionar a los consumidores.

Uno de los momentos culminantes del discurso de Peña fue cuando afirmó que es “de los que cree que (la mariguana) puede abrir espacio e inducir al consumo de drogas más dañinas”, el acedo argumento de la “puerta de entrada” que coloca los males del cannabis no en sí mismo, sino en las posibles drogas “más peligrosas” a las que induce su consumo, como si por el hecho de probar mariguana todos los consumidores buscaran inmediatamente experiencias más fuertes. El presidente desconoce que, en todo caso, ese es un problema provocado por la prohibición y la existencia de un mercado clandestino de drogas donde se coloca en el mismo circuito comercial a todas las sustancias prohibidas. El primer bien que provocaría la regulación sensata de la mariguana sería precisamente la separación de su comercio del de otros psicoactivos más dañinos. Lo divertido de este argumento es que arranca por el reconocimiento de la peligrosidad relativamente menor del cannabis respecto a otras sustancias perseguidas.

            Con todo, es relevante que ahora sí el gobierno asuma un debate abierto donde es de esperarse que priven las posiciones laicas, basadas en la evidencia, para ilustrar a la opinión nacional y cuyas conclusiones sean el punto de partida para legislar y diseñar nuevas políticas públicas con las cuales manejar el tema de la mariguana y su consumo terapéutico, medicinal y lúdico. Ojalá las advertencias del presidente no signifiquen que la deliberación estará ideológicamente escorada de antemano y solo sea un pretexto para eludir las necesarias reformas legislativas y de políticas.

            El presidente del PAN, por su parte, salió a reclamarle al gobierno información sobre el tema, con lo que mostró su ignorancia del papel que debe jugar la oposición en un régimen democrático. ¿Qué el PAN no es capaz de desarrollar su propio conocimiento experto, con todos los recursos públicos que recibe? ¿Qué no gobernaron durante seis años con una estrategia de combate radical al tráfico? ¿En qué análisis basaron los gobernantes panistas del sexenio pasado su política de drogas? O actuaron a tontas y a locas… De cualquier manera, debería saber el señor Anaya que en la web hay disponible una gran cantidad de información para ilustrar el debate, tanto sobre el estado del arte internacional sobre el tema, como sobre los efectos de la prohibición de la mariguana en la sociedad mexicana.

            El Jefe de Gobierno de la ciudad de México —que perdió hace dos años la oportunidad de ponerse a la vanguardia con tan solo haber impulsado hasta sus últimas consecuencias un proyecto legislativo que él mismo encargó, pero liquidó cuando ya estaba listo— sale a decir que él está de acuerdo con la mariguana médica y ya, cuando la Suprema Corte ha dado un paso mucho más allá al poner en el centro de la cuestión dos hechos que estaban en el núcleo de la propuesta por él desechada: la libertad de las personas  para consumir y la desproporción de la persecución de la mariguana respecto a su peligrosidad relativa. La iniciativa que Mancera ponchó con su derecha ahora dañada iba más allá: ponía el énfasis en la reducción de daño y en la separación de mercados, aunque ciertamente no entraba a un asunto nodal de lo decidido por la Corte: la producción.

            Alguien que sorprende por su conservadurismo en el tema es Diego Valadés, a quien de ninguna manera le queda el epíteto de plumífero con el que me refiero arriba a algunos opinadores. Desconcierta que un jurista de su talla, tan creativo y propositivo en temas de diseño institucional, sustente su posición en viejos lugares comunes que no reflejan lo mucho que hoy se sabe sobre los efectos económicos, sociales y de salud que implica la prohibición. Su posición parece definida por el miedo, más que por la razón ilustrada que refleja en otros temas.

            Con todo, el hecho innegable es que la Suprema Corte de Justicia lanzó un torpedo en la línea de flotación de la prohibición de la mariguana y con ello México ya está en la ruta de dar el primer gran paso en el cambio de estrategia respecto a las sustancias psicoactivas, hoy despiadadamente perseguidas con tan malos resultados.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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