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Alejandro Calvillo

12/11/2020 - 12:03 am

El coro de los columnistas

No solamente vivimos una pandemia por la COVID-19, esta viene a sumarse a una epidemia de obesidad y diabetes y a un escenario en que el cambio climático avanza con graves consecuencias en todos los ámbitos.

En periódicos diferentes encontramos frases idénticas de columnistas que criticaban las políticas que afectaban a los intereses de estas empresas o que se dirigían contra asociaciones o personas que las promovíamos. Foto: World Justice Project.

En diálogo con quien fuera, años atrás, director editorial de un importante diario del país, me afirmó que donde el “chayo” se mantenía todavía como una fuerte práctica en la prensa, era en los columnistas de finanzas. El señalamiento no era a todos, pero si a la mayoría de ellos. No se refería a un “chayo” típico pagado por instancias del Gobierno, se refería a pagos y favores provenientes de las grandes corporaciones. Estos pagos o favores, lo sabemos, pueden venir directamente de estas empresas o a través de sus asociaciones y, más común, por medio de las poderosas agencias de relaciones públicas y cabildeo que contratan.

Hablando con otro conocido de otro medio importante le pregunté sobre uno de estos columnistas que trabajaba en su medio y que atacaba nuestro trabajo una y otra vez. Le pregunté directamente si creía que recibía dinero de la industria para hacerlo. Me respondió con otra pregunta: “¿sabes cuánto gana en el periódico?, y respondió: nada, es insignificante lo que gana aquí. Tú saca tus conclusiones”.

Tras uno y otro ataque encargamos un análisis del comportamiento de varios de estos columnistas durante un periodo de alrededor de tres años, tiempo en que promovimos políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para bajar el consumo de alimentos y bebidas no saludables, como medidas fiscales y etiquetados frontales. Encontramos que se trataba de un coro bien dirigido. Los ataques a las políticas que promovíamos, a nuestras asociaciones e, incluso, ataques a nuestras personas, se realizaban en oleadas que aparecían en tiempos clave y en coro.

Se distribuían las notas para ser cantadas al unísono. Durante semanas el coro entonaba la misma canción diciendo que la medida afectaba a los más pobres; pasaba a otra melodía, señalando que la medida respondía a intereses oscuros; más tarde, podrían cantar que la solución está en los comportamientos individuales no en las regulaciones, que se afectaba la libertad de los consumidores, que esos productos no eran la causa del problema, hasta realizar ataques directos a las organizaciones y profesionales que proponíamos estas medidas.  En mi caso llegaron al absurdo de decir que cuando estaba al frente de Greenpeace México me había puesto del lado de Minera San Xavier en San Luis Potosí, cuando fue pública mi postura en contra, como la de toda mi familia y la gran mayoría de los potosinos.

La práctica no es nueva en materia de salud alimentaria. Desde 2010 el coro de los columnistas sonó, durante meses, en contra de que se establecieran lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas. Mientras el Instituto Nacional de Salud Pública reconocía, tras años de estudio en escuelas públicas, que las escuelas eran ambientes obesogénicos, la industria se oponía diciendo que la medida era, incluso, “anticonstitucional”. Sus argumentos eran respaldados por una serie de columnistas de finanzas que ya en 2008 habían hecho eco de las refresqueras en contra de las recomendaciones sobre bebidas para la población mexicana. Estas últimas recomendaciones que complementaban el plato del buen comer, estableciendo la jarra del buen beber, tras la fuerte presión de la industria, nunca llegaron a la población mexicana. Un par de años después, los niños y niñas de nuestro país se identificarían con los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo, a la vez que los mexicanos nos posicionábamos como los mayores consumidores de bebidas azucaradas. Pero esos sí: ni lineamientos efectivos en las escuelas ni recomendaciones de bebidas.

Se llegó a dar el caso, en más de una ocasión, de que en periódicos diferentes encontramos frases idénticas de columnistas que criticaban las políticas que afectaban a los intereses de estas empresas o que se dirigían contra asociaciones o personas que las promovíamos. Habían recibido el comunicado de las agencias de relaciones públicas de estas empresas, de sus asociaciones, como ConMéxico, o de la agencia de relaciones públicas, y no se habían dado la molestia de reescribirlas con sus propias palabras.

En el diálogo con una persona con años de experiencia en la sección editorial de un medio le pregunté cuánto podrían recibir estos columnistas por dar sus servicios a una gran corporación, me respondió: ¿Te imaginas cuánto le pagan a tal articulista por una nota? Pagar una publicidad en un medio impreso o una editorial en la radio tiene un precio muy bien establecido comercialmente. Si la nota publicitaria va como publirreportaje el precio es comúnmente mayor ya que tiene una apariencia mayor de ser una nota informativa aunque mantiene algunas características que la distinguen. Pero si la publicidad se da a través de una opinión, su valor es mucho mayor.

Por lo anterior, existe el principio universal de autenticidad en la publicidad que “pretende delimitar con precisión las manifestaciones que realicen los medios de información en cumplimiento de su función informativa respecto de aquellas otras que realicen cumpliendo una función publicitaria”. Es el derecho que tenemos como consumidores de identificar cuando un material es publicitario y cuando no lo es. Recientemente, en el tema del etiquetado, medios de comunicación impresos han violado este principio publicando notas pagadas por las corporaciones en contra del etiquetado, firmándolas como si fueran escritas por el “staff” del periódico.

Pero que pasa en el caso de columnistas que, en principio, expresan su opinión personal. Sin duda hay columnistas en materia de finanzas que están convencidos que los mercados son los que deben regular y no los estados. Y en ello pueden coincidir con la oposición de las corporaciones a ser reguladas. Sin embargo, hay columnistas aquí, y en gran parte del resto del mundo, que utilizan el poder del espacio que tienen en los medios de comunicación para sacar un beneficio material, más allá del pago por el artículo entregado o su intervención.

Al parecer, hay columnistas que se cotizan de acuerdo a una especie de “ranking”, columnistas muy altamente cotizados. El pago puede ser desde el simple ser tomados en cuenta, la invitación a comidas, viajes o, seguramente, también, en efectivo o transferencias. Existen estudios de cómo se puede lograr la simpatía de un médico a una farmacéutica con simples actos como una invitación a comer. No digamos una invitación a un viaje con todo pagado como reciben varios profesionales de la salud por farmacéuticas o corporaciones de alimentos o bebidas ultraprocesadas. Hay casos de legisladores que en funciones fueron invitados por la industria tabacalera a carreras de autos fuera del país, de invitaciones de farmacéuticas a legisladores miembros en las comisiones de salud. En el caso de los legisladores, aceptar estas invitaciones está prohibido en otros países, pero no en México. Pero sobre periodistas y columnistas no existe más que los principios de los medios que los contratan y claro, los principios de ellos mismos que bien encontramos en columnistas de finanzas en nuestro país, pero no son la mayoría, la mayoría es la otra.

Desde hace meses el tema es el etiquetado frontal de advertencia. Se cuestiona con una serie de argumentos que se dan en coro nuevamente. El contexto es diferente, existe una polarización en la sociedad en que se toman posturas extremas: todo lo que hace el Gobierno está mal o todo lo que hace el Gobierno está bien. Esta polarización es aprovechada frente al etiquetado, presentándolo como una medida radical del Gobierno, como si fuera creación propia. No se refiere a que se basa en perfiles técnicos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como de evaluaciones de etiquetados similares en la región y su eficiencia probada en la población mexicana. Tampoco de que es la medida regulatoria que mejores resultados está presentando a escala internacional en Chile y Perú, donde se implementó con anterioridad.

Desde las grandes corporaciones, los favores y el dinero seguirán fluyendo, como una práctica corporativa, cuando las políticas de protección de la salud o del ambiente van contra sus intereses. Esta práctica va desde las políticas locales, pasando por las nacionales hasta llegar a las globales. Y esos favores y dinero fluyen hacia los medios de comunicación y sus actores, respaldados de un inmenso poder económico convertido en poder político.

La dimensión global de la interferencia de estos intereses da cuenta de sus gravísimas consecuencias, teniendo como su mayor daño el calentamiento global del planeta. Hay que considerar que como humanidad nos enfrentamos a la necesidad de un cambio profundo de paradigmas que comprende, en esencia, la necesidad de modificar nuestras formas de producción y consumo, desde la energética hasta la alimentaria. Sin embargo, eso pasa por el predominio del bienestar colectivo sobre los intereses privados, un bienestar colectivo que debe tomar en cuenta el bienestar de las siguientes generaciones, en un mundo finito ya altamente degradado.

No solamente vivimos una pandemia por la COVID-19, esta viene a sumarse a una epidemia de obesidad y diabetes y a un escenario en que el cambio climático avanza con graves consecuencias en todos los ámbitos. Las epidemias se retroalimentan agudizándose, formando una Gran Sindemia, que como concepto es lo que más se acerca a describir el escenario global que enfrentamos.

El reto es mayúsculo porque estas epidemias y la Gran Sindemia han sido en gran medida el resultado de prácticas económicas que se realizan sin controlar sus externalidades, es decir, sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. Y la modificación más insignificante de estas prácticas –pensemos en un etiquetado que advierte al consumidor el exceso de ingredientes críticos en el producto cuyo consumo se vincula a las epidemias de sobrepeso y obesidad– recibe una oposición descomunal de quienes se benefician de ellas.

Alejandro Calvillo
Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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