La #LeyAntiProtesta en el DF genera rechazo de sociedad civil; Mancera analiza recursos legales para frenarla

12/12/2013 - 12:03 am
Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo
La nueva ley es un retroceso contra la libertad de expresión, coinciden activistas y autoridades del GDF.Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Luego de que el martes pasado las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en la Ciudad de México, diversas organizaciones sociales, así legisladores capitalinos y autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) expresaron su rechazo pues, coinciden, dicha ley es un retroceso en materia de libertad de expresión.

La propuesta de ley fue planteada por el Diputado panista Jorge Sotomayor Chávez, y su objetivo es garantizar, por un lado, el derecho de los manifestantes a expresar sus inconformidades y, por el otro, el que los ciudadanos a transitar libremente en la capital del país.

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) e incluso el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa emitieron sus posturas de rechazo ante la nueva legislación, también llamada #LeyAntiProtesta .

Mancera Espinosa afirmó que es a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a la que corresponde legislar en la materia.

“Este órgano es competente para legislar en materia de movilidad y de regulación”, dijo.

El Gobierno del Distrito Federal no apoyará la legislación de las movilizaciones en la Ciudad de México, ya que esto va en contra de lo planteado en la reforma política para la capital sobre su autonomía, sostuvo Mancera Espinosa.

En ese sentido anunció que dio instrucciones a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que analicen los posibles recursos que se podrían interponer en caso de que el dictamen respecto a las marchas en el Distrito Federal prospere.

Además, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró que el dictamen “constituye un riesgo para la consolidación del Estado democrático de derecho”.

En un comunicado, el organismo defensor manifestó su preocupación, al considerar que lo aprobado por los legisladores no sólo pretende “regular” el ejercicio a la libre manifestación, sino otros derechos como la libertad de expresión y de petición.

ALERTAN POR RETROCESO EN EL DF

Amnistía Internacional, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Artículo 19, la Red Nacional de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), y otros organismos civiles afirmaron que dicho dictamen “significa el primer paso en el camino de un gran retroceso en materia de protección y garantía de libertades y derechos humanos en la capital del país.”

Amnistía Internacional alertó que esta iniciativa podría ser presentada de manera rápida al pleno, evitando que sea revisada y discutida por las organizaciones de la sociedad civil y sujeto a un análisis profundo en relación con las obligaciones de México en materia de derechos humanos.

El organismo internacional instó a los legisladores a que se aseguren que durante las discusiones en torno a esta iniciativa, se escucharán las voces de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y se cumplan los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

Por su parte, el PRD en el Distrito Federal consideró que esta normatividad apoyada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) contravendría la Constitución y principios internacionales de derechos humanos.

 

¿QUÉ PLANTEA LA #LEYANTIPROTESTA?

La propuesta, plantea que los manifestantes informen con 48 horas de antelación a la marcha a la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF), a fin de apoyar a los ciudadanos y preservar garantías para los manifestantes tales como:

El reconocimiento inalienable al derecho de toda persona de salir a las calles a manifestar de forma pública y ordenada su malestar sobre determinaciones de gobierno o posturas de partidos políticos, entre otras; así como el derecho de utilizar de manera organizada las vialidades de la Ciudad de México.

Además de en caso de prohibirse una manifestación, se tendrá la posibilidad de inconformarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, en todo momento los manifestantes podrán denunciar irregularidades realizadas por las autoridades.

También será obligatorio que en toda manifestación haya elementos de la CDHDF que velen por el respeto de los derechos humanos; lo anterior con el fin de no criminalizar las protestas sociales.

La ley busca también que la autoridad trace rutas alternas; elabore planes en caso de que se presente alguna contingencia y preste servicios básicos a los participantes, así como garantizar el derecho de los manifestantes y de los terceros, además de que prohíbe el bloqueo total y el desarrollo de manifestaciones en vialidades primarias.

La iniciativa también propone prohibir a los manifestantes el proferir insultos o amenazas, emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen.

Asimismo, prohíbe bloquear las vías primarias de la ciudad, en caso contrario, la autoridad podrá disolver la manifestación.

en Sinembargo al Aire

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