El Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

Es una contradicción. El gobernante emanado del pueblo para el pueblo, está acabando poco a poco con los derechos obtenidos por la ciudadanía en los últimos 30 años.

Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de la República, quien se sirvió de las denuncias de corrupción que en el pasado hicieron medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, ahora reniega de ellos. Quien defendió los derechos humanos de los mexicanos, los tiene cooptados. Y quien tanto arengó contra gobiernos centralistas, encabeza uno encaminado preocupantemente a eso y en grado superlativo.

No solo acabó con la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al ubicar ahí a un ex candidata de Morena y su incondicional, Rosario Piedra Ibarra, quien ha reducido a una oficina de tramitología la defensa de los derechos humanos, además de obviar recomendaciones contra el Gobierno de la República, ahora también pretende incidir en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al incorporar a su ex secretaria de economía, Graciela Márquez, y cuando con una acción tal cual en sexenios pasados, la sociedad organizada denunció la intromisión de los gobiernos de la República, hacerlo ahora es de “conservadores”, “adversarios del Presidente” y “enemigos de la cuarta transformación”.

Antes de ello, el esposo de la señora Graciela Márquez, Gerardo Esquivel, fue propuesto y luego designado sub gobernador del Banco de México. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la República ha ubicado a su ex Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Fajart, y a Yasmín Esquivel Mossa, esposa del asesor del Presidente en temas de infraestructura, particularmente del Tren Maya, José María Rioboó. Ambas mujeres fueron nominadas por López Obrador para tales cargos.

De igual forma, mantiene en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en calidad de Presidente, a José Luis Vargas, un hombre señalado por la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de presunta corrupción, al haber devengado en el año 2013, 16.7 millones de pesos, pero haber gastado 36.7 millones de pesos. La impunidad que rodea a Vargas es solo explicable por los favores que a cambio cumplirá.

Al Instituto Nacional Electoral, desde la Presidencia de la República se le ha denostado, desde el Poder Legislativo se le ha intentado estrangular a partir del presupuesto, e incluso hubo intenciones de reformar su operación para rotar la Presidencia del Instituto y cambiar a quien desde el 2014 la preside.

Ahora es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el que está en la mira de la Presidencia de la República. El Mandatario Nacional ha arengado con desaparecerlo, según por lo oneroso que resulta, propone que se la Secretaría de la Función Pública la institución que adquiera las facultades del INAI, la encargada de la transparencia en este Gobierno.

La Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Eréndira Sandoval, la misma que exoneró a Manuel Bartlett Díaz, cuando fue denunciado por enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses y tráfico de influencias, luego de más de tres decenas de denuncias por los delitos ya mencionados. La misma Secretaría que en el pasado inmediato, cuando la encabezaba Virgilio Andrade, en la era peñista, deslindó al Presidente Enrique Peña Nieto, a su entonces esposa Angélica Rivera y a su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray de tráfico de influencias en la adquisición de casas al principal constructor de la era Peña en el Estado de México y el Gobierno Federal que encabezó.

La Secretaría de la Función Pública, independientemente de las siglas partidistas que la titulen, (PAN, PRI, Morena), es un ente que es Juez y parte. Es parte integral de la estructura del Gobierno Federal, del gabinete legal de la Presidencia de la República, y por lo tanto hay un conflicto de intereses para investigar a los propios, insisto, en cualquier sexenio, gobernador por cualquier partido. Siempre es lo mismo.

La Secretaria de la Función Pública está imposibilitada, al ser parte integral del Gobierno de la República, a ser un ente autónomo, con criterio propio, ajeno al Gobierno, para obligarlos a proveer la información que el pueblo solicita en aras de la transparencia. De suyo, los ciudadanos, los activistas, los investigadores, los reporteros y los académicos entre otros, deben invertir tiempo, dinero y esfuerzo en obtener la información que solicitan ante la negativa sistemáticas de los sujetos obligados para proveer la información solicitada.

El INAI puede tener sus fallas. Haría falta reformarlo para consolidarlo, y sí, muy probablemente hacerlo una entidad austera, es demasiado el recurso público que suele irse en banalidades, pero de eso a desaparecerlo y otorgarle sus funciones al Gobierno de la República, hay una enorme diferencia que radica en la perdida de la autonomía que tanto ha costado a la sociedad organizada.

Muchas grandes investigaciones periodísticas que hoy son parte de investigaciones ministeriales y casos judicializados, han sido integradas con información lograda debido a las peticiones del INAI. Ejemplos nacionales ahí está la Estafa Maestra, la propia Casa Blanca de los Peña-Rivera, y en los Estados muchos casos más, en la experiencia de ZETA en Baja California, se han obtenido contratos que el Gobierno Estatal. El del PAN y el de Morena que encabeza Jaime Bonilla, pretendieron ocultar, a la par de los gastos superfluos de los diputados del Congreso del Estado, como aquellos del Poder Judicial y de los partidos políticos.

Dependiendo el Estado, son los sujetos obligados a proveer información para hacerla pública, porque sean sensatos, pocos lo hacen. Y el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no es la excepción, ahora mismo ha reservado por ejemplo y por cinco años, el monto del pago que ha realizado y que realizará por la obtención de vacunas contra el Coronavirus COVID-19, aun cuando las propias farmacéuticas han dado a conocer sus costos unitarios, Moderna 25 dólares, Oxford/AstraZeneca 2.8 dólares, y Pfizer/Biontech, 20 dólares.

De igual manera el Gobierno Federal, que se precia de ser el más transparente, ha reservado también durante cinco años, toda información concerniente a la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, y de la operación de Petróleos Mexicanos.

No, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido el más transparente, como sus antecesores, oculta información de sus “grandes proyectos”, no existen datos consistentes de sus programas asistencialistas, y en las instituciones y secretarías, se niega la información a los reporteros, cuanto más a los ciudadanos. No conceden entrevistas a menos que no sean medios de la Ciudad de México, y la información la entregan a cuentagotas cuando deciden hacerlo.

Acabar con el INAI no solo será un retroceso para la transparencia en México, será un atentado a los derechos humanos, al acceso a la información y a la participación social que tanto defendió en el pasado quien hoy ocupa la Silla del Águila y reside en Palacio Nacional. No cabe duda que esto representaría la acción de un gobierno que quiere todo el poder, el de las instituciones, el de los autónomos, el de la sociedad civil, un gobierno centralista, egocentrista, totalitario y abismalmente distante de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, justo cuando lo que México más necesita es que cumpla con su palabra.