Desde la llegada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno federal, distintos medios han reportado ataques sistemáticos por la vía digital. Organizaciones civiles hablan de intimidación y periodistas en todo el país han denunciado públicamente y por la vía legal que son víctimas incluso de amenazas de muerte.

La coincidencia con la llegada del PRI el aumento de este tipo de intimidaciones, documentadas por organizaciones internacionales y nacionales, pueden deberse solamente a dos cosas: una, a que los ataques vengan desde el gobierno y, dos, a que esta administración ha sido incapaz de otorgar garantías a activistas, periodistas y grupos civiles que son víctimas de ataques.

Varios activistas han reportado el robo de cuentas, el uso de bots para desacreditarlos e incluso ataques físicos en sus oficinas. Muchos medios y oficinas también. Si la Secretaría de Gobernación (Segob) quisiera la lista y la Procuraduría General de la República (PGR) actuara, no batallaría: Artículo 19, Reporteros sin Fronteras o el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) basado en Nueva York han ido documentando estos casos. SinEmbargo está entre esos atacados. Se ha hecho público en su momento.

Estos ataques vienen a abonar al clima de indefensión que se ha sentido ya durante muchos años. En los últimos meses, empero, se han incrementado al punto que es posible decir que en todos los estados hay víctimas. La constante es la impunidad.

Con lo descompuesto que está el país, con el clima de zozobra que se extiende junto con el desánimo y la percepción de que el gobierno no tiene las riendas de las variables, sería bueno que la Secretaría de Gobernación apoyara y la Procuraduría General de la República iniciara una investigación con sus mejores hombres para que diera con estos criminales.

No ha pasado inadvertido el nuevo ataque a SinEmbargo en redes sociales. Las investigaciones (son más de una) están en curso. Van por quienes pagan ataque, y sobre quienes lo ejecutan.

Exigimos que el gobierno dé respuesta a nuestra demanda de dar garantías a nuestro derecho a ejercer con libertad nuestra profesión. Exigimos que saque de sus cuevas a los que operan el o los centros de operación ilegal que, con dinero suficiente, orquestan y ejecutan por encargo estos ataques.

No es un medio ni son dos; no es un político ni son dos; no es una organización ni un activista sino muchos. Da la impresión de que el gobierno no puede con su tarea.

Una vez más: quien paga estos ataques escalará hacia financiar sicarios armados no con instrumentos digitales sino con balas.

Redacción/SinEmbargo

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