Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– Diana Sarahí Ramírez Ruíz, madre de una bebé asfixiada el pasado 27 de febrero en una guardería de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en Tuxtla Gutiérrez, espera que el próximo miércoles una resolución del Tribunal Estatal de Justicia de Chiapas revierta la decisión de un Juez, la cual dejó en libertad a las dos presuntas responsables de la muerte de Kimberly Isabella Albores Ramírez, de un año y 10 meses de edad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignó el día de la tragedia a Citlali Anahí Díaz de la Cruz, maestra del centro infantil “Pasitos de Colores” por ser la presunta autora material del delito; y a Yuridida Vinicia Sarmiento Sánchez, encargada de la estación, por ser cómplice del acto.
En su momento, debido al cargo de homicidio doloso, ambas mujeres fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”, con sede en el municipio de Cintalapa.
Sin embargo, ocho días después, el Juez del proceso penal en “El Amate”, Ernesto Hernández, reclasificó el cargo que enfrentaban las detenidas al de homicidio culposo no grave, lo que dejó a ambas en libertad condicional con el propósito de iniciar un juicio oral.
“Luego de la reclasificación del juez, ellas fueron llevadas del penal de Cintalapa a la Procuraduría de Tuxtla. Llegaron a las dos de la mañana del domingo ocho de marzo. Ahí las soltaron, por lo que el abogado que tenemos metió un amparo para revertir esta decisión”, aseveró Ramírez Ruiz, madre de la bebé.
En entrevista para SinEmbargo, la madre afirmó estar desconcertada, ya que el juez contó con el informe de necropsia, de la Dirección General de Servicios Periciales, que determinó que la causa de la muerte de Kimberly fue asfixia mecánica por ahorcamiento.
Al momento se desconoce todavía cuál fue el objeto lineal que le rompió la traquea a la menor.
“Nosotros esperábamos que les dictarán formal prisión, no que las dejarán libres”, dice la madre.
En su momento, las autoridades de la Sedesol habrían dicho que la bebé murió por ahogo al ingerir algún alimento. Posibilidad que quedó totalmente descartada con la prueba pericial del Instituto de Ciencias Forenses (Semefo).
Por su parte, la familia acusa que la Fiscalía del Distrito Metropolitana en un principio detuvo a cinco personas, dejó en las primeras horas libre a tres, e impuso cargo sólo a dos. “Las otras tres eran una cocinera, otra persona del área de lactancia y una maestra; desconocemos sus nombres realmente”, señala Ramírez Ruiz.
La Fiscalía habría encontrado el cuerpo sin vida de la menor, sobre el suelo de uno de los cuartos del inmueble, “con un hematoma en la región frontal derecha y la escoriación lineal en la región frontal izquierda”, constató en un comunicado.
“Yo llegué a recoger a mi hija, y no entendía por qué estaban ya personas de la Cruz Roja, y del DIF. No importando que el delegado de la Sedesol, Eduardo Centeno, ya sabía lo que había pasado, tardaron bastante tiempo en decirme”, dice Ramírez Ruiz.
A pesar de que las investigaciones de la Fiscalía que conforman la averiguación previa 44/CAJ6-1/2015 continúan, la familia decidió llevar este domingo el caso a la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, ubicada en el municipio de San Cristóbal de la Casas, para señalar la indiferencia con la que las autoridades, principalmente, de la Sedesol, que han respondido a su obligación de colaborar con la justicia.
Kimberly fue sepultada el domingo 1 de marzo por sus familiares en el Parque Funerario Jardines del Edén, en Tuxtla Gutiérrez. El mismo día que las autoridades del Semefo revelaron a la familia la causa de su muerte.
“Si no recibimos una respuesta favorable este miércoles por el tribunal estatal, estamos dispuestos a llevar el caso al ámbito federal”, dice Ramírez Ruiz.
