Desde ayer, el Estado mexicano es sometido a un Examen por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, luego de 12 años.

Ante ello, más de 100 organizaciones sociales presentaron el “Informe conjunto de la sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, 2017”, que expone las múltiples violaciones a los derechos perpetrados por “acciones y omisiones” del Estado y por las empresas. Los actos, aseguran, permanecen en la impunidad, ya sea por corrupción, por falta de voluntad política o porque no existen suficientes recursos jurídicos para la justiciabilidad de estos derechos.

A su vez, el actor Gael García Bernal participó hoy en un acto paralelo a la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y posteriormente en un debate sobre México en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Ginebra, en donde habló sobre la impunidad y la violencia en México.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).–  El actor mexicano Gael García Bernal denunció hoy en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “la normalización” de la violencia en México, “el mayor fracaso” de México junto a la impunidad por los crímenes cometidos.

El artista participó hoy en un acto paralelo a la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y posteriormente en un debate sobre México en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Ginebra.

Entre los dos eventos públicos, García Bernal ofreció una rueda de prensa en la que denunció los alarmantes niveles de violencia en su país pero, sobretodo, el hecho de que tanto la ciudadanía, como los gobernantes, como la comunidad internacional, se haya acostumbrado a ellos.

“Nuestro peor fracaso como pueblo es la normalización de la violencia”, denunció, y señaló que la violencia está “en todos los niveles, “de género, en la escuela, en la palabra, no sólo en las calles”, afirmó.

Gael Garcia Bernal tomará la palabra mañana en el debate general del 37° periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

A su vez, organizaciones de la sociedad civil exhibieron ante la ONU “la grave crisis” de derechos humanos que existe en México.

Desde ayer, el Estado mexicano es sometido a un Examen por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, integrado por 18 expertos internacionales, en Ginebra, Suiza, luego de 12 años de no realizarse la evaluación.

El examen, dijo en entrevista para SinEmbargo Nayeli Ramírez Espinosa, asesora legal de algunas comunidades en resistencia, “se da en un contexto de violación a los derechos humanos muy grave: tenemos Ayotzinapa, tenemos que la pobreza en el país ha aumentado y los servicios de salud son muy malos”.

Ante ese panorama, organizaciones no gubernamentales presentaron ante el Comité DESC el “Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, 2017”.

Más de 100 organizaciones civiles participaron en la elaboración del informe alternativo que comprende el periodo de tiempo en que se ha dejado de realizar el examen: más de 11 años, aunque con principal enfoque en los últimos 5 en que ha gobernado Enrique Peña Nieto, explicó la abogada.

“Venimos a pedirle apoyo a la ONU y al sistema internacional para que se ejerza presión contra el Gobierno mexicano con el respeto a esos derechos”, dijo la asesora legal, quien reconoció que México no podría hacerse acreedor a sanciones por parte del comité internacional, pero sí podrían extenderle recomendaciones.

Protesta de indígenas y campesinos en contra de los megaproyectos en Puebla. Foto: Moisés Pablo, Cuartocuro

El análisis de 250 páginas expone las “múltiples” violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales perpetradas por “acciones y omisiones” del Estado y por las empresas. Los actos, aseguran, permanecen en la impunidad, ya sea por corrupción, por falta de voluntad política o porque no existen suficientes recursos jurídicos para la justiciabilidad de estos derechos.

Sobre los actores que violentan los derechos, manifestó, “el Gobierno tiene un papel muy importante porque deja pasar, deja hacer, hay impunidad. Hay empresas trasnacionales y nacionales que están violando derechos sin que se haga nada al respecto[…], pedimos que también las empresas sean consideradas como violadoras de derechos humanos. No comprendemos cómo es que las cortes no los quieren considerar como actores que violan los derechos humanos”.

Los temas que el Informe alternativo comprenden son la  igualdad y equidad de género, los derechos al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, sindicales, a la seguridad social, a la protección y asistencia a la familia, a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia, a la alimentación adecuada, al agua y al saneamiento, a la vivienda adecuada, al nivel más alto posible de salud física y mental, al medio ambiente sano, a la educación; al acceso a la justicia, a la libre determinación de los pueblos, incluyendo los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

“[El Informe] toca el tema de la impunidad, de cómo la Ley existe pero no se ejecuta; cómo no hay sentencias para los responsables de homicidios de defensores ni de periodistas. También enfatiza la violencia en la que vive el mexicano actualmente y en la impunidad. El balance es malo, es preocupante, es desalentador. Hay demasiado por hacer. La impunidad hace que los DESCA no se vuelvan una realidad para gran parte de los mexicanos”, comentó.

La abogada Ramírez hizo especial énfasis en el último punto, ya que, lamentó, hay destrucción de ecosistemas en los que habitan pueblos indígenas, bajo el cobijo de la impunidad que da pie a la ocupación “ilegal y arbitraria” que en diversas ocasiones se lleva a cabo con violencia.

“En el Informe, hay un giro importante en el tema de derechos de pueblos indígenas y sobre la población rural, que son los más afectados en temas de recursos, de despojo de tierras, de salud, de seguridad social, de trabajo”, subrayó. Y agregó: “Nos gustaría enfatizar sobre las recomendaciones de que en los pueblos indígenas haya algún tipo de reconocimiento de su territorio, que se deje de vender sus tierras, que se deje de despojarlos”.

Ambientalistas y ejidatarios de la región miembros de colectivos como Mexicali Resiste, Baja California Resiste y el Comite en Defensa del Agua, han denunciado ante diversos foros nacionales e internaciones que la “construcción con licitaciones irregulares y Constellation Brands, empresa cervecera, en obra en esta ciudad, y que abastecerá al mercado estadounidense” solo traerá más escasez de agua en la región. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro

En el mismo sentido, la representante indígena Leydi Pech de Ich Ek, quien acudió también a Ginebra a exponer la problemática que viven los pueblos de la Península de Yucatán por el tema de la siembra de soya transgénica, apuntaló frente al Comité:

“Los gobiernos estatal y municipal ignoran nuestro derecho a la libre determinación y a nuestras solicitudes de diálogo y coordinación para promover un desarrollo sustentable para nuestros pueblos. Los pueblos indígenas le solicitamos a las Naciones Unidas que le exigen al Gobierno mexicano que deje de decidir sobre nuestros territorios y sobre nuestra vida. Le solicitamos recomiende garantizar de forma efectiva los derechos a la libre determinación y al territorio de los pueblos a través del reconocimiento de nuestros derechos de propiedad y posesión colectiva”.

La defensora legal urgió a que en primera instancia “haya reconocimiento de la situación, de las deficiencias que existen en el sistema para que se puedan tomar las medidas pertinentes. En el caso de los pueblos indígenas, se les solicita que haya reconocimiento de los territorios, de su libre determinación y en los casos de impunidad se pide que las cortes ejerzan una presión diferente para que sus sentencias se ejecuten”.

Por otro lado, exigió que se eleve el salario mínimo y se trabaje en la promoción del crecimiento para así “dejar la pobreza atrás”. Urgió a que el tema de bioseguridad en materia de transgénicos sea revisado y a que los permisos sean suspendidos hasta que el sistema de bioseguridad esté realmente funcionando.

Pidió también que los estándares de calidad del agua sean actualizados a fin de que se garantice el abasto sin contaminantes, ya que según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), los parámetros tal y como están “violentan los derechos”.

Entre los más de 100 organismos que suscriben el Informe alternativo se encuentran el Programa Universitario de Derecho Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH UNAM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el Colectivo Apícola Los Chenes, el Colectivo Ma OGM.

GAEL ALERTA IMPUNIDAD Y VIOLENCIA

Aseguró que en los últimos doce años ha habido más de 200 mil muertes violentas en México y que 2017 fue el año más mortífero de las últimas dos décadas.

Denunció que los niveles de desaparecidos en la última década en México “se asemejan a los de los años de la guerra sucia de Argentina”, que se estima llegaron a 30 mil.

“Es horrible, tenemos una generación perdida”, denunció.

Aseguró, asimismo, que hay lugares donde el Estado no existe y otros en que casi no se puede entrar por causa de la violencia, y citó el estado de Tamaulipas.

Pero un tema aún más relevante para el actor es la “impunidad” en la que quedan la inmensa de los crímenes cometidos, algo que cree que corroe a la sociedad y provoca la falta de confianza de las personas en las instituciones.

“La impunidad es generalizada y existe para mantener el ‘estatus quo'”, denunció.

Es por esa razón que el actor está comprometido con el movimiento #FiscalíaQueSirva, que busca que la Oficina del Procurador General sea un órgano completamente independiente.

“Queremos un órgano independiente, como hay en otros países de América Latina, una entidad ‘per se’. Y este es un tema que está en el centro de las discusiones en la campaña electoral, y con el que estoy muy comprometido porque es esencial que cambie, es la manera de acabar con la corrupción”, sostuvo.

Ante esta situación, García Bernal pidió a la ONU y a la comunidad internacional que no olviden a México y se comprometan en ayudar al país a salir “del hoyo”.

“Si algo está claro es que los políticos mexicanos sí que actúan cuando sienten la presión exterior”, afirmó y dijo no tener la llave sobre qué hacer y cómo presionar, pero sí tener certeza de que la situación es desesperada.

–Con información de EFE