¿Existe manera de medir el odio contra ellas? ¿De qué colores se pinta un país cuando se mata por miles a sus mujeres? Con el apoyo metodológico de demógrafos, SinEmbargo obtuvo las series estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Secretaría de Salud federal de homicidios dolosos de mujeres en las 32 entidades federativas para cada año comprendido de 1990 a 2012, ambos incluidos. También se produjeron los índices nacionales para los mismos años, excepto 2012. Cada dato mostrado refiere una tasa de asesinatos intencionales de mujeres por cada 100 mil mujeres residentes en cada estado mostrado y en cada año contenido en la serie. Las noticias son malas.

Segunda parte de una serie | Ver Primera Parte

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– Han pasado más de 20 años de que la sociedad civil iniciara una lucha crucial por políticas de género en México; 20 años de concientización, de lucha por una legislación que tipifique el delito de feminicidio y de creación de organismos y comisiones para vigilar sus derechos. Pero los números no hablan de una mejoría para las mujeres.

El país vivió un incremento real de 55 por ciento de homicidios dolosos de mujeres entre 1990 y 2011 y, si se compara la tasa de asesinatos de mujeres de cada estado observada en 1990 y la registrada en 2012, sólo en seis de las de las 32 entidades el índice cambió favorablemente.

En tanto, los demás estados sufrieron incrementos de 1990 a 2012 hasta multiplicar sus tasas, caso de Nuevo León, por más de 16.

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Antes de que la presente crisis nacional de seguridad motivada por la guerra de las drogas alcanzara su mayor pico, México ocupaba el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres en el mundo.

Según el informe sobre feminicidio en México elaborado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México, los casos de feminicidio en el país han registrado un aumento sostenido desde al año 2007, año que había registrado el menor número de feminicidios desde 1985, pero que para el año 2009 ya había rebasado la cifra de 1985 por cerca del 25 por ciento.

Y aún no se medían 2010 y 2011, años especialmente negros para los mexicanos y las mexicanas.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la “gran mayoría” de los hechos violentos perpetrados contra las mujeres se mantienen sin siquiera investigación formal tanto a nivel federal como estatal.

Se lee en el informe “Feminicidio e impunidad en México: Un contexto de violencia estructural y generalizada” publicado las anteriores organizaciones:

“Ello responde, entre otras cosas, a la ausencia de cuerpos especializados que integren y realicen con eficacia y transparencia las investigaciones y averiguaciones previas, así como la ausencia y desconocimiento de protocolos de investigación especializados para casos de feminicidio y el predominio de una cultura patriarcal en los impartidores de justicia que estigmatizan a las víctimas mediante la recurrente descalificación de sus declaraciones incluso acusando a las mujeres de haber provocado la violencia de que fueron objeto y que en su caso, denunciaron”.

“Las mujeres enfrentan en muchas ocasiones el sesgo de género por parte de las y los jueces, el cual se manifiesta en las decisiones judiciales que reflejan patrones socioculturales discriminatorios, nociones basadas en la inferioridad de la mujer, el enfoque en su rol reproductivo o en la falta de credibilidad de la víctima. En muchos casos, a pesar de existir un tipo penal claro, se utilizan criterios discriminatorios para establecer penas bajas o atenuantes de la responsabilidad penal, especialmente cuando la víctima tiene una conducta sexual que no se ajusta a los roles y estereotipos de género”.

Así lo explica la antropóloga Marcela Lagarde, feminista que conceptualizó el término feminicidio:

“El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres.

“Para que se dé el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar esos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Sucede, cuando las autoridades no realizan con eficacia sus funciones. Si el Estado falla, se crea impunidad, la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado”.