Montevideo, 13 may (EFE).- El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, Julio Calzada, uno de los cerebros de la ley de la mariguana, viajó a Guatemala para asistir esta semana a un encuentro de ministros de Seguridad Pública de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
Según un comunicado difundido por la JND en su página web, Calzada informará en la reunión, que se celebrará entre hoy y mañana en Antigua y versará sobe drogas, respecto de la “implementación de la Ley 19.172 que regula la producción, distribución y venta de cannabis”.
El Parlamento uruguayo aprobó el 10 de diciembre pasado la controvertida ley, con la que el presidente José Mujica pretende hacer frente a la creciente delincuencia juvenil en el país, atribuida por el Gobierno al tráfico ilegal y descontrolado de drogas.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es partidario de la despenalización de las drogas y es de los pocos mandatarios latinoamericanos que ha levantado la voz en apoyo a la propuesta de Mujica.
Según la normativa uruguaya, el país producirá hasta 22 toneladas al año de mariguana para su uso recreativo, que venderá en farmacias a no más de un dólar el gramo y que tendrá limitaciones de uso en la vida pública similares al alcohol y al tabaco.
El cannabis de venta en esos comercios será producido por un máximo de seis empresas, previa licitación, en unos terrenos que deberán tener una superficie máxima total de 10 hectáreas, ser de titularidad estatal y contar con vigilancia de las fuerzas de seguridad del país.
Al margen de la adquisición en farmacias, habrá otras dos opciones de obtener la droga: en cultivos personales en casa, con un tope máximo de seis plantas, o en clubes de cannabis de entre 15 y 45 miembros, con hasta 99 plantas.
Antes de partir a Guatemala Calzada precisó que la actividad de producción y distribución de cannabis fue concebida “con un régimen tributario propio y específico, en el marco de la estrategia del combate al narcotráfico”, en respuesta a las críticas sobre las supuestas exoneraciones tributarias a ese producto.
A diferencia de lo que sucede con el tabaco y el alcohol, la mariguana no tiene que pagar el Impuesto Específico Interno (IMESI), que grava con un monto fijo a esos productos (cerca del 70 % para frenar su consumo) y al que luego se le suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA, del 22 %)).
Al respecto, Calzada aclaró que en el caso del cannabis se parte de la base de que el precio de venta al consumo debe guardar relativa consonancia con el precio de venta del producto en el mercado ilegal y por ello se optó por la fijación de un precio del producto como variable crítica, señala la JND.
En lugar de esos impuestos se apela a la aplicación de un canon fijo más otro de naturaleza variable, como contrapartida por las licencias que otorgará el Estado para la producción y venta del producto, para complementar el habitual Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE, del 25 % sobre la renta neta fiscal). EFE
