Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió el año pasado la asistencia al Batallón 102 de Infantería de la Zona Militar 22 en el Estado de México hasta que se esclarezca el grado de complicidad del gobierno mexicano con cárteles del crimen organizado, revelan documentos desclasificados del Archivo Nacional de Seguridad.
El Batallón 102 “es inelegible para recibir asistencia de Estados Unidos” después del asesinato de 22 personas en Tlatlaya, afirma un informe del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom).
“Si (el comandante de la zona militar) estuvo implicado en una grave violación de derechos humanos, la zona militar entera y 10 mil integrantes serán inelegibles para la asistencia de cooperación en seguridad estadounidense”, alertó Northom en octubre del 2014.
El pasado 30 de junio, elementos del Ejército Mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Asimismo, otro informe del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de Northcom reportó serios cuestionamientos sobre el nivel de vinculación entre autoridades y los cárteles luego del hallazgo de fosas clandestinas durante la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Las fosas “provocan interrogantes alarmantes sobre el carácter amplio de la violencia de cárteles en la región y el nivel de la complicidad gubernamental”, afirma. Sin embargo, agrega, ninguno de los cadáveres encontrados pertenecen a los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
El texto reporta la preocupación de los militares estadounidenses por el caso Ayotzinapa, principalmente por el involucramiento de las autoridades policiacas.
“No hay respuestas fáciles a las interrogantes alarmantes provocadas por el número espantoso de fosas comunes que ahora se están descubriendo en México”.
El Comando Norte de Estados Unidos concluye que la estrategia estadounidense durante la guerra contra las drogas “ha logrado poco” para limitar los niveles de violencia en el país o frenar la capacidad de los grupos criminales de comprometer a funcionarios gubernamentales en todos los niveles.
