Un Juez federal otorgó suspensiones que frenarán la Ley de Hidrocarburos del Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 13 de mayo (Zeta).– Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, otorgó el miércoles 12 de mayo un total de 18 suspensiones provisionales contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las resoluciones impiden la entrada en vigor los artículos 51, 57, y 59 Bis, así como de los transitorios cuarto y sexto de la reforma a la Ley de Hidrocarburos,

Con estas 18 suspensiones sumarían 24 las medidas cautelares concedidas a los quejosos, tanto por De la Peza Figueroa como por su homólogo Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.

Los titulares de los Juzgado Primero y Segundo de Distrito especializados también han otorgado múltiples suspensiones definitivas contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panut) y contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

La Secretaría de Energía (Sener) informó que acatará la decisión, sin embargo dijo que continuará “en las instancias correspondientes para eliminar dicha suspensión, y en su caso hacer los cambios necesarios a fin de garantizar en México el adecuado balance energético y erradicar prácticas ilícitas”.

Antes, previo a conocerse las nuevas suspensiones provisionales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es entendible la actuación del Juez Gómez Fierro debido a que defiende a grupos de intereses creados. “Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero”, afirmó el mandatario nacional.

Los efectos de las medidas cautelares contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos son de carácter general, ya que no solamente comprenden a los quejosos, sino a todos los permisionarios de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos dentro del territorio mexicano.

Asimismo, las medidas cautelares emitidas por el Juez federal ordenan a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) abstenerse de revocar el permiso de comercialización de los quejosos, por no tener la capacidad mínima de almacenamiento de combustible que determine la Sener.

Además, De la Peza López Figueroa resolvió que se evite la suspensión de permisos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, ya que dichas hipótesis no están definidas en la legislación.

En su resolución, el Juez federal advirtió que la reforma a la Ley de Hidrocarburos produce una alteración de las reglas para que las empresas privadas permanezcan en dicho sector, entre ellas, la del requisito para el otorgamiento de permisos que el interesado cuente con la capacidad de almacenamiento que determine la Sener, para el caso de que la CRE o la misma Secretaría no resuelvan una solicitud de cesión dentro del plazo de noventa días.

Asimismo, el Juez De la Peza López Figueroa sostuvo que se establecen como nuevas causales de revocación de un permiso la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Así como reincidir en incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos y la modificación de las condiciones técnicas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente, por mencionar algunos.

Aunado a ello, el Juez federal advierte que existe la posibilidad de que la parte quejosa “demuestre que es contrario al texto constitucional que la empresa productiva del Estado [Pemex] recupere una posición de agente preponderante en el sector, y no sea un participante más del mercado, en perjuicio de la postura que incipientemente han alcanzado las empresas privadas”.

Según el Juez federal, existe la probabilidad de que la parte quejosa demuestre en lo principal que la finalidad de la reforma energética era precisamente lograr la participación de otros competidores y sobre todo, otras tecnologías más eficientes, asegurando así precios más asequibles y abasto continuo de hidrocarburo.

Además, De la Peza López Figueroa indicó que el decreto reclamado reducirá la inversión del sector privado de hidrocarburos del país, lo cual contraría el sentido y alcance de la reforma constitucional energética, que pretendía alentarla y protegerla.

El Juez federal detalló que el decreto reclamado afecta también el derecho de propiedad, reconocido en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque con las medidas legislativas que contiene, que facultan a las autoridades administrativas tanto para cancelar su permiso como para suspenderlo, podrán generarse daños patrimoniales.

 Consistentes en las pérdidas de las inversiones que efectuó con base en la confianza legítima a la que se ha hecho referencia, y porque aun en caso de que dichas medidas fueran constitucionalmente válidas, no establece un mecanismo para indemnizar dichos daños.

“El decreto reclamado constituye un cambio imprevisible e intempestivo que rompe con esa vocación de estabilidad de mercado a largo plazo, con lo cual se afecta el derecho fundamental de seguridad jurídica de esas empresas”, señaló De la Peza López Figueroa en su fallo.

APROBACIÓN DE LA REFORMA

El pasado 22 de abril, con 65 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y sin cambios, el dictamen enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reformas a diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) votaron a favor. Mientras que las bancadas de Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), sufragaron en contra. Además de que el Verde Ecologista de México (PVEM), se abstuvo.

El pasado 14 de abril, con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó dicha iniciativa de reforma, que no fue discutida en un parlamento abierto, ni presentó modificaciones por parte de los legisladores.

El 26 de marzo, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión, la iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos vigente y que las empresas del Estado jueguen un papel más activo en toda la cadena de dicha industria.

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