NdeR:

[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

El Pacto por México, el convenio que le permitió al Presidente portar el traje de reformista, ¿cuánto le costó a los mexicanos? El asunto no puede conocerse. La Presidencia de la República declaró como “inexistentes” los gastos, transferencias, salarios, número de personal ocupado y pago de eventos ejercidos del Consejo Rector de ese convenio político. Significa que si hubo erogaciones, no pasaron a ningún registro público al que los ciudadanos puedan tener acceso. El convenio político sin precedentes en la historia política del país se efectuó sin ningún mecanismo de Transparencia.

Aurelio Nuño, entonces jefe de la oficina de la presidencia; Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD; Cesar Camacho Quiroz, presidente nacional del PRI; Gustavo Madero, presidente nacional del PAN y Luis Videgaray, secretario de Hacienda durante la reunión del Pacto por México que se realizó en un hotel del Centro Histórico en 2013. Foto: Cuartoscuro

Reunión del Pacto por México realizada en 2013 en la CdMx. En la foro, presiden la reunión Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Zambrano, César Camacho, Gustavo Madero y Luis Videgaray. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– Fue el convenio político que le permitió cerrar el llamado ciclo reformista al Presidente Enrique Peña Nieto. Una firma de acuerdo de la Presidencia de la República con los tres partidos políticos mayoritarios –PRI, PAN y PRD- y el Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la cual, fueron promulgadas reformas estructurales en los sectores petrolero, eléctrico, de telecomunicaciones, financiero, político, empresarial y de competencia. Lo llamaron “Pacto por México” y sobrevivió sin un solo mecanismo de Transparencia.

Hoy no se sabe cuánto costó. La Presidencia ha indicado ante varias solicitudes de información que son “inexistentes” los gastos, transferencias, salarios, número de personal ocupado y pago de eventos ejercidos del Consejo Rector de ese convenio político. Significa que si hubo erogaciones, no pasaron a ningún registro público al que los ciudadanos puedan tener acceso.

Lo mismo ocurrió con la petición de los recursos destinados por la Presidencia para los eventos, reuniones de trabajo y gastos operativos del Pacto, las órdenes de liberación de recursos, transferencias, cheques, recibos o facturas y la lista de personal destinada a trabajar en el equipo del convenio.

Ante una decena de solicitudes mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Presidencia de la República ha reconocido que las instancias que podrían tener información de los gastos del Pacto son la Jefatura de la Presidencia y la Dirección General de Finanzas y Presupuesto. La primera ha contestado varias veces:

“Se informa que no se localizó información que guarde relación con la requerida por el solicitante por lo que con fundamento en los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su Reglamento se declara la inexistencia de la misma”. También ha dicho que no ha localizado “evidencia documental”.

El argumento de la Dirección General de Finanzas y Presupuesto para decir que esos gastos son “inexistentes” es el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal que sólo identifica partidas para entidades gubernamentales y el Pacto por México no lo es.

ESTO TUVO QUE COSTAR

Con el Pacto por México, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se puso el traje de reformista. Su discurso, cuando promulgó la legislación secundaria de la Reforma Energética, la última de un andamiaje de modificaciones que se inició el 2 de diciembre de 2012, fue este:  “Gracias a la unidad de propósitos, en meses superamos décadas de inmovilidad. Se han derribado barreras que impedían a México crecer de manera acelerada y sostenida”.

Estaba en Palacio Nacional, acompañado por todos los miembros del Gabinete; además de 28 gobernadores. Al siguiente día, viajó a Atlacomulco, su tierra, para celebrar el epílogo de todos sus esfuerzos por concretar lo que no lograron en doce años, los gobiernos panistas. Era el 50 aniversario luctuoso del escritor, político y abogado Isidro Fabela –inspiración de los priistas- y el Presidente exclamó: “En los últimos veinte meses, dentro de las instituciones democráticas que nos legaron los mexicanos de ayer se lograron concretar las reformas que el país necesitaba para asegurar el bienestar de esta y de las futuras generaciones”.

Luego vino la portada de la revista Time en la que la imagen del Presidente mexicano apareció con la leyenda: “Salvando a México”.

La historia reciente había mostrado las consecuencias de los desencuentros entre Gobierno y partidos. Durante décadas, los politicos mexicanos no lograban ponerse de acuerdo respecto a las enmiendas constitucionales que requería el país. Al Pacto por México lo precedieron unos 20 acuerdos que resultaron de reformas electorales, pero que no sobrevivieron a la foto.

El envejecimiento del convenio o, por lo menos, a su declive más pronunciado llegó con las elecciones de 2014. Los partidos de oposición se desencontraron por el resultado de Gobernador en Baja California.

Ese año, el PRD anunció su retiro porque estimó que los acuerdos del Instiuto Nacional Electoral podrían poner en riesgo la realización transparente de las elecciones federales de 2018. Después de ese retiro, el Pacto por México se disolvió y varios de los compromisos que entrañó se quedaron en el baúl legislativo.

Entre las principales acciones rezagadas se encuentran el seguro de desempleo y pensión universal en temas sociales, así como la desaparición de cien diputados plurinominales.

Otro de los compromisos del Pacto que se mantiene estancado en el Senado es un paquete de reformas sobre Derechos Humanos, que incluye una Ley de Reparación de Daño, una reglamentaria para el artículo 29 y 33 constitucional sobre garantías individuales, así como la reforma integral a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En la página del Pacto, aún puede leerse esta definición:

“Quienes suscribimos este Pacto por México estamos conscientes que es indispensable de un Pacto Nacional, formado con los puntos coincidentes de las diversas visiones políticas de México, que comprometa al gobierno y a las principales fuerzas políticas dispuestas a impulsar un conjunto de iniciativas y reformas, para realizar acciones efectivas para que nuestro país mejore”.

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La declaración de inexistencia de los gastos del Pacto por México implican que será difícil analizar este convenio histórico desde su contabilidad.

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Consulta de Datos: Acta CI/PR/6SO/2013