También quien haga mal uso del 9-1-1 podría alcanzar una pena de entre 6 meses y 2 años de libertad vigilada y multa de los 51 mil a los 102 mil pesos.
Coahuila, 13 de junio (Vanguardia).- Los coahuilenses que hagan llamadas de broma a los números de emergencia, enfrentarán un castigo de entre 6 meses y 2 años de libertad vigilada y multa de los 51 mil a los 102 mil pesos. La propuesta original contemplaba que la sanción incluyera prisión, pero la comisión dictaminadora lo desechó.
El Congreso del Estado aprobó ayer una reforma al artículo 345 bis del Código Penal de Coahuila, a raíz de una iniciativa del Diputado Marcelo Torres Cofiño, quien aseguró que en Coahuila el 85 por ciento de las llamadas a los números de emergencia son falsas.
“Eso es muy grave, porque pone en entredicho la actividad de las corporaciones, las unidades se desplazan hacia lugares donde hubo una llamada falsa y eso además de que implica un costo para las corporaciones, recursos públicos, distrae de las verdaderas atenciones donde ciudadanos lo necesitan”, consideró el legislador.
Ante ese panorama, Torres Cofiño propuso establecer sanciones contra quienes hacen llamadas de broma a los números que toman reportes de emergencias. Originalmente había pedido que se estableciera una pena de hasta dos años de prisión, sin embargo, la comisión dictaminadora de la iniciativa, decidió cambiar la pena por el de libertad vigilada.
“Quienes integramos la presente Comisión observamos que no obstante la medida normativa es necesaria y razonable, a efecto de velar por la constitucionalidad de la norma, debemos de ajustar la propuesta por lo que hace a la proporcionalidad de la pena, así llegamos al acuerdo de establecer que la pena se ejecute bajo la modalidad de libertad vigilada”, determinó la comisión.
“Coincidimos con la importancia de establecer dentro de nuestro Código Penal un régimen de sanciones a quienes realicen llamadas falsas de emergencia, concientizando a la ciudadanía acerca de la importancia que tiene hacer un uso consciente y responsable de este servicio, así como del costo que implica la movilización de las unidades de emergencia y las consecuencias que esto conlleva”, concluyeron los legisladores.
