El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

La reciente detención de César Horacio Duarte Jáquez en el estado de Florida, Estados Unidos, sería inexplicable sin la denuncia penal que presentó Unión Ciudadana el 23 de septiembre de 2014, en pleno esplendor de la tiranía corruptora que implantó como gobernador. Es una denuncia jurídica y política con una relevancia social pocas veces vista porque al darse a conocer públicamente cimbró a la sociedad chihuahuense, donde había asentado sus reales una pandilla de delincuentes que se hacía pasar por administración pública.

La denuncia detonó una insurgencia cívica que con su fuerza y arraigo le marcó el final a Duarte Jáquez. A partir de ese momento cada día que pasaba su caída se acentuaba hasta llegar a la elección de 2016 con la derrota electoral del PRI y su candidato, Enrique Serrano. Incoar la causa jurídico-penal fue la demostración de que se podía luchar desde el ámbito de la ciudadanía y obtener triunfos. Estos vinieron, por decirlo de alguna manera, en paquetes separados: en primer lugar se truncaron sus sueños de grandeza, de ser Secretario de gobernación o líder nacional del PRI, y hasta de alcanzar la Presidencia de la república. Por separado le había llegado que sus sueños de convertirse en banquero quedaban cancelados casi de manera instantánea y terminaba su sexenio en medio de una insurrección ciudadana que condujo a finales de septiembre de 2016, cuando huyó del país con destino a Norteamérica, eso sí, protegiendo a su familia con doble nacionalidad, alforjas repletas de dólares, pero al final de cuentas a vagar como un miserable que tuvo por necesidad primordial hacerse de una madriguera cotidiana para evadir a la justicia, en particular a la Interpol, que seguro estoy lo tenía ubicado mucho tiempo atrás de la detención.

Es importante tomar en cuenta que la causa abierta en septiembre de 2014 y que está substanciada en el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09 ha sido negligida. Aunque también gozó del encubrimiento que favoreció a César Duarte durante el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, beneficiario directo de las raterías del exgobernador. Desde la Presidencia, entonces, se le garantizó impunidad, y el expediente si bien se fue engrosando nunca hubo voluntad política de turnarlo a una autoridad judicial para que dictara lo conducente, a mi juicio, una orden de aprehensión, porque los delitos están absolutamente demostrados.

Tanto Murillo Karam como Arely Gómez y Elías Beltrán, cabezas sucesivas de la antigua PGR que estaba al servicio del régimen de corrupción e impunidad, litigaron con uñas y dientes la causa de César Duarte como si fuera propia, que de hecho lo era.

Pero la negligencia la observo en la Fiscalía General de la República, ahora autónoma, porque no ha notificado al denunciante (el que esto escribe) el curso para posibilitar que la corrupción duartista llegue a los tribunales, como es de mérito suficiente, dada la magnitud de la corrupción denunciada y el caudal de pruebas que se han aportado. Tanto César Duarte como su esposa, Bertha Gómez, nunca han logrado demostrar el legal origen de 65 millones de pesos con los cuales instituyeron en Banorte el fideicomiso 744743, para hacerse controladores de un banco en proceso de creación, el Banco Unión Progreso de Chihuahua, hoy reconvertido bajo la denominación de Bankaool.

Al pretender crear el banco que se frustró se cometieron delitos, quizá algunos en grado de tentativa, pero lo que está fuera de dudas es que, conduciéndose contra las leyes bancarias y crediticias del país, operaron con una simple unión de crédito (Unión Progreso) grandes cantidades de operaciones y depósitos para simularle fortaleza y convertirse en banqueros. Como se sabe, el artífice de todas estas maniobras fue Jaime Ramón Herrera Corral, quien está libre como si se tratara de un ciudadano responsable y no de un corrupto más de la pandilla duartista. Él tuvo la dualidad de pretender construir el banco como socio y representante legal de Unión Progreso y al mismo tiempo como secretario de Hacienda de César Duarte, ubicándose en un conflicto de interés que hasta un niño de pecho puede comprender.

Esta causa no ha desembocado donde debiera, precisamente porque la fiscalía de Gertz Manero no ha tomado en cuenta que el asunto César Duarte es uno solo, con los riesgos que se corren de decretarse en Estados Unidos la procedencia de la extradición del exgobernador, perdiéndose la causa AP/PGR/UEAF/001/2014-09, que representa sin más el sentir directo de la sociedad chihuahuense, al margen de las instancias de las clases políticas, con y sin poder. Esto crearía desaliento y sería un ominoso mensaje de que al ciudadano sencillo le está vedado iniciar causas anticorrupción de gran calado. Pudiera darse el caso, lo veo remoto pero lo deseo, de que sean dictadas resoluciones favorables, pero no se nos han notificado.

Cualquier hecho de corrupción que se destapa en el país a final de cuentas es sólo la punta de un iceberg, el témpano completo que está debajo suele ser enorme y estar compuesto por toda una red de personajes siniestros que han contribuido a postrar al país. En el caso Duarte no me queda duda de que ahí, bajo el agua, conservándose en el hielo, están los Videgaray, los Beltrones, los Gamboas, los González Guaidó, por sólo reseñar un póker.

Señor Gertz Manero: la causa penal AP/PGR/UEAF/001/2014-09 vale mucho como para despreciarla con una actitud de negligencia.