No, la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no es infalible. Sí, han publicado a personas que no tenían nada que ver con el narcotráfico, como partes de una red de lavado de dinero. Sí, se puede negociar para salir de la lista, se puede llegar a un acuerdo económico, se puede pelear que la inclusión fue injusta.

Sobre todo, la lista no es definitiva en un país distinto a Estados Unidos. No es una guía de actuación obligatoria para las autoridades mexicanas. No es una orden de cumplimiento inmediato que traiga bajo el brazo un cronómetro en reversa.

Aquí algunos ejemplos:

Diciembre de 2007. El Departamento del Tesoro incluye a varios miembros de la familia Cázares Salazar como lavadores de dinero para Ismael “El Mayo Zambada”, uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa.

Marzo de 2015. El semanario sinaloense RíoDoce publica un amplio reportaje donde detalla cada uno de los datos absurdos de la acusación, que acabó con la vida pública de la familia (http://riodoce.mx/noticias/cronica-de-una-infamia-para-los-cazarez).

En 2016, uno de los presuntos integrantes de esta red, Antonio Velarde, fue eliminado de la lista.

En 2010, el notario sinaloense José Antonio Núñez Bedoya es designado por el Tesoro como operador del Mayo Zambada para la creación de compañías fantasmas. Se defendió en público y en un litigio, con el alegato de que dichas compañías pagaban impuestos y tenían operaciones reales. Fue removido de la lista en 2015.

En Baja California, desde 2002 había sido designado como lavador el empresario Salvador Alba Cerda. Litigó el caso durante más de una década y finalmente fue eliminado, en 2015.

También de ese estado, la familia Abaroa Preciado, fueron incluidos en 2014 y borrados en 2016.

El camino para salir de la lista es largo y tortuoso, como lo han documentado varios reportajes en México, en especial uno firmado por Daniela Guazo en El Universal en 2015, que documentó 105 casos de empresarios y negocios eliminados de la lista, después de extensos litigios.

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Estos datos importan hoy por el revuelo que han causado en México las inclusiones del cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez en la lista de lavadores de dinero del Departamento del Tesoro estadounidense.

Como es bien sabido ya, ambas figuras públicas fueron acusadas de formar parte “desde hace muchos años” de una red de lavado de dinero que, en esta versión, encabezaba el narcotraficante Raúl Flores Hernández, un “capo independiente” del que casi nadie que cubre narcotráfico en México había escuchado jamás.

Pero el caso, visto en la pequeña perspectiva que permiten apenas unas horas desde que fueron anunciadas las inclusiones, reviste una celeridad que podríamos calificar, por lo menos, de “inusual”.

Explico.

En una entrevista que hicimos en Univision Investiga en 2016, el exdirector de Interpol México, Rodolfo de la Guardia, dijo categórico que “la lista no es una orden para las autoridades mexicanas”. El asunto, que pasa en su opinión por la soberanía del país, es que una designación del Tesoro resulta legalmente una “orientación” para México, pero no un mandato.

En muchos de los casos que han sido incluidos, las personas o las compañías siguen estando activas en México después de haber sido designadas por el Tesoro. Sus negocios funcionan, sus claves del registro federal de contribuyentes también, como si nada hubiese sucedido. Lo que se acaba, eso sí son sus prestigios.

Cualquier lector interesado puede consultar esta lista pública de 648 individuos, empresas y supuestos grupos criminales y validar uno por uno en los registros de Hacienda.

Podrá visitar las direcciones que fueron publicadas por el Tesoro y encontrará, como ya lo han hecho distintos periodistas en los últimos años, las puertas abiertas y los negocios inmersos en su rutina habitual.

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En 2015 el entonces secretario de Hacienda y hoy canciller mexicano Luis Videgaray anunció que existiría una lista mexicana, que sería seleccionada por México y que seleccionaría a quiénes de los designados por el Tesoro también perderían sus derechos bancarios y comerciales en México.

Con la excepción reciente de Los Cuinis -una amplia familia señalada como los grandes operadores de lavado para el Cártel de Jalisco Nueva Generación- no está documentado en el pasado reciente una celeridad como la que vimos esta semana, que valide las palabras de Videgaray en 2015.

En algunos casos, incluso, las omisiones de la OFAC y el gobierno mexicano resultan un tanto inexplicables.

Doce días antes de que la noticia sobre Márquez y Álvarez convulsionara a dos de las aficiones más fieles de México, Dámaso López Serrano, apodado el “Mini Lic.”, se entregaba a las autoridades de Estados Unidos en el puesto fronterizo de Calexico, en California.

López Serrano estuvo fichado durante más de una década por las autoridades mexicanas como operador del cártel de Sinaloa a través de su padre, Dámaso López Núñez, uno de los excolaboradores más cercanos de Joaquín El Chapo Guzmán.

En los círculos de inteligencia, el Mini Lic. era asociado con trasiego de droga, violencia por control de plazas y lavado de activos. Sin embargo, nunca estuvo mencionado en la lista del Tesoro, como aún no lo está actualmente, incluso después de haberse entregado.

En los años de su presunta actividad delictiva, el gobierno mexicano no le incautó bienes o empresas, pero tampoco el de Estados Unidos, a juzgar por la información pública disponible.

A diferencia de este ejemplo, en el caso de la supuesta organización “Flores”, el cantante que apenas unos días antes posó con el presidente de México y el gran ídolo futbolístico de varias generaciones de mexicanos, en menos de 72 horas vivieron un escándalo mediático, el congelamiento de cuentas en ambos países, de propiedades, la huida despavorida de los patrocinadores y el anuncio de investigaciones formales por la autoridad.

Qué celeridad ha tenido México esta vez para tocar el son del Tesoro, y qué cuesta arriba parece, esta vez más que nunca, el camino de litigio que acabará las energías, las menguadas finanzas y los restos de prestigio de dos de las figuras más célebres de un país, donde lo que menos sobra son ejemplos de un futuro de esperanza.

@penileyramirez / [email protected]

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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