La vicepresidenta de Oceana alertó que la propuesta de transferir la vigilancia contra la pesca ilegal a la Semar no resuelve el problema de forma estructural.
Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– La organización Oceana afirmó que la propuesta en la Cámara de Diputados para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para trasladar la vigilancia pesquera y acuícola de la Conapesca a la Secretaría de Marina (Semar) no es suficiente para combatir la pesca ilegal que afecta a la diversidad marina, a pescadores y consumidores.
“Se requiere atender esta crisis de manera estructural, para garantizar que los pescadores realicen sus labores en las mejores condiciones, que nuestros mares no sean sobreexplotados y que los consumidores puedan tomar decisiones responsables e informadas”, dijo Renata Terrazas, vicepresidenta de la organización en México.
Las fallas en materia de inspección y vigilancia provienen de problemas estructurales, como un número limitado de personal, monitoreo insuficiente y opaco, recortes presupuestales y la falta de un censo pesquero que dé cuenta del número real de pescadores, embarcaciones, concesiones y permisos, diagnosticó la organización.
Por ello propuso como acciones complementarias a la iniciativa de Morena la creación de un censo sobre las comunidades pesqueras para implementar políticas públicas que ayuden al sector y protejan la riqueza marina. También considera fundamental el uso de la tecnología para monitorear constantemente las actividades de las embarcaciones.
Actualmente, México cuenta con el Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP), en donde 2 mil embarcaciones son monitoreadas en tiempo real por la autoridad pesquera. Pero solo equivale al 2.5 por ciento del total de embarcaciones y la información no es abierta, por lo que Oceana propone incrementar el número de embarcaciones con monitoreo satelital y asegurar la transparencia de la información para rastrear la actividad pesquera a través de la plataforma Global Fishing Watch (GFW).
Además, el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables no se ha emitido desde hace 13 años, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad para la aplicación de la ley.
“La transferencia de responsabilidades no atiende el problema de raíz. La forma en la que se está haciendo significa aventarle el problema a otra institución, en este caso, a la Secretaría de Marina”, dijo Terrazas.
Dado que el producto ilegal atraviesa una compleja cadena de valor y llega a un consumidor final que nunca sabrá si su producto es legal o no, el combate a la pesca ilegal no debe limitarse al mar.
“Si queremos pesquerías sustentables y combatir la pesca ilegal, necesitamos mecanismos de vigilancia más sofisticados, como una política de trazabilidad que permita dar seguimiento al producto desde la embarcación, pasando por los centros de acopio, almacenamiento, plantas, transporte y hasta puntos de venta; así como sistemas de monitoreo satelitales efectivos”, agregó la vicepresidenta.
