-Mi mamá se llama Verónica Razo Casales. Ella está detenida, esto ya tiene aproximadamente 5 años y actualmente sigue en prisión. La culpan de secuestro. La torturaron y abusaron sexualmente de ella para sacarle la confesión-

Así comienza la reflexión del hijo de Verónica, en un video producido por Amnistía Internacional. Joven, con la vida por delante y una madre encarcelada injustamente. Consternado se cuestiona cómo es que quienes deben protegernos recurren a la tortura y al abuso de mujeres, para implicarlas como responsables de delitos.

El 8 de junio de 2011 Verónica fue detenida arbitrariamente por policías federales en la Ciudad de México. Según narra, no le entregaron ninguna orden de aprensión y fue víctima de abuso sexual durante la detención. Los federales la trasladaron a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y ahí continuó la tortura: toques eléctricos en los pechos, pies, golpes y amenazas. Al día siguiente, tras el abuso físico y psicológico la presentaron en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en donde se declaró culpable por el delito de secuestro. Rindió su declaración sin que hubiera estado presente algún abogado en su defensa.

El suplicio no terminó ahí la llevaron a las oficinas de la policía federal, volvió a ser abusada sexualmente por los policías que la detuvieron y obligada a aceptar que había participado como “muro” en un secuestro. Después de veinticinco horas de tortura, le permitieron finalmente poder hacer una llamada.

Han pasado casi cinco años y a pesar de que el estado físico y psicológico de Verónica quedó asentado en las declaraciones ministeriales del 9 de junio, ella se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit. Este caso no es aislado, de acuerdo con Amnistía Internacional, 72 de cada cien mujeres detenidas fueron torturadas sexualmente por policías o soldados para declarar.

Con la intención de frenar la tortura generalizada a partir de la guerra contra el crimen organizado, la Secretaría de Gobernación instaló un mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometidos contra mujeres. Sin embargo, a un año de su instalación, el compromiso de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no ha dado resultado alguno.

El fracaso de este mecanismo afecta la vida de miles de familias y sobre todo de mujeres inocentes que son detenidas por las fuerzas armadas y sometidas a inculparse. La Conavim recibió documentación de casos de tortura sexual a los que no ha dado ningún seguimiento. ¿Cuántas mujeres como Verónica tendrán que esperar encarceladas a que se haga justicia? ¿Cuántos policías, marinos y soldados están sueltos haciendo tareas de “protección” nacional tras haber torturado y abusado sexualmente de mujeres para incriminarlas?

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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