“Según la denuncia de Raymundo Ramos, las personas que perdieron la vida habrían sido sacadas de sus domicilios y trasladadas a una casa de la colonia Anáhuac donde vivía un hombre, su hija y su nieta”. Foto: Juan Carlos Cruz, Cuartoscuro

El estado de Tamaulipas –cuna de capos y cárteles –al igual que buena parte del país no ha podido alcanzar ni por asomo un ápice de pacificación, distante la paz de en un pueblo donde todos los días escurre sangre.

Todavía no se extingue el horror causado por el incendio en “El Caballo Blanco”, el prostíbulo de Coatzacoalcos, Veracruz, donde murieron quemadas 31 personas, presuntamente por un acto criminal cometido por el cártel de Jalisco, cuando ya estamos frente a otro episodio terrorífico y no menos explosivo: la probable ejecución extrajudicial de ocho personas a manos de militares y policías estatales en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Y, pese a estos embates, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin tener una posición firme frente al crimen: cuando no dice que la inseguridad está bajando les manda mensajitos a los grupos criminales como si sus palabras fueran suficientes para disipar la ola de violencia que por todas parte azota al país. Es evidente la ausencia de una política contra el crimen organizado.

Tamaulipas está en crisis.

Desde hace una semana, ninguna autoridad local ni federal ha mostrado capacidad para poner orden ante los enfrentamientos entre la policía estatal y el Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas que alcanzó el nivel de cártel y que se ha convertido en una verdadera pesadilla para el gobierno del panista Daniel Cabeza de Vaca.

Para colmo, el titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, denunció que el pasado 5 de septiembre la policía estatal y efectivos del Ejército Mexicano ejecutaron extrajudicialmente a ocho personas –cinco hombres y tres mujeres –al simular un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes en la colonia Valle Anáhuac de la ciudad de Nuevo Laredo.

Según el activista, cuenta con prueba de los hechos como el testimonio de Cassandra y Azucena –deudos de algunas de las víctimas –, el operador de una grúa y videos que acreditan que, ese día, no existió ningún enfrentamiento armado entre agentes estatales, militares y delincuentes; asegura que todo fue una simulación en la que también participó el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas.

La denuncia de la ejecución extrajudicial encendió las alarmas en Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación porque el Gobierno de la Cuarta Transformación había hecho llamados con respecto a que los cuerpos de seguridad no deben ser utilizados para reprimir a la población y menos para cometer actos de esta naturaleza.

Al menos ese ha sido el llamado permanente del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los efectivos de la Guardia Nacional, cuyos elementos, sin embargo, han incurrido en algunos abusos ahora que se les encomendó servir de muro de contención para evitar el paso de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos.

El caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas ya atrajo la atención del Gobierno federal y, según el Presidente, será la Fiscalía General de la República la que se ocupe de investigar si, en efecto, agentes estatales y militares cometieron tal acto y comprobar si, también, las autoridades tamaulipecas simularon un enfrentamiento con presuntos narcos para montar el escenario perfecto para asesinar a las cinco personas.

Según la denuncia de Raymundo Ramos, las personas que perdieron la vida habrían sido sacadas de sus domicilios y trasladadas a una casa de la colonia Anáhuac donde vivía un hombre, su hija y su nieta. El sujeto y las siete personas que antes habían sido sacadas de sus domicilios fueron obligadas a vestir ropa tipo militar que tenían colocado un escudo que decía “Cártel del Noreste”. Después, dijo Ramos, fueron ejecutadas.

Enseguida, una grúa de la Dirección de Tránsito Municipal arrastró una camioneta hasta el lugar de los hechos donde se movían los presuntos hombres armados que habrían atacado el convoy de policías estatales y militares.

El caso también fue tomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de inmediato dispuso de un equipo de investigadores para conocer qué pasó realmente el 5 de septiembre en Nuevo Laredo.

Por lo pronto, el Gobierno federal ha ordenado implementar medidas cautelares de protección a los testigos de estos hechos, pues resultarán clave en el desarrollo de las investigaciones.

El caso tomó una relevancia mayor porque no se conocía de un evento así desde los hechos de Tlatlaya, Estado de México, donde, según la CNDH, en 2014 el Ejército ejecutó a 15 de las 22 personas que murieron en esa ocasión. Este fue uno de los casos más dolorosos y criticados porque efectivos militares habían asesinado a civiles desarmados que antes se habían rendido ante los soldados.

Volviendo a Tamaulipas, cabe decir que en sus últimos cuatro sexenios ese estado se ha visto atenazado por la corrupción institucional y la violencia del narcotráfico, flagelo que está arraigado hasta sus entrañas.

Tres de sus últimos gobernadores –Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –están incluidos en amplias investigaciones tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado desde el poder.

El único que está libre es Cavazos Lerma, aunque no es ajeno a la crisis humana y de violencia extrema que vive Tamaulipas. Tomás Yarrington, a quien las autoridades estadunidenses comenzaron a investigar desde 1998, siendo aun gobernador, fue uno de los principales artífices de la corrupción que permitió que el cártel del Golfo y Los Zetas se entronizaran en ese estado.

Se documentó en México y en Estados Unidos que Yarrington Ruvalcaba llegó a la gubernatura de ese estado financiado por el narcotráfico. Después, desde el poder, sirvió a esos intereses. Se afirma que hasta los programas sociales del Gobierno fueron utilizados para lavar dinero sucio.

Los vínculos de Yarrington con el crimen organizado se comenzaron a indagar desde que era Alcalde de Matamoros, a mediados de los años noventa. Ahí empezó su descomunal enriquecimiento: ranchos, casas, autos de lujo y grandes extensiones de tierra en zonas de alta plusvalía forman parte del patrimonio descomunal que amasó el ex mandatario y que puso a nombre de varios testaferros, muchos de ellos testigos clave en su juicio, pues eran lavadores de dinero del cártel del Golfo.

Yarrington huyó de México y durante nueve años nada se supo de él. Durante un operativo que la policía italiana realizó fue localizado en Florencia, donde vivía cómodamente. Fue arrestado y después de algunos meses fue extraditado a Estados Unidos, donde espera sentencia.

Aunque todavía no es extraditado, la misma suerte corrió Eugenio Hernández Flores, sucesor de Yarrington en el Gobierno de Tamaulipas: fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hace dos años, bajo cargos de fraude por la adquisición de un terreno cerca de la zona portuaria de Altamira. El predio era propiedad del Gobierno estatal y lo compró a bajo costo no obstante que su valor era mucho mayor.

En el fondo de este pleito yace la venganza de Cabeza de Vaca, pues Hernández Flores impidió que llegara a la gubernatura cuando él dejó el cargo.

Pero este caso es menor comparado con el amplio expediente que armó la Fiscalía de Texas en su contra por presuntos nexos criminales y lavado de activos: se le acusa de no acreditar el origen de 30 millones de dólares que, a través de varias transferencias, Hernández Flores realizó a Estados Unidos.

Para el ex mandatario, el dinero proviene de sus negocios en bienes raíces; para las autoridades de Estados Unidos, los fondos no acreditados son producto de sus nexos con el narcotráfico.

Lo cierto es que, al igual que Tomás Yarrington, Eugenio Hernández también llegó a la gubernatura de Tamaulipas apoyado con financiamiento del crimen organizado.

Según los expedientes de este caso, Hernández Flores protegió desde el poder las actividades del cártel del Golfo y de Los Zetas, en cuyo gobierno ambos grupos criminales vivieron una etapa de esplendor porque controlaron el tráfico de drogas a gran escala y se apoderaron de la vida pública del estado: el crimen organizado perpetraba matanzas tanto de día como de noche, tomaba decisiones en los cuerpos policiacos y participaba directamente en los procesos electorales para secuestrar, amenazar o desaparecer a los candidatos opositores al PRI.

Toda esta violencia generalizada le fue heredada al actual Gobernador, Francisco Daniel Cabeza de Vaca; sin embargo, en lo que va de su Gobierno el panista tampoco ha podido poner orden en el estado: a los cárteles del Golfo y Zetas –por años amos y señores del tráfico de drogas –ahora se suma el Cártel del Noreste, escisión de Los Zetas.

Este grupo criminal aparentemente está enfrentado con el Gobierno estatal, pero ahora que salieron a flote las presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por efectivos militares y policías estatales, se abren nuevas brechas para que las autoridades federales investiguen qué pasó con las ocho personas asesinadas el 5 de septiembre en Nuevo Laredo.

Es probable que, además de indagar el por qué del abuso de autoridad de los cuerpos de seguridad, también se abran líneas de investigación respecto de la presunta complicidad entre el narcotráfico y la policía de Tamaulipas, lo que no resultaría novedad porque dicha relación no es nueva: ya tiene bastante tiempo.

Finalmente, no parece existir en Tamaulipas ninguna diferencia entre los gobiernos de Yarrington, Hernández Flores y Cabeza de Vaca: éste último también ha sido sacudido por escándalos de corrupción y su falta de autoridad es más que evidente al no poder con la violencia que atenaza al estado. No es descabellado que Cabeza de Vaca también termine envuelto en líos igual que sus antecesores.