El plazo para que los ciudadanos exijan una consulta popular que lleve a juicio a los expresidentes de México por corrupción y desvíos de recursos vence el 15 de septiembre. De norte a sur se han movilizado para juntar las 1.8 millones de firmas que establece la ley, pero en caso de no conseguirlas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría ejercer su derecho y mandar la iniciativa a la SCJN.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– A unas horas de que venza el plazo, miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ciudadanos y activistas se movilizaron este domingo para recabar las 1.8 millones de firmas que exige la ley para solicitar una consulta popular que lleve a juicio a los expresidentes mexicanos.

Los firmantes piden al Instituto Nacional Electoral (INE) una consulta ciudadana bajo la pregunta: “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.

Aunque la pregunta es abierta, los que recogen las firmas portan carteles con los rostros de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

El productor Epigmenio Ibarra, acompañado de activistas como Omar García, uno de los normalistas de Ayotzinapa, convocaron a participar en la recolección de firmas en varios estados de la República. En la Ciudad de México, de acuerdo con la Senadora morenista y candidata a la Secretaría General de Morena, Citlalli Hernández, rebasan las 600 mil firmas.

De Baja California a Chiapas, y desde San Luis potosí pasando por la Ciudad de México, hasta llegar a Quintana Roo, simpatizantes de Morena, legisladores y activistas publicaron fotografías en redes donde se observan las carpas en las que se recolectan las firmas.

La idea de una consulta ciudadana es del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción.

No obstante, el Mandatario sostiene que quiere evitar la “venganza” contra sus predecesores, por lo que estos sólo serán investigados por el actual Gobierno si lo decide el pueblo en una consulta.

De acuerdo con la ley, el Presidente puede mandar la iniciativa para enjuiciar a los expresidentes para que la valide o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las otras dos vías son, como él explicó, que lo solicite una tercera parte de los legisladores, ya sean de la Cámara de Diputados o Senadores, o juntar las firmas del 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, cerca de 1 millón 800 mil, a más tardar el 15 de septiembre.

–Con información de EFE