La solicitud, es para que el organismo adopte medidas cautelares para evitar conflictos entre la Guardia Nacional y los agricultores en la presa La Boquilla.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo/Zeta).- La familia LeBarón y agricultores de Chihuahua pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar la violencia relacionada con el conflicto del agua en la presa La Boquilla.

A través de una videoconferencia, solicitaron al organismo adoptar medidas cautelares para que el Estado no haga uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de orden civil y así evitar conflictos entre la Guardia Nacional y agricultores de la presa La Boquilla.

Asimismo, que el Gobierno garantice la estabilidad económica de las personas de la región que se están viendo afectadas debido al tratado internacional de aguas suscrito por México y Estados Unidos en 1944, que regula el volumen de fluido que corresponde a cada nación con motivo del escurrimiento de los ríos de ambos lados de la frontera que llega al Río Bravo, considerado afluente internacional. Cada país entrega una cuota de agua al otro, y aunque los norteamericanos han cumplido, México debe con atraso 3.6 millones de metros cúbicos de agua.

“No estamos en contra de que se cumpla el trato con Estados Unidos, pero estamos buscando que el Gobierno mexicano reflexione sobre sus prioridades y cómo va a afectar a los agricultores, que buscan soluciones en un clima de paz, especialmente que no haya más violaciones a los derechos humanos como ha sucedido en el caso lamentable de Jessica, y otros casos que sabemos”, comentó Bryan LeBarón en conferencia de prensa.

De acuerdo con Bryan LeBarón, 12 mil personas podrían verse afectadas por la falta de agua, lo que podría desencadenar un problema económico y que miles se vean obligadas a migrar a los Estados Unidos.

Por su parte, Julián LeBarón, lamentó que las autoridades no estén actuando de manera responsable para resolver los problemas sociales, y dijo que es lamentable que el Gobierno federal quiera militarizar las presas, las aduanas y la seguridad pública.

Tras anunciarse que se abrirían las compuertas de la presa La Boquilla a principios de año para pagar la deuda de agua al vecino país del Norte, agroproductores de Delicias y Camargo acudieron a la cortina de concreto para impedir el trasvase. El 4 de febrero, elementos de la Guardia Nacional se presentaron para impedir la toma de la presa, pero los que se dijeron afectados lograron imponerse y evitaron la extracción del agua.

El Gobierno del Estado de Chihuahua y los alcaldes involucrados (Delicias, Camargo y San Francisco de Conchos) se manifestaron en contra de la actitud del Gobierno Federal, comprometiéndose con los comuneros a defender su causa. Los forcejeos regresaron en julio cuando el día 19 los campesinos se enteraron de trasvases de las presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y Luis L. León (El Granero), siendo contenidos por la Guardia Nacional que utilizó tácticas antidisturbios para repeler a unas 500 personas.

Semanas después, la Conagua informaría que había agua garantizada para el ciclo 2020 en Chihuahua, pues había concluido la dotación del recurso en Las Vírgenes y El Granero, cumpliéndose el compromiso establecido entre autoridades y productores de la entidad para garantizar al 100 por ciento el líquido de riego necesario para las actividades agropecuarias.

Sin embargo, el 6 de septiembre último, se presentaron elementos de la Guardia Nacional en La Boquilla para respaldar a personal de la Conagua que abriría las compuertas de la presa para cumplir con el tratado de aguas con EU y un grupo de comuneros acudió al sitio para tratar de frustrar la maniobra; sin embargo, nuevamente fueron contenidos y obligados a retirarse, lo que motivó protestas frente al Palacio de Gobierno en la Capital del estado.

Con una mayor organización, los agroproductores se volvieron a presentar en La Boquilla para enfrentarse con los policías militarizados. Entre garrotazos y detonaciones de gases disuasivos, los manifestantes se impusieron y cerraron la válvula de desfogue, replegando a los uniformados, quienes casi al anochecer optaron por retirarse, llevando consigo a tres detenidos por portación de granadas. La noche de esa misma fecha, en Delicias, los agentes de la Guardia Nacional se toparon con varios vehículos que al parecer intentaban cerrarles el paso para rescatar a los detenidos, y los gendarmes dispararon sobre ellos.

En la acción se reportó la muerte de Jessica Estrella Silva Zamarripa, mientras que su esposo Jaime Torres Esquivel resultó gravemente herido, ambos con lesiones en la espalda producidas por proyectil de arma de fuego. Versiones oficiales aseguraron que los manifestantes atacaron a tiros las unidades GN-332343 y GN-332340 y los agentes solo habían repelido la agresión. Lo cierto es que ninguno de los vehículos oficiales presentaba disparos.

Días después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el enfrentamiento de comuneros con la Guardia Nacional era un asunto político, donde PAN y PRI han acarreado gente tratando de sacar provecho personal. Por su parte, el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, reconoció el 18 de septiembre que la muerte de Jessica fue un lamentable accidente.

-Con información de Zeta.