Embajador de México en EU, Eduardo Medina Mora. Foto: Cuartoscuro.

Embajador de México en EU, Eduardo Medina Mora. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– El Gobierno federal envió al Embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, un documento con instrucciones para declarar que la desaparición de 43 estudiantes en Iguala es un caso aislado que contrasta con la situación de “paz e instituciones fuertes y confiables” que se vive en la mayor parte de México.

“Esta no es una situación generalizada en el país. La mayoría de las regiones de México viven en paz y tienen instituciones fuertes y confiables. Sin embargo, hay lugares donde el crimen organizado se ha infiltrado en las autoridades municipales. Aunque es un tema focalizado, es inaceptable, ya que las consecuencias pueden ser, como en este caso [en Iguala], devastadoras”, dice un documento -en poder de SinEmbargo- enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la representación de México en la capital norteamericana.

“La reacción de la ciudadanía no sólo es comprensible, sino que también la comparte el Gobierno mexicano en su totalidad. Estamos indignados, estamos devastados. Esta es una tragedia y el Gobierno federal está actuando y seguirá actuando en consecuencia”, agrega el párrafo con la instrucción.

El documento se titula “Ficha con respecto a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, y la seguridad en México” y tiene fecha del pasado miércoles 12 de noviembre, justo cuando la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, llamó a las partes en conflicto a mantener la calma y al Gobierno mexicano a procurar justicia para las 43 víctimas.

El documento incluye también una serie que llama “Posibles preguntas y preguntas”, en las que se instruye al Embajador Medina Mora responder, entre otros cuestionamientos, por qué el Gobierno mexicano descarta que el caso de Iguala sea “un crimen de Estado”, como lo han llamado los manifestantes en diversos puntos del país, y también por qué no fue posible que el Ejército interviniera durante el ataque contra los civiles.

Y, en ese sentido, la respuesta es que los militares “no pudieron” intervenir y que, de haberlo hecho, hubiera sido a favor de los policías. “Hay una base militar en la región de Iguala, pero la única información disponible ese día fue que había una confrontación entre la policía local y un grupo de civiles. Legalmente, si el Ejército o la Policía Federal hubieran intervenido, hubiera sido en defensa de la autoridad local, la cual en este caso era la que estaba actuando en contra de los civiles. Al calor del momento era imposible saberlo. Legalmente, las fuerzas federales sólo pueden intervenir cuando una autoridad local le pide apoyo o cuando se está cometiendo un crimen de carácter federal”.

Las primeras de las “Posibles preguntas y respuestas” son si el de Iguala fue un crimen de Estado o si en México existe una política sistemática de violaciones a los derechos humanos, ante lo cual la instrucción para Medina Mora es responder que “absolutamente no. Lo que vemos en Iguala son autoridades locales que abusan de su poder para cometer crímenes, pero también vemos que el Estado está actuando contra ellos. Tengan en cuenta que prácticamente cada autoridad local implicada en el caso de Iguala ha sido detenido o está siendo buscada”.

Otra pregunta posible cuya respuesta fue redactada desde la Ciudad de México es “por qué el Gobierno federal permitió que lo Ayotzinapa ocurriera”, o “por qué le tomó tanto tiempo a las autoridades federales intervenir”, ante lo que la contestación es que no es así.

“Desde el principio, las autoridades competentes tomaron acciones. México tiene un sistema federal con Gobiernos municipales y estatales. Desde el día uno, el Gobierno de Guerrero inició una investigación con la asistencia del Gobierno federal. Con la primera evidencia de que el crimen organizado estaba implicado, la Procuraduría General de la República tomó el caso”, dice.

También, sobre la pregunta de “por qué el Presidente Enrique Peña Nieto se fue a China”, la respuesta ordenada para Medina Mora es que “el Presidente debe estar donde más se le necesite. Como padre, él hubiera preferido quedarse en México. Como Presidente, tenía que honrar los compromisos globales de México, mientras se asegura que el Gobierno federal continúa su esfuerzo incansable para encontrar a los estudiantes. Es importante clarificar que el Presidente decidió acortar el viaje. El foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es una reunión menos estructurada de jefes de Estado, lo cual permite conversaciones abiertas y sustanciales sobre asuntos de urgencia inmediata que no se permiten en otros foros”.

El documento también instruye al Embajador para que, en caso de que se le pregunte “¿por qué estos estudiantes?”, responder que los normalistas son víctimas inocentes y, en general, reproducir lo que ha sido la versión de los hechos planteada por la Procuraduría General de la República: “Eran estudiantes inocentes preparándose para ser maestros. Fueron llevados a Iguala en su camino a la Ciudad de México, donde participarían en una manifestación para recordar la masacre de estudiantes de 1968. Ese día en Iguala, la esposa del Alcalde estaba dando un discurso. Ahora sabemos que el Alcalde, su esposa y la policía local tenían vínculos con el crimen organizado. Cuando los estudiantes llegaron a Iguala, la policía local pensó que iban a irrumpir en el evento del Alcalde. Éste dio entonces la orden a la policía de capturar a los estudiantes. Durante la confrontación, seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes fueron secuestrados y entregados a la organización criminal Guerreros Unidos. En ese punto, el líder de Guerreros Unidos recibió un mensaje que le indicó que los estudiantes capturados eran miembros de un grupo rival, llamado Los Rojos, y que estaban tratando de entrar en territorio de Iguala. El líder de Guerreros Unidos dio entonces la orden de que se procediera contra ellos. Esto es lo que sabemos hasta el momento”.

“MEXICO NO TIENE PROBLEMAS DE TRAFICO DE DROGAS”

Otra de las instrucciones giradas por el Gobierno federal mexicano al Embajador en Estados Unidos es que, al poner el caso de Iguala en un contexto más amplio sobre los problemas de seguridad en México, afirme que el país no tiene un problema de tráfico de drogas, sino de seguridad pública.

“Contrario a lo que dice la creencia popular o las narrativas públicas, México no tiene un problema de tráfico de drogas. Más bien, tiene un problema de seguridad pública que ha sido grandemente amplificado por el tráfico de drogas”, dice el documento.

“Puesto en otros términos, los problemas de seguridad pública en México no son el resultado directo de la evolución del crimen organizado ni se limitan a los efectos, tamaño y dinámicas de las organizaciones criminales. Por el contrario, la violencia relacionada con el crimen organizado no es resultado directo de las deficiencias de México en materia de seguridad, ya que el crimen organizado sigue sus propias lógicas y dinámicas. Lo que es cierto, sin embargo, es que el crimen organizado ha tomado ventaja de las debilidades de las instituciones de seguridad pública de México para expandir su influencia, y las organizaciones criminales han engrandecido el problema de seguridad en México”, agrega el texto.

En el apartado de contexto, el documento presenta un análisis sobre la problemática de la inseguridad en México en la que, básicamente, relata cómo la descentralización de poder que se empezó a dar en el país a partir de 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría del Congreso de la Unión y, tres años después, la presidencia de la República, generó una constante transferencia de poderes hacia los gobiernos estatales y municipales que, en algunos casos, no estaban preparados para enfrentar ni fiscalizar las nuevas responsabilidades.

“Todo esto puede ayudar a explicar por qué el crimen organizado ha ampliado el problema de seguridad pública en México: en un paisaje institucionalmente dividido, con fuerzas de seguridad atomizadas y con enorme diversidad de recursos, entrenamiento y habilidades, y frecuentemente con incentivos pervertidos y confrontados entre niveles de gobierno con pocos mecanismos de rendición de cuentas, y con la capacidad corruptora del crimen organizado, es más fácil para una organización criminal encontrar a presidentes municipales qué cooptar porque son débiles o corruptos o enfocados en sus cálculos políticos y económicos súper locales, y no en las implicaciones institucionales mayores”, dice.

El texto plantea luego que las organizaciones criminales han llevado el problema estructural de seguridad pública a su actual “dimensión” gracias a la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos, y al abasto de armas de alto poder procedentes también de ese país.

“Dicho esto, México no enfrenta una crisis de seguridad nacional. Más bien, enfrenta un problema de seguridad pública con diferentes niveles de intensidad en diferentes regiones y estados”, dice.

Luego se refiere a los casos de Ciudad Juárez y de Tijuana para mencionar casos “exitosos” de superación de crisis en la materia.

“También hay ejemplos exitosos a nivel local y estatal, donde la acción decisiva de los tres niveles de gobierno, con la activa participación de la sociedad civil, ha superado momentos temporales de crisis. Los recientes ejemplos de Tijuana y Ciudad Juárez muestran cómo ciudades que fueron críticamente afectadas por el crimen organizado, pero en las que hubo una amplia colaboración entre los Gobiernos estatal, federal, municipal, ciudadanos locales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil alteraron el panorama radicalmente, poniendo a las dos ciudades en un camino virtuoso y positivo”.

También en el contexto, el documento explica que el problema de seguridad pública de México tiene sus raíces en “tres elementos estructurales de la configuración institucional del país que fueron útiles en el momento histórico en el que fueron implementados, pero que han dejado de ser apropiados a medida que el país evoluciona”.

El primero de ellos, dice, es el “origen político de las fuerzas de seguridad del país”, las cuales fueron diseñadas, desde la Revolución Mexicana, para proteger la estabilidad política, no la seguridad pública.

Los otros elementos estructurales del problema de seguridad, explica el texto, son el proceso de democratización del país y sus efectos de debilitamiento del poder Ejecutivo, y la descentralización del poder.