Tal como se esperaba, la reforma al outsourcing despertó reclamos. La Coparmex se quejó de que el Gobierno federal no los invitó a las mesas para definir el futuro de esa modalidad de contratación, pero de acuerdo con especialistas, los tiempos en que los empresarios dictaban las leyes ya pasaron.
–Con información de Efrén Flores
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Poco después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y el titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, presentaran la iniciativa para regular el outsourcing, el líder del sindicato de patrones más grande de México acusó al Gobierno federal de traición porque no les consultó. Pero la reforma que propone el Ejecutivo federal es para frenar el abuso que comenzó desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que por años realizaron miles de patrones, utilizando esta figura de contratación para “estafar“ a los trabajadores.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther, un empresario que es un abierto opositor al Presidente López Obrador, aseguró que la iniciativa del outsourcing violenta los acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones de patrones y es una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal, estos últimos argumentos utilizados por los empresarios, por ejemplo, para evitar el aumento al salario mínimo desde el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari.
El día de ayer, el Gobierno de México envió al Congreso una reforma en materia laboral para modificar el esquema de subcontratación con el fin de ordenar el esquema y deje de ser una modalidad que permita la evasión fiscal y afecte a la población trabajadora en sus prestaciones. La titular de la STPS, Alcalde Luján, dijo que la base del proyecto de reforma establece que el trabajo no es una mercancía sino un derecho y un deber social. La propuesta de reforma, agregó, es integral.
De acuerdo con especialistas consultados por SinEmbargo, las resistencias a la reforma eran previsibles. Pero coincidieron en que después de años en que los derechos laborales fueron pisoteados por este modo de contratación, preguntar si se está a favor o en contra es como preguntar si se continúa o no con la esclavitud. Otros expertos en el tema laboral consideraron que la iniciativa es “agresiva” al momento en que prohíbe de manera generalizada el outsourcing y no opta por la regulación de éste.
Ante la pregunta, de si era adecuado incluir al sector privado en la discusión de la viabilidad del outsourcing, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que era inaceptable el reclamo del líder de la Coparmex porque los trabajadores están “esclavizados y parte de su ganancia, de su plusvalía, se le entrega a un personaje que simplemente cumple un papel de fantasma laboral. La relación de trabajo se establece entre patrón y trabajador. Olvidémonos del outsourcing, eso sería lo mejor para el país, lo más justo”.
“¿Cómo voy a consultar [a los empresarios] si el outsourcing es algo indebido? Es preguntar si consideran adecuado que se debe acabar este tipo de esclavitud; los patrones van a decir que no porque es un privilegio para ellos. Estamos en un régimen donde los patrones tienen su lugar pero no nos gobiernan. Eso es importante. Antes gobernaban los patrones; ellos iban y le decían al Presidente qué hacer. Eso fue antes, ahora no. Y claro ese privilegio de poder mandar duele que se los quiten”, agregó el especialista.
LOS CAMBIOS QUE VIENEN
El saldo de la subcontratación, a la que la administración de Felipe Calderón Hinojosa le dio luz verde y que Enrique Peña Nieto se encargó de aplicar, es negativo para los mexicanos. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son claros: la subconcontratación fue año con año en aumento: en 2004, la cantidad de personal subcontratado era de 1 millón 399 mil 264 y para 2009 la cantidad ya era de 2 millones 732 mil 247; en 2014 se situó en 3 millones 578 mil 247 y para 2019, la cifra más reciente, fue de 4 millones 685 mil 356 personas.
En el mismo periodo en que el outsourcing vivió su época de oro y es el del salario. En las grandes empresas, la tasa de crecimiento anual de 2014 a 2019 fue de -3 por ciento; en las Pymes fue de -0.5 por ciento y en las micro, de -0.1 por ciento.
La nueva propuesta federal contempla la regulación de tres figuras vinculadas al outsourcing: la subcontratación de personal; los servicios y de obras especializadas; y las agencias de colocación. También incluye sanciones más severas, como multas, además de proceder en contra del empleador con base en el delito de defraudación fiscal.
Luisa María Alcalde estimó que al año hay una creación de 200 mil puestos para trabajadores subcontratados. El esquema participa en empresas grandes de más de 250 personas empleadas, que se desarrollan en sectores como el de la manufactura y el de servicios, principalmente.
De acuerdo con Enrique Larios, se trata de una segunda declaración para abolir la esclavitud de los seres humanos, “el trabajador que presta sus servicios a través de outsourcing es alquilado, es tratado como cosa y hay alguien, que es la empresa outsourcing, que tiene una ganancia inmoral. El sector empresarial dice que no fue consultado. ¿Se necesita que los empresarios estén de acuerdo en acabar con la esclavitud para acabarla? Yo creo que no. Esto no nada más es una cuestión de un gobierno, es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo”.
El abogado dijo que en el plano siguiente se debe caminar hacia una relación directa como lo establece la Ley Federal del Trabajo, en la que la subcontratacion “es un pegote que se hizo en 2012 y no se le consultó a los trabajadores; se les habrá consultado a los líderes de los sindicatos, de algunos. Ellos dan firmas al mejor postor, pero a los trabajadores no consultaron, a la academia tampoco”.
Sobre esto, la maestra Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, dijo que al hablar de outsourcing se parte de dos puntos de vista: cuando se es el patrón “sí conviene porque no se pagan impuestos, no se tiene la relación obrero-patrón” pero del lado de los trabajadores son violentados todos los derechos laborales.
“Me extraña que se manifiesten ahorita. Pareciera que estas agrupaciones, lejos de estar más preocupados por la protección de los trabajadores, están enfocados en sus intereses. Cabe la pregunta, ¿me perjudica o me interesa que los trabajadores tengan más y mejores derechos? Es una doble moral”.
MEJOR REGULACIÓN QUE PROHIBICIÓN
En un comunicado de prensa, la Coparmex aseguró que con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.
“El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal. Asimismo, está a favor de cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la Subcontratación Laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. Se debe regular, no prohibir”, se agrega en el comunicado.
José Luis Vásquez Costa, coordinador de la Licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, comentó en entrevista que la iniciativa es un tanto agresiva al ser similar a la que el Senador Napoleón Gómez Urrutia presentó a inicios de este año en la que asentaba que casi todas las empresas que se dedican al outsorucing son ilegales.
“En ese momento el Presidente dijo que no era el momento de hacer esa ley porque no se podían perder empleos por la pandemia. Ahora es sorpresivo que el Gobierno federal lo hace, pero además lo hace con la misma intención, porque la propuesta de prohibición de la subcontratación no es solo hacia un tipo de empresas, sino hacia toda la subcontratación”, dijo.
También dijo que dentro del texto se incluye un esquema que clarifique si son todas las empresas, porque hay unas empresas grandes que se dedican a esto y que están dentro de esquemas regulados que cumplen con las obligaciones.
Sobre la opinión de que se perderán empleos, señaló que no se frenará la apertura de nuevas plazas de empleo, sino que pasará tiempo para que se pueda observar cuál es exactamente el esquema sobre el que las empresas se van a tener que mover, ya que se pretenden armonizar seis leyes, no solo la Ley Federal del Trabajo, sino la Ley del IMSS, del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, el ISR e IVA.
“Quiere decir que no solo habrá una regulación en la parte laboral, sino también en la parte fiscal. Adicional a ello, están hablando de multas y de señalar como defraudadores fiscales a las empresas que llevan a cabo la actividad, pero como hay un contrato de servicios, entonces quien contrate ese tipo de empresas será responsable solidario y seguro caerá en el ojo del huracán”, explicó Vásquez Costa.
Por su parte, el doctor Luis Antonio Andrade Rosas, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, dijo que en un contexto como el actual, en que la pandemia agrava la situación económica y en que la subcontratación de trabajadores genera incentivos de inversión a costa de beneficios sociales, una reforma que no integre a los actores directamente involucrados podría traer consecuencias negativas, ya sea deprimiendo rubros de inversión o causando reducciones salariales y pérdidas de empleo para compensar aumentos en prestaciones sociales.
Para el académico, el problema con el outsourcing no sólo son los esquemas de defraudación a los sistemas de seguridad social que el Gobierno busca prevenir y perseguir, sino la complicada relación de elementos en la cadena productiva que involucra dinámicas para mejorar utilidades por parte del empresariado, en tensión con la necesidad del trabajador de tener mayores ingresos y garantías de desarrollo laboral y personal. En ese sentido, el especialista en temas de negocio explicó que el Gobierno debe de fungir como un intermediario y regulador, más que como una instancia de imposición.
Si el Gobierno federal interviene de manera equívoca, expuso Andrade Rosas, “va a causar un mayor desempleo o va a haber al menos fuga de capitales por parte de las empresas, por la restricción en la flexibilidad” de éste tipo de esquema laboral. “¿Cómo se puede mediar? Con un acuerdo entre trabajadores y empresas sin que se imponga el Gobierno”, abundó el investigador.
