Brasilia, 4 abr (dpa) - La abogada Erenice Guerra, ex jefa del Gabinete Civil de la Presidencia durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva y ex asesora de la actual presidenta, Dilma Rousseff, está bajo sospecha de integrar una red de corrupción que causó pérdidas multimillonarias al Estado.
Según publicó hoy la revista semanal "Veja", Guerra será investigada por su presunta participación en una trama de pago de sobornos a miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda.
La red actuaba en favor de grandes empresas que cuestionan los valores de multas que según el fisco deben abonar por haber evadido impuestos. Los sobornos eran pagados a cambio de que el Consejo redujera o cancelara esas deudas.
Se estima que el grupo causó un perjuicio de cerca de 19.000 millones de reales (unos 6.000 millones de dólares) al Estado, al ayudar a grandes contribuyentes a evadir impuestos.
El CARF es una especie de tribunal integrado por representantes del gobierno y de los contribuyentes. Su misión es, precisamente, juzgar los reclamos y apelaciones de los contribuyentes que cuestionan las multas impuestas por la Recaudadora Federal.
Según se desprende de documentos obtenidos por los investigadores y divulgados parcialmente por "Veja", Guerra se asoció secretamente con el abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero de 2014, y es apuntado como uno de los líderes del grupo delictivo.
Uno de los documentos que incrimina a la ex ministra es un contrato firmado entre ella y la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.
En el documento, firmado en 2013, Guerra se compromete a prestar "servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la Administración Tributaria Federal".
Supuestamente Guerra se habría asociado a Silva en la época en que éste integraba el CARF para cumplir con el acuerdo.
La deuda con el fisco que cuestiona el grupo chino asciende a 705,5 millones de reales (cerca de 227,6 millones de dólares). Según lo acordado, la abogada recibiría el 1,5 por ciento del valor que la empresa dejara de pagar al Estado.
Por su parte, el diario "O Estado de Sao Paulo" asegura que la policía encontró indicios de que uno de los cabecillas de la red ilegal es el ex secretario de la Recaudadora Federal Otacílio Dantas, quien presidió el CARF desde 2011 hasta enero pasado.
La información se basa en escuchas telefónicas, autorizadas por la Justicia, las cuales indican que Dantas mantenía estrechos vínculos con varios de los investigados, entre los que se encuentran empresarios y consejeros del CARF.
Según informó el comisario de la Policía Federal Marlon Cajado, responsable por el operativo que desmanteló el esquema ilegal, las empresas pagaban sobornos de hasta el 10 por ciento del valor de las multas, para que el grupo manipulara los veredictos del CARF, atenuando o anulando las deudas con el fisco.
