Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– Ricardo Antonio Bucio Mujica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo este día que la fianza impuesta a los jornaleros de San Quintín de 7 millones de pesos, no es “ni racional, ni proporcional”.
El funcionario dijo que una fianza como la impuesta a los trabajadores agrícolas “debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”, agregó al señalar que hay mecanismos judiciales para que pueda reconsiderarse.
Ayer, un juzgado del Poder Judicial del estado en el municipio de Ensenada, Baja California, estableció una fianza de 7 millones de pesos para cada uno de los tres jornaleros acusados de realizar destrozos en la colonia La Triqui al sur de esa localidad el pasado sábado.
Bucio Mújica recordó que la Ley Federal para Prevenir y Combatir la discriminación indica que los actos de discriminación cuando se califican no son objetivos, no son racionales y no son proporcionales.
Explicó que el Conapred no puede intervenir en el caso porque hay una queja abierta por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Por ello es que se ha dialogado con este organismo autónomo y se le ha ofrecido el apoyo necesario si hay discriminación.
También manifestó que los jornaleros viven una discriminación múltiple, pues casi todos son indígenas que están fuera de su territorio, no tienen igualdad de condiciones para negociar con los empleadores, y otras situaciones de vulnerabilidad que los pone en mayor riesgo.
“Históricamente ha sido un grupo que está en una desventaja en condiciones laborales, yo lo que espero es que esta situación ayude a regularizarlos, no pueden ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos”, opinó.
Afirmó que que las autoridades federales y locales tienen la responsabilidad de impulsar y lograr hacer un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.
Por su parte, el líder nacional del partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, pidió la intervención del Gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid ante el Poder Judicial local, para modificar las fianzas e instalar -con apoyo federal- una mesa de diálogo con los jornaleros y buscar una salida pacífica al conflicto.
Navarrete Ruiz dijo que es inaceptable que el Poder Judicial de Baja California, haya fijado fianzas de siete millones de pesos para obtener la libertad de los jornaleros detenidos; la resolución afirmó, “es arbitraria y exagerada, por lo que no puede ser aceptada”.
A su vez, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, calificó de insultante la fianza y consideró que ésta “tiene como objetivo intimidar a todo aquel que se pretenda organizar para defender sus derechos”.
El perredista dijo que se debe liberar a los trabajadores agrícolas detenidos, sin ninguna condicionante, abrir las mesas de diálogo y construir los acuerdos necesarios para atender sus peticiones, “porque la obligación de la autoridad es tutelar los derechos de los trabajadores”.
MULTA DE 7 MILLONES
Los cargos que los jornaleros de San Quintín enfrentan son derivados de los disturbios en esa comunidad llevados a cabo el sábado pasado, cuando fueron destruidos dos vehículos privados, dos patrullas y una tanqueta.
En un principio las autoridades detuvieron a once personas, acto seguido, cuatro menores de edad fueron puestos en libertad, a otros tres se les concedió una fianza menor y hubo un cuarto al que se le fijó una fianza de 500 mil pesos.
Sin embargo, ayer, el juzgado determinó que hubo mayor responsabilidad a estas últimas tres personas en los hechos y les fijó la fianza individual de 7 millones de pesos, monto que aún puede ser modificado durante el proceso penal.
Ese sábado, de acuerdo con las grabaciones de video tomadas por comunitarios, al menos 70 jornaleros resultaron heridos y nueve terminaron hospitalizados con lesiones de gravedad.
Los habitantes señalan que la policía irrumpió en las casas y arremetieron en contra de mujeres, menores de edad y ancianos.
Por su parte el gobierno estatal aseveró que los elementos de fuerza pública fueron enviados a ese comunidad tras recibirse una denuncia por parte de un ranchero, quien afirmó que personas estaban ingresando ilegalmente a su propiedad para quemar sus parcelas.
Según testimonios difundidos, los jornaleros recibieron disparos con balas de goma, y acusaron al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid de enviar a los policías a agredirlos. La Central Campesina Cardenista (CCC) denunció sobre dichas agresiones.
Los disturbios se dan en medio de una crisis que enfrentan los trabajadores agrícolas locales, quienes han reclamado un salario de 200 pesos por las largas jornadas labores de trabajo en el campo.
A pesar de los paros y las caravanas realizadas como medidas de presión, el gobernador Vega de Lamadrid se ha resistido a respaldar estas demandas.
El 28 de marzo los jornaleros retomaron sus labores, los patrones agrícolas accedieron subir el sueldo de 70 a 130 pesos diarios. Sin embargo, la inconformidad aún no ha sido resuelta y la tensión en Baja California aumentó debido a estos acontecimientos de violencia.
