Quito, 27 may (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador anunció hoy que esperará la sentencia del poder judicial sobre un caso de corrupción que involucró a la legisladora María Esperanza Galván, expulsada del movimiento oficialista tras el escándalo.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea decidió esperar a que haya una "sentencia ejecutoriada" de la Corte Nacional de Justicia para tramitar una eventual revocación del mandato de la asambleísta.
Galván, representante de la provincia costera de Esmeraldas (noroeste) por el oficialismo, ha sido acusada de haber pedido 800.000 dólares a nombre del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, para acometer una obra de agua potable en la capital provincial del mismo nombre.
También han sido imputados Miguel Salvatierra, antiguo gerente de la empresa de Agua Potable de Esmeraldas, a quien la legisladora habría solicitado el dinero, y Walter Patricio de la Torre Cevallos, por su presunta implicación en los hechos.
De su lado, la Contraloría General del Estado inició una investigación sobre los bienes patrimoniales de los 137 asambleístas que forman el unicameral Parlamento ecuatoriano.
El contralor general, Carlos Pólit, anunció que se levantó el sigilo bancario de las cuentas de los legisladores, según declaraciones recogidas en el portal web del diario El Comercio.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, pidió ayer a la Contraloría General del Estado que audite los bienes de los 137 miembros de la Cámara, tras destaparse el caso de corrupción.
