Asunción, 9 jun (EFE).- La sección paraguaya del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) aplaudió hoy la postura de la CIDH, que pidió el lunes a Paraguay que adopte medidas cautelares para proteger la vida de una niña de 11 años que está embarazada a causa de abusos sexuales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado paraguayo a proteger a la menor, cuyo embarazo de alrededor de siete meses y de alto riesgo por su corta edad podría vulnerar su derecho a la vida y a su integridad personal, física y psicológica.
El Estado paraguayo tiene ahora 72 horas para notificar cuáles son las medidas que adoptará para cumplir con el mandato de la CIDH.
Cladem, organización solicitante de las medidas cautelares junto con la agrupación Equality Now, celebró la posición de la CIDH y aseguró que espera "una respuesta positiva por parte del Estado paraguayo", expresó hoy a Efe Elba Núñez, representante de la ONG.
Añadió que la ley paraguaya autoriza a que se interrumpa de forma voluntaria el embarazo si hay riesgo de vida para la gestante, como sería el caso de la menor, a la que la CIDH le ha puesto el nombre ficticio de Mainumby para ocultar su identidad real.
"En este caso no sólo hablamos del riesgo de vida, sino de que la embarazada es una niña que acaba de cumplir once años, está desnutrida y ha sido abusada sexualmente. Obligarla a seguir con su embarazo es una forma de tortura", enfatizó Núñez.
Opinó, sin embargo, que el pronunciamiento de la CIDH ha quedado "incompleto", debido a que no protege a la madre de la menor embarazada, en prisión preventiva desde fines de abril por los supuestos hechos punibles de incumplimiento del deber del cuidado y como cómplice de abuso sexual en niños.
La mujer se encuentra "recibiendo amenazas de muerte en el penal" y en una "situación de indefensión", según la activista de Cladem, por lo que la organización solicitó su "inmediata puesta en libertad".
Núñez explicó que la madre de la menor cumplió con su obligación de denunciar los abusos sexuales que padecía su hija, pero la denuncia fue desestimada por la Fiscalía.
Después, deambuló con la niña por cuatro hospitales públicos, donde no detectaron el embarazo y dijeron que la niña tenía parásitos.
Finalmente, una vez diagnosticado el estado de gestación en que se encontraba Mainumby, a mediados de abril la madre solicitó la interrupción del embarazo "amparándose en la patria potestad que ejerce sobre la niña", dijo la activista.
Consideró, además, que la madre de la niña se encuentra ahora como "presa de conciencia", precisamente por haber pedido que se le practicara un aborto a su hija.
Según los últimos datos oficiales, en 2014 dieron a luz bebés vivos un total de 684 niñas de 10 a 14 años, cuyos embarazos a esa edad se consideran fruto de abusos sexuales y no de relaciones consentidas.
La cifra, según la representante de Cladem, es sólo la punta del iceberg, dado que no existe registro de las menores embarazadas por abusos sexuales que recurrieron al aborto clandestino, o de las que murieron por complicaciones derivadas de estos embarazos forzados o del parto y posparto.
