Panamá, 9 jun (EFE).- Panamá será la sede de la audiencia de seguimiento en el caso del pueblo Guna de Madungandí y Emberá de Bayano, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en 2014 al Estado panameño por la violación de sus derechos territoriales, informó hoy la Cancillería panameña.
La Cancillería no precisó la fecha de esta audiencia, pero recordó que recientemente una delegación del Gobierno compareció de manera voluntaria ante la CorteIDH para dar seguimiento a todos los casos y sentencias pendientes, plantear dificultades y reiterar su disposición a cooperar y dar cumplimiento a los veredictos.
Destacó, en ese sentido, que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha reconocido el avance e interés del Gobierno panameño por proteger y defender los Derechos Humanos.
También señaló que el país recibió felicitaciones de la comunidad internacional por la transparencia en la sustentación del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
Además, la Cancillería anunció que próximamente visitará Panamá, por invitación del Gobierno, el Relator para personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro.
En diciembre de 2014, la CorteIDH notificó la condena a Panamá por la violación de los derechos a la propiedad colectiva y a la protección judicial del pueblo Guna de Madungandí y Emberá de Bayano, a raíz de la construcción de una hidroeléctrica en 1972.
Panamá debe pagar por daños materiales 250.000 mil dólares para las comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí, y 1 millón de dólares para el pueblo Guna de Madungandí, mientras que por daños inmateriales tendrá que cancelar en el plazo de un año esas mismas cantidades a cada pueblo.
El caso surgió a raíz de la construcción de la represa de Bayano, para lo cual se inundaron las tierras que habitaban los pueblos indígenas de la zona y fueron trasladados a tierras alternativas.
La CorteIDH estableció la responsabilidad internacional del Estado panameño al derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas afectadas por no haber delimitado, titulado, ni demarcado por varios años las tierras alternativas asignadas a estos pueblos indígenas.
La Corte también ordenó a Panamá pagar 120.000 dólares a los representantes de los pueblos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e internacional.
La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del ente hemisférico.
El 16 de enero pasado, cinco entes públicos panameños acordaron elaborar un plan de trabajo para ejecutar la sentencia.
Esta comisión que dará seguimiento al fallo está presidida por la Cancillería e integrada por los Ministerios de Gobierno y Economía, la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad Nacional de Tierras, entre otros.
Los indígenas beneficiados por la decisión de la CorteIDH han solicitado al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que cumpla con la sentencia.
