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Francisco Ortiz Pinchetti

14/01/2022 - 12:04 am

El agandalle particular del espacio público

La identificación y ubicación de los infractores es factible simplemente a través de la propia propaganda

Hay lugares, como las colonias Roma o Del Valle, en que los gallardetes de plástico semejan verdaderos racimos que colman cada poste. Foto: Francisco Ortiz Pinchetti, Libre en el Sur.

Huele a contubernio. La PAOT acaba de acusar que las alcaldías de Ciudad de México incumplen su recomendación sobre el retiro de publicidad comercial en el mobiliario urbano y los árboles.

Concretamente, la Resolución 01/2021 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial capitalina, emitida desde el pasado mes de agosto y dirigida a las 16 alcaldías de CDMX, se refiere a los pendones y gallardetes colgados en los postes y árboles de calles, camellones y parques, prácticamente en todos los rumbos de la ciudad, aunque particularmente en las zonas de mayor cantidad de nuevos desarrollo inmobiliarios. Hay lugares, como las colonias Roma o Del Valle, en que los gallardetes de plástico semejan verdaderos racimos que colman cada poste.

En el documento se les conmina a “retirar de la infraestructura urbana, arbolado y patrimonio urbanístico la totalidad de esos elementos y el aseguramiento de los materiales y residuos utilizados, toda vez que son la autoridad directamente vinculadas con la aplicación y cumplimiento de la normatividad en la materia”.

También se indica a los alcaldes su obligación de sancionar a los responsables conforme dicta la Ley de Publicidad Exterior, que establece sanciones por no contar con autorización ni proceder al retiro de propaganda ilegal con multa equivalente de mil 500 a dos mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas.

En el artículo 13 de la mencionada Ley se establece: “En el territorio de Ciudad de México quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional:

“I. Instalados en los bienes del dominio público de Ciudad de México, excepto en los nodos publicitarios, en tapiales, muros ciegos, vallas, en el mobiliario urbano y en enseres destinados para la recepción de autos, así como en los estacionamientos públicos, en los términos que disponga la presente Ley (…) XI. Instalados, colgados, adheridos o pintados en presas, canales, puentes vehiculares y peatonales, pasos a desnivel, bajopuentes, muros de contención, taludes, antenas de telecomunicación y sus soportes, postes, semáforos, y en general, en elementos de la infraestructura urbana, salvo los que determine expresamente la presente Ley”

También, en la fracción XVI, que “en parques, jardines, áreas verdes, zonas de conservación ecológica, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, bosques y zonas arboladas”.

La identificación y ubicación de los infractores es factible simplemente a través de la propia propaganda, donde suele mencionarse la dirección y los teléfonos del respectivo desarrollo inmobiliario: ¡están ahí!

Sin embargo, las alcaldías como que ni en cuenta.

Si, huele a contubernio.

El hecho, que aunque en este caso se refiere específicamente a CDMX, se repite con igual o mayor gravedad en otras ciudades del país, particularmente en grandes urbes como Guadalajara, Monterrey, Puebla y León. Y es también ejemplo del aprovechamiento ilícito del espacio público para fines particulares, sobre todo comerciales.

En otro campo, eso se repite en el apropiamiento de espacios de estacionamiento en la vía pública, a cargo de los famosos franeleros, o en la instalación de locales semifijos de venta de alimentos y diversos productos, como ocurre con el comercio informal.

Y ocurre también con los particulares que se apoderan de banquetas para usarlas como estacionamiento para sus autos o los de sus clientes, cuanto se trata de locales comerciales. O los que usan los espacios públicos de parques para hacer negocio al convertirlos en “escuelas particulares” para adiestramiento de perros, como ocurre en el parque San Lorenzo de la alcaldía Benito Juárez. El que cierra una calle para organizar un baile privado. Los que usan la vía pública como taller automotriz o para preparar y vender paella los domingos.

En suma, son botones de muestra de una realidad lamentable que aqueja a nuestro país y que viene desde las más altas instancias gubernamentales: la ausencia del Estado de Derecho.

El agandalle, pues.

Frente al abuso, lo peor, la tolerancia. En el caso que da motivo a este comentario, la responsabilidad recae concretamente en las alcaldías de la capital, cuyos titulares incumplen la Ley al permitir que se viole impune y cotidianamente. Y ni siquiera le contestan a la PAOT. ¿Hay sanción para ellos? Válgame.

DE LA LIBRE-TA

MERAS COINCIDENCIAS. Será pura casualidad, pero tan sólo en los tres últimos días nos hemos enterado de que la inflación cerró 2021 en 7.36 por ciento, la más alta en 21 años; que la salida de inversión extranjera el año pasado fue la mayor en la historia; que Citigroup se va de México como banca de consumo y vende Banamex, y que congresistas de EU y el gobierno de Canadá acusan a México de incumplir el T-MEC. “Factores externos”, “culpa de los neoliberales”, “rémoras del pasado”, contesta el Gobierno. ¿No será que las cosas empeoran de manera preocupante en nuestro país?

@fopinchetti

 

 

Francisco Ortiz Pinchetti
Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).
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