Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos mexicanas y extranjeras, e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), apoyaron las conclusiones que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada hizo a México y en las que alertó que en el país las desapariciones son generalizadas y la mayoría quedan impunes. Sin embargo, el Gobierno de México reaccionó con molestia al informe y afirmó que sus críticas “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales”.

“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención”, respondió ayer en un comunicado oficial la Secretaría de Gobernación (Segob).

Mientras tanto, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) pidieron al gobierno de México no dejar en “simples palabras huecas” las observaciones de los expertos de Naciones Unidas y, además, alertaron que con su implementación se podría “romper el ciclo de impunidad [en cuanto a violaciones de derechos humanos] en el contexto mexicano”.

Ayer, el Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada presentó las conclusiones de la evaluación del caso México que realizó durante los días 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza, y en el que participaron diversas organizaciones e incluso una comitiva de familiares de víctimas de desaparición forzada, donde estuvieron incluidos los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, concluyó el organismo internacional.

“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, detalló.

En tanto Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México, advirtió en conferencia de prensa: “Cuántas desapariciones forzadas hay, no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”.

Sin embargo, ayer por la tarde, la Segob respondió: “El Gobierno de México recibió las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación, que tuvo lugar el 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza.

“Dicha sustentación –agregó– tuvo como propósito evaluar el alcance de las medidas adoptadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mencionado tratado internacional desde su entrada en vigor en 2010. México ratificó la Convención en 2008 y es hoy uno de los 44 Estados parte”.

Durante la sustentación de su informe, defendió la dependencia a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, “México proporcionó al Comité información relacionada con los avances y retos existentes en el país en materia de desaparición forzada, tales como: i) la armonización del marco jurídico en todo el país, ii) la depuración permanente de los registros de personas desparecidas, iii) la puesta en práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda iv) el fortalecimiento de los servicios forenses, vi) la atención integral de las víctimas y, vii) las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada”.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto a tomar “serias medidas” para abordar el problema de la desaparición de millares de personas, como fue denunciado por el Comité y exigió no dejar las recomendaciones en “simples palabras huecas”.

“Son más de 22 mil 600 los casos de personas desaparecidas o en paradero desconocido que se han dado en México en los últimos 20 años. Al mismo tiempo, miles de personas esperan angustiadas y aturdidas, sin saber a ciencia cierta qué les ha ocurrido a sus seres queridos. Las recomendaciones del gobierno mexicano no pueden ser simples palabras huecas, sino que deben dar lugar a un cambio tangible y urgente en las políticas y las leyes para abordar esta situación crónica. Es hora de que las autoridades respondan a esta tragedia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

Por otra parte, el Comité mostró también su preocupación ante el hecho de que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED) no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada.

El registro debería reflejar como mínimo, explicó el Comité, de manera exhaustiva todos los casos de desaparecidos, incluyendo su sexo, edad, lugar y fecha de desaparición, además de información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada.

Por ello, hizo un llamado al gobierno de México a “adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”.

Luego de que se dieran a conocer las conclusiones del Comité, diversas organizaciones de México, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Cetro de análisis e Investigación y Serapaz, entre otras, coincidieron en que las recomendaciones que el Comité contra la Desaparición Forzada hizo al Estado mexicano son cruciales “para romper el ciclo de impunidad en el contexto mexicano, donde actualmente las pocas investigaciones por graves violaciones a derechos humanos suelen limitarse a autores materiales de bajo rango, y donde la responsabilidad de diversas autoridades empieza precisamente por no actuar para poner fin a un contexto de abusos y colusión con el crimen organizado”.

Lo anterior, ya que el Comité de la ONU se mostró preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, “que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”, detalló.

Y agregó que observó “con preocupación” que algunas de las legislaciones mexicanas no tipifican el delito y aquellas que lo hacen prevén penas disímiles y definiciones que no se ajustan a la Convención.

Por ello pidió adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que a la mayor brevedad posible la desaparición forzada sea tipificada, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y que prevea penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.

Asimismo, el Comité recomendó que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a la adopción de esta ley.

En un comunicado, las organizaciones mexicanos saludaron esta recomendación ya que recordaron: “que la dignidad, indignación y lucha de las propias familias ha sido la fuerza que impulsa el acceso a la verdad y la justicia”.

Mientras que la CNDH también saludó las observaciones del Comité ya que consideró que su adopción e implementación “representaría la posibilidad de lograr avances en el combate a ese lacerante problema”.

“La CNDH considera que el acatamiento de las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas resarciría, en buena parte, el problema de la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas mexicanas y la realidad imperante en nuestro país”, detalló en un comunicado.

Explicó que en las recomendaciones que hizo el Comité al gobierno mexicano se tomaron en cuenta las propuestas presentadas por el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, además de que valoró el señalamiento que hizo en el sentido
de que en México existe un serio problema de desapariciones en algunas regiones del país.

La Comisión señaló también la importancia de que el Comité observe la necesidad de avanzar en una Ley General en la materia, además de que se adopten medidas legislativas para asegurar que, a la brevedad, la desaparición forzada sea tipificada, tanto a nivel federal como estatal, y que se ajuste a la definición contenida en la Convención, teniendo en cuenta el carácter continuo del mismo.

Finalmente, en las conclusiones que se presentaron ayer por parte de el Comité de Desaparición Forzada, se expresó preocupación por el lento progreso en materia de reparación del daño a víctimas de desaparición forzada durante el período conocido como “Guerra Sucia”, por ello instó a intensificar los esfuerzos con miras a investigar todos los casos de desaparición forzada que fueron perpetrados durante es te periodo además de a los presuntos autores enjuiciados.

Por ello, pidió al gobierno mexicano localizar, y en caso de fallecimiento identificar, a la mayor brevedad posible a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante 1960 y 1970. Además de garantizar el derecho a la verdad respecto a lo ocurrido en esos años.

En la conferencia, que se ofreció ayer en Ginebra, Huhle dijo que México debe también redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de emigrantes que cruzan su territorio “en busca del paraíso más allá del Río Grande”.

Dijo que en “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata”.

“Sorprende la falta de unidades científicas y forenses para buscar a los desaparecidos”, dijo Luciano Hazan, el segundo de los relatores. Otra de las recomendaciones “alienta enérgicamente” a México a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias presentadas por individuos.