El plan para la compra, distribución y aplicación de las vacunas contra la COVID-19 diseñado por el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha recibido innumerables críticas, especialmente por la demora en la llegada y aplicación de las dosis tan esperadas. El Gobierno de la Cuarta Transformación ha cometido varios errores en el manejo de la pandemia, como la absurda tozudez del mandatario a ponerse el cubrebocas, pero en el caso de las vacunas, la demora en su aplicación no es imputable a la administración que encabeza López Obrador.

El tema de las vacunas en México se ha tratado de modo simplificado y en realidad ha sido utilizado (como todos los asuntos públicos) como tema de reyerta electoral.

El debate público sobre la llegada de las vacunas a México ha dejado de lado que se trata de la tarea sanitaria más grande de la historia de la humanidad, pues se trata de hacer llegar el reactivo literalmente a toda la población del mundo, 7.742 millones de habitantes, en un tiempo récord y en condiciones geopolíticas en las que los países más ricos están acaparando los reactivos.

Una revisión más completa y detallada de la información disponible sobre acceso y compra de vacunas revela que en realidad son unos pocos países los que han avanzado en la aplicación de los reactivos a su población. Pero en el aspecto de los contratos de compra de vacunas, México está entre los 10 países que ha garantizado dosis suficientes para vacunar a toda la población.

Otro aspecto que se ha cuestionado al actual Gobierno que encabeza López Obrador es la secrecía con la que se ha manejado los contratos con las empresas fabricantes. La razón de esto, la develó desde el comienzo del año el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, es que las compañías establecieron condiciones de secrecía como condición de firmar los contratos de compra-venta.

En el caso de México las empresas Pfizer-BioNTech como AstraZeneca-Oxford no solo obligaron a la secrecía sino que introdujeron una cláusula que obliga al Gobierno mexicano a notificar con anticipación si tiene contemplado hacer público el contrato para tener tiempo a interponer un amparo que evite que los datos sean de dominio público. Además se obliga al Gobierno mexicano a litigar en sus países de origen los asuntos relacionados con las firmas de los contratos, es decir, se obligó al Gobierno de México a renunciar a su soberanía para casos de litigio. En el caso de Pfizer-BioNTech los asuntos se dirimirían en Estados Unidos, y en el caso de AstraZeneca-Oxford, en los tribunales de Gran Bretaña, según develó Alberto Pradilla en Animal Político. En el caso del contrato de México con la compañía china que produce la vacuna CanSino no hay tal cláusula de renuncia a la jurisdicción mexicana en caso de litigio. Y en todos los casos se obliga a la secrecía para conocer tanto los precios a los que se accedió a las vacunas, como los plazos y término de entrega.

Pero estas condiciones no son exclusivas para México. Los grandes laboratorios que están produciendo la vacuna contra COVID-19 obligaron a todos los gobiernos del mundo a firmar los contratos en esas condiciones de opacidad y secrecía.

El New York Times publicó la semana pasada un reportaje titulado “Los acuerdos secretos por las vacunas”, y entre sus principales hallazgos encontraron lo siguiente: si bien los gobiernos financiaron la creación de las vacunas, las empresas se quedarán con las patentes. Además encontraron que los precios variarán de acuerdo al país al que se vendan los reactivos. Además, obligan a los países compradores a renunciar a hacer donaciones o reventas a otras naciones. Un punto crucial que tiene sometidos a los países compradores es que las vacunas llegarán cuando las empresas lo decidan, y finalmente los laboratorios están protegidos de la responsabilidad por daños, de acuerdo con los contratos obligados a aceptar por los gobiernos (New York Times, 3 febrero 2021).

Un ejemplo no sólo de la opacidad sino de la arbitrariedad con la que las compañías someten a los gobiernos a comprar sus vacunas es que el precio no es fijo, sino que se establece distinto para cada Gobierno. En el reportaje del Times se citan como ejemplos que la comisión encargada de las compras para la Unión Europea pagó 2.19 dólares por cada dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, mientras que Sudáfrica pagó más del doble, 5.25 dólares. Otro caso es que Pfizer vendió su vacuna al Gobierno de Estados Unidos a 19.50 dólares cada dosis mientras que a la Unión Europea se la vendió en 14.70 dólares.

Con todo, lo más grave para alcanzar el objetivo de vacunar a la mayoría de la población mundial es lo que llamo la geopolítica de las vacunas, es decir el contexto de la política mundial que está condicionando una distribución equitativa de las vacunas para todas las naciones. Lo que está ocurriendo es que las naciones ricas están acaparando la compra de los reactivos, lo que impide que naciones de ingresos medios o más pobres tengan acceso a la vacuna en este año.

El Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Duke ha hecho un monitoreo semanal de la compra y acaparamiento de las vacunas y sus resultados son indignantes, pues hay naciones como Canadá que han garantizado contratos de compra-venta hasta por 338 millones de dosis cuando su población es de 37.5 millones de habitantes. Es decir, cada canadiense tendría más de nueve vacunas per cápita. Los otros acaparadores son la Unión Europea, que tiene contratos para comprar 1,585 millones de dosis para una población de 446 millones de habitantes. Estados Unidos tiene contratadas la compra de 1,210 millones de reactivos para una población de 328 millones de habitantes.

Entre los principales compradores destaca la iniciativa Covax que tiene el objetivo de hacer una distribución más equitativa de las vacunas para 190 naciones. Covax tiene promesas de compra-venta por 1,120 millones de dosis. Le sigue la Unión Africana con 670 millones de dosis, sin embargo su población es del doble: 1,300 millones de habitantes. Otro de los grandes acaparadores es Reino Unido que ha comprado 407 millones de reactivos para una población de 66.6 millones.

En este listado siguen como principales compradores Japón (314 millones), Brasil (232 millones), Indonesia (190 millones) y México con 143 millones de dosis.

En teoría México es una de las naciones que ha garantizado contratos de compra-venta suficientes para aplicar el reactivo a toda la población, sin embargo, como hemos visto, su llegada no depende tanto de los acuerdos con las farmacéuticas sino de esta geopolíticas de las vacunas en la que las empresas privadas y las naciones más ricas están acaparando la compra de los reactivos.

En general, las naciones ricas han comprado 4,245 millones de dosis, las de ingreso medio alto (donde se ubica México) 1,210 millones, las de ingreso medio-bajo 581 millones y los países pobres apenas han comprado 670 millones de reactivos (aquí se puede consultar). Estos datos dan cuenta del desigual reparto de este medicamento que es esencial para salir del actual estado de confinamiento planetario. Otra vez se impone el capitalismo de mercado y no la defensa de la vida.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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