Millones de dólares en maletas, libretas inculpadoras, sobornos mensuales, Harley Davidson de edición limitada empaquetadas para regalo, patrullas “clonadas”, falsos decomisos de droga, cenas caras en el Champs-Élysées de Reforma, sangrientos asesinatos. Mucho dinero. Muchísimo. Palabras y descripciones hemos escuchado bastantes.

Hay que decir las cosas como son: los testigos cooperantes que han desfilado en la Corte del Distrito Este de Nueva York para hundir a Genaro García Luna tienen incentivos para tergiversar la verdad. Esta frase, soltada así, nada dice de la inocencia o culpabilidad del ex secretario de seguridad pública de México. Señala lo obvio: en las motivaciones para declarar de gente como “El Rey” Zambada, “El Grande” Villareal, “El Diablo” Edgar Veytia y Óscar Nava Valencia “El Lobo” subyacen incentivos perversos. Conviene saberlo antes de creer las palabras de gente que ha mentido antes y a la que le conviene seguir haciéndolo. Puede que hayan cambiado, puede que no.

El sistema judicial en Estados Unidos avala la figura de testigos cooperantes para esclarecer, entre otros, casos de “conspiración” que, por su naturaleza, difícilmente pueden probarse con evidencia material. El funcionamiento de la figura es complejo, pero puede reducirse a lo siguiente: a cambio de testimonios que ayuden a recabar información contra un pez más gordo, un criminal puede recibir beneficios puntuales (dinero, visas para su familia, reducción de penas carcelarias). Hay juicios enteros que se sostienen a partir de testimonios de este tipo. No digo que esté mal o bien, digo que así es.

La función de la defensa del inculpado será siempre desacreditar las palabras del testigo. En los contrainterrogatorios buscan algún tropiezo, alguna incoherencia. En el juicio contra García Luna han tenido éxito. Revísese el caso de Óscar Nava Valencia “El Lobo”. Sus múltiples contradicciones las adivinó incluso el más crédulo de los doce miembros del jurado. Hace apenas tres meses, Nava Valencia había dicho a la propia Fiscalía no conocer a García Luna. Una regañiza de agentes de la DEA y la promesa de traer a su familia a Estados Unidos parecen haber sido suficientes para que Nava recapacitara y “recordara, en retribución al país y a la sociedad” siempre sí conocer al ex secretario de seguridad pública. Algo similar pasó con el ex fiscal de Nayarit ahora preso en Estados Unidos, Edgar Veytia. Durante años, Veytia fue entrevistado once veces y por más de 150 horas. Nunca habló sobre García Luna. Ahora lo hace. Otro testigo, Javier Villarreal, cayó en errores similares. ¿Les creíamos antes? ¿Les creemos ahora?

No es la primera vez (y no será la última) que testigos hablen con el objetivo de satisfacer las necesidades políticas de la Fiscalía. En mi reciente libro Cien años de espías y drogas (Debate, 2022) doy cuenta de cómo la DEA y la Fiscalía de Los Ángeles convirtieron a una serie de delincuentes de poca monta en testigos para testificar sobre sobre la intervención de Manuel Bartlett (y muchos otros) en el secuestro y asesinato del agente Enrique Camarena. Las declaraciones fueron una montaña de mentiras e insensateces. A cambio, se les otorgaron beneficios: miles de dólares mensuales durante varios años, el descargo de sus crímenes y una identidad secreta en Estados Unidos. Algunos de ellos viven hoy con otro nombre y en santa paz. Eran criminales.

A pesar de su regulación, el funcionamiento de los testigos cooperantes admite excesos imperdonables. Gracias a su participación en juicios como el de García Luna, asesinos confesos secuestradores o sentenciados por lavado de dinero pueden salir de la cárcel en pocos años. Se ha dicho, con razón, que una declaración falsa puede suponer perjurio y un castigo extraordinario al testigo; menos se ha dicho que este escenario sucede con poca frecuencia.

Armar un caso con base en lo dicho por testigos cooperantes es una estrategia riesgosa. Basta desacreditar a uno solo de los testigos para que algún miembro del jurado pueda argumentar que García Luna no puede ser señalado culpable “más allá de toda duda razonable”.

Repito: sembrar la duda en la cabeza de un miembro del jurado podrá hacer el caso por completo. Para decirlo de otro modo: la figura de testigos cooperantes puede ser una herramienta muy útil para acercarse a un relato verosímil de una trama criminal. Muchas veces es fundamental. Sin embargo, no puede ser el único instrumento. El riesgo es altísimo.

Es posible que la cosa cambie y la Fiscalía pueda presentar, en su alegato final, evidencia material o documental que demuestre el contubernio de García Luna con el Cártel de Sinaloa. Alguna evidencia clasificada, una sola en el millón de documentos que conforman el expediente judicial, sería la cereza de un pastel que todavía no acaba de hornearse.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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