México se ha consolidado como el tercer mercado para Monsanto, según Bloomberg, pese a la oposición de ambientalistas y científicos. Un 3.6 por ciento de los beneficios (537 millones de dólares) de la empresa proceden del país, sólo por debajo de Brasil y Argentina. Actualmente la compañía estadounidense tiene cultivos en 69 países, distribuidos por América, Asia, Oceanía, Europa, África y Medio Oriente.
Por Almudena Barragán
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo/EconomíaHoy).– El pasado 8 de marzo un juez federal ordenó suspender el cultivo de maíz transgénico en México en su fase comercial. El principal afectado fue Monsanto y AgroBIO.
Este último está conformado por las empresas internacionales Bayer, Sygenta, Dow y Pioneer, que controlan el mercado de las semillas y plaguicidas o agrotóxicos, según las organizaciones ambientalistas a nivel mundial. AgroBIO es un importante grupo de presión en el país azteca que busca lograr que el maíz modificado genéticamente se cultive para su venta y consumo.
Desde 2009, con el gobierno de Felipe Calderón, Monsanto recibió el primer permiso para comenzar la siembra experimental de cultivos transgénicos en Sinaloa. Tras una modificación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, entre 2010 y 2013, se extendieron ensayos experimentales y piloto para llegar a la fase comercial de maíz, soya y algodón en Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Durango.
Según cifras de la compañía, en 2010 se sembraron 148 millones de hectáreas con cultivos transgénicos o genéticamente modificados (GM), lo que supuso un 10.5 por ciento más de lo que se sembró el año anterior, y desde entonces, la cifra no ha parado de subir.
Se calcula que la soya es el mayor cultivo transgénico a nivel mundial con un 51 por ciento de la producción; seguido del maíz con un 33 por ciento; el algodón y la canola.
Entre los mayores productores figura Estados Unidos, que representa el 57 por ciento de los beneficios de la empresa (unos 8 mil 600 millones de dólares); y América Latina con un 21 por ciento del negocio (unos 3 mil 200 millones).
México se ha consolidado como el tercer mercado para Monsanto, según Bloomberg. Un 3.6 por ciento de los beneficios (537 millones de dólares) de la empresa proceden del país azteca, sólo por debajo de Brasil y Argentina.
Actualmente Monsanto tiene cultivos en 69 países, distribuidos por América, Asia, Oceanía, Europa, África y Medio Oriente.
Las acciones de la compañía se han visto afectadas en los últimos 7 años con caídas de 11.5 por ciento, dejando atrás los máximos históricos de 2011 y 2012. En lo que va de año, los títulos de Monsanto se han recuperado 1.5 por ciento, mientras que los de Syngenta lo han hecho 3.5 por ciento y los de Bayer 2.7 por ciento.
AMBIENTALISTAS Y CIENTÍFICOS SE OPONEN
La reciente suspensión a la siembra comercial en México, promovida por organizaciones científicas y medioambientales, no es el primer obstáculo al que se enfrenta la empresa estadounidense.
En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló la siembra de soya en Yucatán después de que se probara que el cultivo provocó un proceso de deforestación acelerada en la selva y afectó al negocio de la miel en la región que genera ganancias por mil millones de pesos.
La miel exportada a Europa fue rechazada por contener semillas transgénicas y no cumplir con los estándares de calidad que antes respetaba.
Desde Greenpeace señalan que el maíz nativo mexicano está en riesgo con estas nuevas prácticas. En el país existen 59 especies diferentes de este cereal.
“El maíz de diversas regiones de nuestro territorio está en riesgo de sufrir contaminación genética, ya que está demostrada la imposible coexistencia de variedades transgénicas y nativas por el flujo del polen y el intercambio de semillas, práctica común en la agricultura mexicana, además de que las medidas de bioseguridad para los cultivos transgénicos son débiles ya que no contamos con un sistema de biomonitoreo, inspección y vigilancia para las importaciones”, dice la organización ambientalista en su estudio ‘Cultivos transgénicos ¿Quién pierde?’.
“La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad asegura que el permitir la siembra de maíz genéticamente modificado podría traer consigo la pérdida de las variedades con las que cuenta México e introducirlo a una dependencia de la tecnología de las empresas trasnacionales”, dice José Roberto Arteaga en un reciente artículo en Forbes México.
IMPORTACIÓN SIN CONTROL
Actualmente, se siembra maíz transgénico en 28 países del mundo, mientras que la producción se consume en alrededor de 59 países. México es uno de estos últimos casos. Sólo en 2014, importó 30 mil millones de pesos (mil 700 millones de dólares) en maíz amarillo genéticamente modificado, unas 10 millones de toneladas procedentes de Estados Unidos.
Según Alejandro Monteagudo, presidente de AgroBIO en entrevista con Forbes, “si no se hace algo para incrementar la productividad el país va a incrementar su margen de dependencia en las importaciones”.
Señaló que es necesario que el país comience a “producir su propio maíz transgénico”, expuso.
Actualmente, México importa un 45 por ciento de los productos agrícolas para abastecer la demanda interna de alimentos, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que un país debe de contar con una autosuficiencia alimentaria del 75 por ciento.
Según la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (Cnpamm), hay empresas que comercializan maíz de Estados Unidos, sin una adecuada vigilancia de las autoridades. Entre ellas, por ejemplo, figuran Grupo Maseca de Gruma, empresas de los sectores agroindustrial y comercial, y cadenas de cines que importan sobre todo, maíz palomero.
Desde la Cofederación, en declaraciones a Milenio, indicaron que es contradictoria una política pública que autoriza a los grandes consumidores a importar grano transgénico, pero que no permite al productor mexicano utilizar esta tecnología para sus cultivos y evitar que la derrama económica se vaya a otros países.
En 2014, según datos de Sagarpa, se produjeron 23.2 millones de toneladas de maíz en grano, el alimento de mayor fabricación en el país, pero no cubre la demanda nacional de unos 30 millones de toneladas.
Desde Greenpeace México aseguran que si se permitiera la entrada de maíz (GM), los agricultores que compraran semillas y participaran en los programas de mejora del campo podrían verse obligados a “firmar contratos que los comprometan a cumplir con las demandas y políticas de las empresas”, lo que convertiría a las grandes corporaciones en las dueñas de las cosechas.
