Crecí con la mejor de las referencias de Veracruz. Un lugar de gente amable, simpática, musical en el que muchos poseen la habilidad de colocar malas palabras en el momento preciso y con la tonada adecuada.  Una de mis amigas del colegio era hija de un Cordobés y de una Jalapeña, además de sus ciudades viajé con la familia recorriendo rincones como Fortín de las Flores o Tlacotalpan. Los días eran apacibles, se pasaban las horas mientras chapoteábamos en el río, tomábamos el sol tiradas en el pasto y paseábamos sin necesidad de que un adulto verificara nuestro trayecto. Las personas mayores sacaban las sillas de mimbre a las banquetas y conversaban mirando el sol ponerse. Nada se parece hoy a la libertad con la que caminábamos las cuatro niñas por las calles que rodeaban el centro, con el único temor de que al caer la noche los moscos atacaran nuestros brazos descubiertos.

En preparatoria cambió un poco mi perspectiva generalizada de la calma veracruzana, cuando dieron por desaparecido al hermano de otra de mis compañeras que había crecido en Cosamaloapan. Transcurrieron meses hasta que sus restos aparecieron a la orilla de un río y los rumores de ajustes de cuentas presionaron a la familia para que el tema no volviera a tratarse jamás. Mi amiga nunca más lo mencionó. La vida siguió su curso y el río siguió su cauce. Era un caso aislado, se dijo hace veinticinco años.

Las noticias sobre lo que pasa en Veracruz en las últimas décadas, alejan cada vez más los recuerdos que tengo de son jarocho y carnavales. Lo sabemos todos, los gobernadores no han tenido suficiente con saquear los recursos colectivos. Han sido capaces incluso de autorizar la compra de falsos medicamentos contra el cáncer, para suministrarlos a los niños. Tienen el galardón a los gobiernos con más periodistas asesinados y las anécdotas más ridículas sobre las artimañas que Javier Duarte utilizó para burlar a la “justicia”.

Cada evento trágico supera el anterior. La Señora Lucía de los Ángeles Díaz describe su rutina y la de otros padres en busca de sus hijos, como la peor de las escenas del purgatorio de la Divina Comedia. No imaginó nunca lo que viviría buscando entre fosas el cuerpo de su hijo desaparecido. El Colectivo Solecito, al que dirige desde hace tres años y medio, confirmó el hallazgo de 249 restos humanos en Veracruz. Hasta ahora llevan descubiertas 125 fosas clandestinas y aseguran que la mayoría corresponden a personas jóvenes.

Entre las declaraciones más preocupantes de la Señora Díaz está la postergación de resultados periciales, ya que después de siete meses, sólo se han podido entregar dos cuerpos de jóvenes a sus familiares. Además de que los integrantes del colectivo tienen elementos para inferir que muchas de las desapariciones involucran a policías. Pero lo que más indigna a las familias de las víctimas, es que el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz se niega a recibirlos.

Mientras este colectivo no desiste en sus tareas de búsqueda, los gobiernos mantienen la postura de negación de la evidencia y criminalización de las víctimas. Son más de cien casos los que atiende El Solecito frente a la negligencia de las autoridades. Las demandas por cementerios municipales y la creación de un panteón ministerial no han sido atendidas a pesar de ser prioridades en este contexto.

Los veracruzanos merecen mejores gobiernos, fiscales atentos de las víctimas, funcionarios efectivos en la búsqueda. Quizá les tome años recuperar la calma, el son y hasta la fiesta callejera, pero no cabe duda que quienes integran el Colectivo Solecito, son un testimonio de fuerza y solidaridad. Ni silencio, ni criminalización de víctimas, ni paralización. La certeza del destino de un hijo no deja espacio para la resignación.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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