El diseño de las Zonas Económicas Especiales con las que el Gobierno federal ha anunciado que busca reactivar regiones del país con altos niveles de pobreza –y que son estratégicas y ricas en recursos naturales–, como Chiapas y Oaxaca, quedó en manos de consultoras vinculadas a ex funcionarios federales, entre ellos Evercore, de Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno federal calificó como información reservada por cinco años los estudios de factibilidad, proyectos de dictamen y demás diagnósticos relacionados con el diseño de las Zonas Económicas Especiales, polígonos aún por determinar y con los que, se ha informado, se busca “democratizar la productividad” en diversas regiones pobres pero con “ventajas naturales”, como el Itsmo de Tehuantepec.

Los documentos con los que se determinará la ubicación de estos polígonos, de acuerdo con el contrato DAGA/055/2016, fueron elaborados, entre otras empresas, por la consultora Evercore Partners, propiedad del ex Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella, y anterior fuente de trabajo del hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Pero difundirlos, respondió a una solicitud de información el Banco Nacional de Obras y Servicios –que contrató a Evercore­– podría “interrumpir” o “menoscabar” la negociación sobre este nuevo tipo de territorios.

“La información relativa a doce documentos correspondientes a cuatro estudios de prefactibilidad, cuatro proyectos de dictamen y cuatro informes de resultados de auscultación y relación de potenciales administradores integrales e inversionistas fue clasificada como reservada por un término de cinco años, y hasta en tanto concluya el proceso deliberativo, por tratarse de información que se encuentra directamente relacionada con la tomad de decisiones y teniendo en cuenta que su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación”, dice la respuesta.

“La divulgación de la información solicitada (…) previo a la deliberación y adopción de decisiones definitivas, pudiera, entre otros: a) afectar las negociaciones e incrementar los costos de adquisición de los inmuebles donde se pretenden instalar las ‘secciones’ de Zona en predios federales, así como generar un proceso especulativo en el ‘polígono más amplio’ donde se pudieran desarrollar otras ‘secciones’ en propiedad privada y en sus respectivas áreas de influencia”, agrega la respuesta.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), de acuerdo la descripción del Gobierno federal, son áreas geográficas que se ubicarán “en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva”, como dice la Secretaría de Economía.

“Su objetivo es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país. Algunos de los beneficios de los que estas zonas pueden gozar, son: fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales”, agrega la definición.

En los antecedentes incluidos en la respuesta de Banobras se menciona también que las ZEE son una política de fomento económico y desarrollo industrial “dirigida a focalizar en espacios geográficamente definidos los esfuerzos de diversos agentes de los sectores público y privado en acciones que impulsen el desarrollo de actividades económicas más productivas” en las regiones con menores niveles de ingresos del país.

“Esta última situación es particularmente relevante en el sur del país, donde se ubican las tres entidades más rezagadas en términos de desarrollo económico y bienestar social, por lo que las actividades de Zonas Económicas Especiales comprende, en un principio, fomentar la instalación de Cuatro Zonas ubicadas en Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas; Puerto Salina Cruz y Puerto Coatzacoalcos, estas dos últimas en el corredor del Itsmo de Tehuantepec”, agrega Banobras.

En 2016, cuando Videgaray era todavía Secretario de Hacienda, asignó Banobras el diseño de los proyectos sobre las ZEE, por lo que éste contrató a Evercore y otras dos empresas para que realizaran “servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación y control de zonas económicas especiales, así como en la elaboración de Estudios complementarios”. El objeto de este contrato de 60 millones de pesos, de acuerdo con la respuesta de Banobras, era contar con los elementos necesarios y suficientes para integrar los dictámenes que determinan la viabilidad del establecimiento y desarrollo de una zona.

“La información contenidos en los entregables de la consultoría integran opiniones, recomendaciones y puntos de vista de diversas dependencias que han participado durante la elab oración de dichos documentos; además, estos entregables son insumos relevantes del proceso de deliberación de los diversos órganos de Gobierno que intervienen durante las distintas etapas del procedimiento que establece la Ley Federal de ZEE y su reglamento para adoptar una decisión definitiva que, en su caso, se materializa en la declaratoria de la zona, otorgamiento de permisos y concesiones”, dice el apartado “Riesgos de difundir información reservada”.

Otra empresa contratada para este mismo trabajo de consultoría, junto con Evercore Partners, fue Adhoc Consultores, propiedad del también ex funcionario federal Aaron Dychter Poltolarek, ex Subsecretario de Transportes [con Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada] y, ahora, también integrante del consejo de administración la empresa Infraestructura Energética Nova (Ienova), beneficiada por la apertura del sector energético al sector privado.

Ienova está encabezada por Carlos Ruiz Sacristán, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Zedillo y también ex integrante del Consejo de la filial mexicana de la constructora Obrascón Huarte Lain (OHL), involucrada en audios que presuntamente muestran corrupción de diversos funcionarios tanto del Estado de México como de la actual administración federal.

Evercore, además, se ha dedicado en la última década a promover el mercado “de la deuda nacional como fuente alternativa de financiamiento” para diferentes administraciones públicas locales; entre ellas las de los hoy ex gobernadores priístas Humberto Moreira, de Coahuila, y de César Duarte, de Chihuahua, que dejaron algunas de las deudas más altas del país.

INFORMACIÓN VALIOSA

Aun así, de acuerdo con la respuesta a la petición de información hecha por este medio, la información elaborada por las empresas privadas formará parte de los insumos con los que el Gobierno federal tomará la decisión de delimitar el territorio específico de las ZEE.

“Dichos decretos no se han publicado, de hecho los documentos elaborados por el servicio de la consultoría, objeto de la solicitud de información (…), tienen como propósito proporcionar información para deliberar y dictaminar la viabilidad del establecimiento y desarrollo de una zona y, en su caso, la publicación del decreto referido”, dice Banobras.

Por tanto, insiste, difundir los datos generados por Evercore y Adhoc podría “inhibir o generar mayor expectativa en el mercado sobre la rentabilidad de los proyectos asociados a las Zonas, dado que aún es información a nivel de prefactibilidad y por tanto causar algún daño en el interés de los potenciales participantes en los diversos concursos públicos que serán impulsados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (…) en materia de permisos, por otras dependencias federales en materia de proyectos de infraestructura”.

También, “causar daños a inversionistas privados que fueron objeto de la auscultación que comprendió entrevistas con potenciales administradores integrales y empresas que puedan tener interés en instalarse en las zonas. La divulgación de los informes de auscultación pondría en riesgo la confianza en el proceso de las ZEE y la confidencialidad de sus opiniones y datos generales”.

En su respuesta enviada a este medio –que generó la petición de información 0632000001717–, Banobras dijo haber identificado, además de la información reservada, otros 12 documentos, con 14 mil 800 fojas en total, susceptibles de ser puestos a disposición en versión pública, como un “plan de trabajo”, “estudio de diseño de la unidad responsable” y nueve informes mensuales.

“La anterior información se pone a disposición del solicitante en las siguientes opciones: copia simple (costo de reproducción $0.50): 14,800 x $0.50= $7,400.00 pesos más costo de envío (…) copia certificada (costo de reproducción $18): 14,800 x $18)=$266,400.00 pesos más costo de envío”, informa la respuesta.