Por Natalia Pérez Cordero*

El pasado 9 de marzo, en el marco del 186º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue la cuarta audiencia pública sobre la crisis forense que se vive en México, ocasionada por la falta de capacidad –operativa, de personal y de recursos– de los servicios periciales, dependientes, las gran mayoría, de las fiscalías –a excepción de la Ciudad de México y Jalisco–, que ha traído como consecuencia que más de 52 mil personas fallecidas no hayan sido identificadas; es decir, que las Fiscalías no tienen claridad de quiénes son esas personas, ni mucho menos tienen certeza de quiénes posiblemente les están buscando, por lo que el número de personas identificadas y restituidas con sus familias es extremadamente bajo.

Frente a esta crisis, las familias de las personas desaparecidas se han visto en la necesidad de asumir las labores que el Estado debería hacer, emprendiendo búsquedas en campo, pese al riesgo de vida que ello representa, pero también proponiendo la adopción de normas y políticas públicas que permitan hacer frente a esta emergencia; por ello, desde la primera audiencia llevada a cabo el 10 de mayo del 2019, ante la presión de las propias víctimas –muchas de ellas madres de personas desaparecidas–, el Estado reconoció por primera vez que en México vivimos una crisis humanitaria de desaparición que conllevó a una crisis forense, por lo que señalaron que el combate a estas sería la “principal prioridad de este Gobierno”.

Un año después, se realizó la segunda audiencia donde el Estado presentó la adopción del Acuerdo de creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forenses (MEIF), como una propuesta de política pública que auxiliaría a los servicios forenses ordinarios a acabar con el rezago en la identificación humana y avanzar hacia la restitución digna, cuyo contenido fue construido con la participación de colectivos y organizaciones acompañantes, en particular del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), según lo ordena la Ley General en materia de Desaparición, en su artículo quinto fracción décima: la búsqueda, así como el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y prácticas institucionales deberá ser construido con la participación directa de las y los familiares de personas desaparecidas. También, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, se comprometieron a: trabajar para fortalecer a los servicios ordinarios forenses a fin de evitar una nueva saturación, asegurar la operatividad y autonomía.

Del MEIF, integrar las bases de datos genéticas como el Banco Nacional de Datos Forenses, garantizar el presupuesto necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos anteriores y, a garantizar el derecho de participación de las familias en la construcción de la política forense, señalando que el reto fundamental estaba en la coordinación con las Fiscalías y Procuradurías, tanto a nivel federal como estatal.

Durante la tercera audiencia, un año y medio después, se presentó a las siete personas expertas que integraban el Grupo Coordinador del MEIF, enfatizando la importancia fundamental de contar con un grupo multidisciplinario de especialistas que trabaje en el diseño e implementación de las estrategias de identificación forenses al tiempo que se garantiza la participación sustantiva y permanente de las familias y colectivos, también se reiteró el compromiso gubernamental de garantizar el presupuesto para acabar con la crisis forense y, en particular, destacó la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), quienes se presentaron por primera ocasión a estas audiencias y externaron el compromiso de tener las bases generales de colaboración entre el MEIF y las Fiscalías con los servicios forenses, en un periodo de seis meses.

A cuatro años desde la primera audiencia y a exactamente dos años de que se anunciara la creación del MEIF, se efectuó la cuarta audiencia pública ante la CIDH, en un afán de hacer un balance sobre los avances y retos que subsisten para enfrentar la emergencia forense. Desde las familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que asistimos a la audiencia se advirtieron pocos avances en cuanto al fortalecimiento de las instituciones forenses, incluido el MEIF y el recientemente creado Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), preocupantes retrocesos en torno a la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el diseño, construcción e implementación de la política nacional forense y, de parte del Estado mexicano, se mostró la evidente desarticulación entre las Fiscalías y las otras dependencias encargadas de la búsqueda forense e identificación humana, como la Comisión Nacional de Búsqueda, el CNIH y el MEIF. Aunado a ello, a la fecha siguen sin existir los acuerdos de colaboración comprometidos previamente por la CNPJ y sigue sin tenerse información clara y concisa que dé cuenta de los avances reales de las bases de datos que deberán conformar el Banco Nacional de Datos Forenses, como una de las obligaciones derivadas de la Ley General en materia de Desaparición.

Con ello, se ha mostrado, una vez más, que la participación de las familias, sigue siendo primordial para que las instituciones avancen hacia el fortalecimiento de una política forense de Estado y más aún para visibilizar que las desapariciones y la falta de identificación siguen siendo una realidad vigente en nuestro país. Los logros en esta agenda pública no serán posibles sin la escucha, la aportación y experiencia de las víctimas. Porque…. ¡SIN LAS FAMILIAS NO!

* Natalia es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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