Los más de 100 refugiados entre hombres, mujeres, niños y adultos mayores que viven en el municipio de Ayutla luego de que hace casi cinco años fueran desplazados de sus hogares en Coyuca, no cuentan con servicios públicos, sobre todo agua, ni tierras para sembrar, que era a lo que se dedicaban en la sierra, se encuentran sin posibilidades de empleo, sin escuelas cercanas para los niños, y en el caso de Tepango, viven en casas improvisadas donde conviven hacinadas hasta tres familias en una sola vivienda.

Por Zacarías Cervantes

La Unión, Ayutla, Guerrero, Ciudad de México, 14 de abril (ElSur/SinEmbargo).– A cinco años de que fueron desplazados por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán en la sierra del Filo Mayor y traídos por el gobierno estatal a una tierra ajena de costumbres, tradiciones y clima, 21 familias sobreviven sólo porque “Dios no nos ha dejado morir de hambre”, dijo doña Catalina Pérez Duque, una de las mayores del grupo. 11 de estas familias están refugiadas en Tepango y 10 en La Unión, municipio de Ayutla, en la Costa Chica del estado.

En esas dos localidades ubicadas la primera a 15 minutos y la segunda a media hora al sur de la cabecera municipal, los más de 100 refugiados entre hombres, mujeres, niños y adultos mayores viven sin servicios públicos, sobre todo sin agua, sin tierras para sembrar, que era a lo que se dedicaban en la sierra, sin posibilidades de empleo, sin escuela cercana para los niños, y en el caso de Tepango, en casas improvisadas donde viven hacinadas tres familias en una sola vivienda.

Cinco años después el gobierno del estado no les ha cumplido lo que les prometió para que dejaran la sierra, donde vivían pobres pero contentos, hasta que un grupo criminal comenzó a asediarlos y matarlos.

Irrupciones de grupos de la delincuencia organizada, paramilitares, incluso de militares y policías los sacaron de su pueblo.

Desde 2007 los ahora desplazados de La Laguna comenzaron a ser víctimas de irrupciones, ejecuciones, desapariciones, ataques y balaceras en su propio pueblo tanto de grupos de la delincuencia organizada, paramilitares, incluso de militares y policías.

Como consecuencia de esa persecución, del 2007 al 2012 habían sido asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, y tres más fueron desaparecidos y todavía se desconoce su paradero.

La mayoría de las víctimas fueron de las familias Santana Villa y Díaz Pérez. El 28 de noviembre de 2012 fue asesinada Juventina Mojica Villa junto a su hijo Reynaldo de 12 años.

Juventina dirigía al grupo de desplazados por la violencia de La Laguna, entonces refugiados en Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.

Antes entre febrero de 2011 y noviembre de 2012 el mismo grupo armado había ejecutado a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, Santana Villa.

La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y de los pobladores de La Laguna surgió por su defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente. Por la violencia se vieron obligados a abandonar sus tierras y cedérselas a las bandas criminales, pera refugiarse en 2011 en Puerto de Las Ollas.

Pero tras la violencia que les llegó hasta esa localidad con la ejecución de la líder Villa Mojica, las familias se vieron obligadas a abandonar la sierra.

Por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el gobierno del estado inició el proceso de reubicación. Un grupo de 16 familias se quedó en La Tondonicua, municipio de Petatlán, otro más fue trasladado a La Unión, y un tercero a Tepango, municipio de Ayutla.

El gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez mediante la entonces subsecretaria para Asuntos Políticos, Roxana Mora Patiño, ofreció dotar a las familias desplazadas tierras para sembrar y para construir sus casas, servicios públicos, proyectos productivos para tener empleos y garantías de seguridad.

Sin embargo las familias que viven en La Unión y Tepango a donde llegaron en marzo de 2013, a cinco años, sobreviven “sólo porque Dios no nos ha dejado morir de hambre”, se quejó doña Catalina Pérez Duque, la mujer de mayor edad del grupo de La Unión, el jueves pasado en una visita de El Sur a la comunidad.

DIFÍCIL ACCESO Y HACINAMIENTO EN LA UNIÓN

Las familias de La Unión han tenido mejor suerte que las que viven en Tepango, aquí el gobierno les construyó nueve viviendas, aunque se las dejó en obra negra. Al caserío se llega por una desviación de la carretera Ayutla-Cruz Grande. El acceso es de terracería y accidentado, pero es lo único que parece calle, las casas se encuentran dispersas por un cerro a las que se llega por angostos caminos entre la maleza.

La comunidad carece de red de agua. Los habitantes abrieron un pequeño pozo a la orilla del río que se llena con el agua que se filtra de la corriente que se filtra de la afluente que baja y pasa por varias comunidades río arriba en donde los pobladores arrojan basura, desechos y desfogan drenaje. De esa misma agua utilizan los de Tepango para lavar ropa, trastes, regar plantas y para tomar.

Aquí no sólo les ofrecieron agua potable, también sus viviendas terminadas, tres hectáreas de tierra para sembrar y proyectos productivos para emplearse y tener un ingreso seguro para su familia, así como servicio de salud, educación para sus hijos, y la dotación regular de despensas.

De todo ello medianamente les han cumplido con las viviendas. Las familias recibieron apenas una de las tres hectáreas de tierra y tienen que rentar para sembrar, los 34 niños de primaria, dos de preescolar y dos de secundaria tienen que caminar 40 minutos para ir a la escuela del pueblo más cercano.

Además, el médico que les asignaron no va a darles consulta y los pacientes se tienen que trasladar al centro de salud de la cabecera municipal, a pesar de que regularmente no tienen ni para el pasaje.

Tampoco las despensas les llegan constantemente y sólo cuando llega a ir alguna brigada del gobierno o de organismos de derechos humanos.

En cuanto a seguridad sólo dos policías estatales en una patrulla resguardan a las familias. Aquí en julio de 2013, apenas 4 meses después de que las familias se habían establecido, llegaron tres sicarios de la banda que los mantenía a raya en la sierra con la intención de atacar a las familias, pero los descubrieron a tiempo y con el apoyo de la Policía Ciudadana de la UPOEG los repelieron, mataron a dos y detuvieron a otro.

En diciembre hombres armados ejecutaron en Ayutla a Constantino Díaz Pérez, hijo de Catalina, cuando fue a comprar sus herramientas para la agricultura. La victima dejó a cinco niños de 2 a 13 años de edad, tres mujeres y dos hombres en la orfandad.

A pesar del riesgo inminente en el que se encuentran todavía el gobierno estatal no ha querido incrementar los elementos de seguridad.

SITUACIÓN PRECARIA EN TEPANGO

En Tepango la situación es peor. En este lugar las 11 familias carecen de tierras para sembrar y hasta de casas para vivir. En algunas de ellas como la de Santos Valerio Arroyo viven tres familias en una misma casa.

En el interior de la galera telas que cuelgan del techo dividen las camas de los matrimonios, “aquí vive una pareja de recién casados, imagínese, ellos necesitan privacidad pero aquí duermen”, dice Santos levantando la cortina de tela para mostrar “la habitación” de los recién casados.

Valerio Arroyo, cuenta que sorpresivamente la noche del martes llovió y que el agua se les filtró por el techo de lámina de cartón y todas sus pertenecías se mojaron y ellos amanecieron empapados.

Asimismo para surtirse de agua son los vecinos quienes con mangueras la bajan por gravedad de lo alto del cerro, y al año cada familia paga a los ejidatarios de la zona 200 pesos.

Igual que en La Unión las familias refugiadas en Tepango carecen de proyectos productivos para emplearse y garantizar un ingreso para las familias.

Los varones se emplean de peones en el campo o en la cabecera municipal y obtienen salarios de penas 100 pesos diarios pero de manera esporádica.

A estas 11 familias el gobierno estatal también les incumplió con la dotación de las 3 hectáreas de tierra, tampoco cuentan con atención médica permanente e igual, sólo dos policías estatales se encargan de su seguridad.

El jueves pasado los desplazados de ambas localidades recibieron la visita de personal de la Secretaría General de Gobierno, encabezados por el director de Derechos Humanos, Juan Carlos Castañón Arcos, y del visitador adjunto de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Adelaido Memije Martínez, a quienes reclamaron el incumplimiento de los compromisos que asumió el gobierno, cuando fueron trasladados a este lugar.

En el caso de Tepango, Catalina Pérez Duque y su hijo Bernardo Díaz Pérez, a nombre del resto de las familias, exigieron la construcción de un pozo profundo de agua que les permita abastecerse suficientemente.

Asimismo reclamaron la dotación de las otras 2 hectáreas de tierras para que siembren cuando menos en temporada de lluvias.

Otra de las peticiones fue la instalación de una fábrica de block en la que se empleen los varones, “y no tengamos necesidad de andarles pidiendo nada a ustedes”, le dijo Bernardo al funcionario del gobierno estatal.

Le aclaró que las familias no le están pidiendo dinero al gobierno, “queremos que nos cumplan los servicios que nos prometieron y que nos vengan a instalar los proyectos para que no tengamos necesidad de pedirles nada”.

A su vez Catalina le dijo a Carlos Castañón que ya no quieren que les lleven colchonetas, “queremos que nos cumplan con lo que nos prometieron y que ya no nos sigan engañando”.

Junto con el funcionario y el visitador de la Codehum llegó una brigada de médicos de la Secretaría de Salud para dar consultas y medicamentos gratuitos a las familias, asimismo personal del Registro Civil, que en La Unión celebró tres matrimonios, registró nacimientos y realizó correcciones de actas.

Personal de Protección Civil llevó colchonetas, cobertores y artículos para la limpieza que distribuyó entre las familias.

En la reunión en Tepango el encargado del Centro de Salud de Ayutla reconoció que el personal no va a atender a las familias de esas localidades por la falta de recursos, “tenemos una camioneta pero no sirve y tampoco tenemos para gasolina”, denunció y aseguró que ese día tuvo que trasladarse en el vehículo particular de otro médico. El médico también reconoció que existe desabasto de medicamentos.

El director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Castañón Arcos y el visitador de la Codehum, Memije Martínez convinieron con las familias de las dos localidades y con integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón que gestionarán ante sus superiores una reunión interinstitucional en la que estén funcionarios de las dependencias encargadas de dar respuesta a las demandas de los desplazados, pero aún no se acordó la fecha.

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