Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Las autoridades del Gobierno federal y de Baja California acordaron con los jornaleros del Valle de San Quintín 13 de los 14 puntos que dialogaron desde la noche de ayer y hasta las primeras horas de este jueves, aunque se informó que el próximo 4 de junio será cuando se discuta la demanda salarial.
En la reunión estuvo presente el representante de la Secretaría de Gobernación, David Garay; el Gobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, y otras autoridades federales y estatales.
Según se dio a conocer, los gobiernos estatal y federal, así como los senadores, harán las gestiones necesarias para procurar que la propuesta de salario sea lo más cercana a la exigida.
Los trabajadores agrícolas locales han reclamado un salario de 200 pesos por las largas jornadas labores de trabajo en el campo. No obstante, el 28 de marzo retomaron sus labores luego de que sus empleadores accedieron subir el sueldo de 70 a 130 pesos diarios. Aún así la inconformidad no ha sido resuelta totalmente.
Esta mañana, las autoridades acordaron con los jornaleros iniciar de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todos los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo se pactó que sus salarios no serán retenidos por ningún motivo o circunstancia.
Sobre los jornaleros detenidos las autoridades federales y locales dijeron que procurarán mecanismos para que en su caso obtengan su libertad. El martes pasado un juzgado del Poder Judicial del estado en el municipio de Ensenada, Baja California, estableció una fianza de 7 millones de pesos para cada uno de los tres jornaleros acusados de realizar destrozos en la colonia La Triqui, al sur de esa localidad.
Los cargos que los jornaleros de San Quintín enfrentan son derivados de los disturbios en esa comunidad llevados a cabo el sábado pasado, cuando fueron destruidos dos vehículos privados, dos patrullas y una tanqueta.
En un principio las autoridades detuvieron a once personas, acto seguido, cuatro menores de edad fueron puestos en libertad, a otros tres se les concedió una fianza menor y hubo un cuarto al que se le fijó una fianza de 500 mil pesos.
Ayer, Ricardo Antonio Bucio Mujica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo que la fianza impuesta a los jornaleros no es “ni racional, ni proporcional”.
El gobierno federal y de Baja California también se comprometieron a identificar y atender las necesidades de una mejor vivienda, alimentación y condiciones de higiene que han exigido los trabajadores. Otros de los acuerdos es el garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores agrícolas.
Otro punto pactado es que las empresas deberán certificar que están libres de trabajo infantil. Asimismo se dio a conocer sobre la creación de un fideicomiso de inversión para el desarrollo de la zona, formalizado en un plazo no mayor a 60 días.
Entre los acuerdos también está la revisión de los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios por su desplazamiento a los campos agrícolas. Se informó que se otorgará el registro sindical a la Alianza por la Justicia Social del Valle de San Quintín, además de que se garantizará su autonomía sindical.
![Ricardo Salinas Pliego respondió la mañana de este jueves a las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró hace unas horas que a él le daría "vergüenza subirse a un yate de esos [como los que usa el empresario] en un país con tanta pobreza".](https://i2.wp.com/www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2024/04/ricardo-salinas-pliego.jpg?fit=128%2C67&quality=80&strip=all&ssl=1)