El Gobernador Cabeza de Vaca aseguró que la SCJN reconoció que solo el Congreso de Tamaulipas puede definir su desafuero, por lo que no podría ser detenido. Sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro insistió en que el mandatario sí puede ser juzgado por defraudación fiscal, delito que le imputa la FGR.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Luego de Juan Luis González Alcántara, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó este viernes la controversia que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esta noche hay versiones encontradas sobre si el mandatario tiene o no fuero constitucional.
García Cabeza de Vaca presumió desde su cuenta de Twitter una victoria para su causa. “La @SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al @CongresoTams. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo”, expuso en la red social.
La @SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al @CongresoTams. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo.
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 15, 2021
En tanto, Ignacio Mier Velazco, Diputado federal y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, expuso que, luego de la decisión tomada en la SCJN, el Gobernador tamaulipeco puede ser juzgado por los delitos que se le imputan.
“Al ser desechada por la SCJN la controversia que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero que aprobó la @Mx_Diputados, no hay impedimento para que la FGR proceda contra el gobernador Cabeza de Vaca y que pueda ser juzgado por su presunta responsabilidad penal”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.
En un segundo mensaje expuso: “En lugar de abrogar su acuerdo de homologación, el Congreso Local tuvo que haber dado cumplimiento a la Constitución del estado de Tamaulipas y nombrar al Gobernador que lo sustituye, como lo establece en su artículo 84”.
https://twitter.com/NachoMierV/status/1393369566546481152?s=20
https://twitter.com/NachoMierV/status/1393369567334998017?s=20
A su vez, Alonso Aguilar Zinser, abogado defensor del Gobernador García Cabeza de Vaca, planteó que la decisión de la SCJN no significa que se prejuzgue la responsabilidad del funcionario, por lo que podría ser investigado hasta que concluya su administración.
En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Aguilar explicó esta noche que el Ministro González Alcántara reconoció la facultad del Congreso de Tamaulipas para mantener el fuero del Gobernador.
“El tema, por lo menos del desafuero, aquí termina, mi cliente terminará su mandato en la fecha estipulada (…). No puede ser detenido”, aseguró.
De acuerdo con información del periodista Víctor Fuentes, del diario Reforma, el Gobernador García Cabeza de Vaca sigue protegido contra posibles acciones penales porque el Congreso de Tamaulipas no aprobó su desafuero.
El Ministro González Alcántara desechó la controversia, señaló el diario, porque las y los legisladores tamaulipecos ya habían resuelto que por ahora no procede procesar penalmente a Cabeza de Vaca.
“En estas condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”, explicó el Ministro en la resolución citada por Reforma.
LAS ACUSACIONES CONTRA CABEZA DE VACA
De acuerdo con Insight Crime, una institución dedicada al análisis del crimen y la violencia en América Latina, el tiempo se agota para el Gobernador de Tamaulipas, quien desde hace años ha estado en el foco de sospechas.
El 10 de mayo pasado, la FGR anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos le había compartido su expediente sobre el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La investigación ofrece información sobre presuntas transferencias ilegales de dinero y otras irregularidades financieras, según el alegado de la Fiscalía.
#FGRInforma Se recibió información del Departamento de Justicia de EU, sobre posibles responsabilidades penales de Francisco J. "G", Ismael "G", José Manuel "G", José Ramón "C" y empresas, vinculadas con operaciones bancarias ilícitas; serán investigadas https://t.co/JexwUzqigh pic.twitter.com/k338pz6EfI
— FGR México (@FGRMexico) May 11, 2021
Esto ocurrió luego de que la Cámara de Diputados votara para levantar la inmunidad al atribulado Gobernador. El Congreso del estado de Tamaulipas se opuso a la decisión y decidió permitir que Cabeza de Vaca siguiera en su cargo. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el desafuero del Gobernador continúe para poder presentarlo ante la justicia.
Cabeza de Vaca es sospechoso de tener vínculos con grupos del crimen organizado y de lavado de dineros ilícitos durante su periodo en el Gobierno de Tamaulipas, según la FGR. Los fiscales alegan que el mandatario amasó una fortuna de varios millones de dólares que no parece provenir de sus ingresos como funcionario público.
Esto incluye un buen número de bienes ocultos, entre ellos 30 propiedades en Texas y Tamaulipas, avaluadas en unos 951 millones de pesos mexicanos (alrededor de 47 millones de dólares), adquiridas por empresas de papel vinculadas a su familia, según informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los fiscales sostienen que entre 2016 y 2019, el funcionario operó una oscura red en su estado, mediante la cual otorgó contratos públicos a firmas que beneficiaban a varios parientes suyos.
Cabeza de Vaca ha rechazado las acusaciones, y calificó la audiencia de retiro de su inmunidad como una “patraña” y como “linchamiento político y criminal orquestado por el Gobierno”.
