Dos madres del país, sin una relación previa, son unidas por el drama de la desaparición de sus hijos en Coahuila. En el camino, ambas se enfrentan al muro de la impunidad policiaca y arman, ya juntas, un rompecabezas que señala a las autoridades como cómplices de la desgracia no sólo de sus muchachos, sino de decenas y decenas de personas que han sido privadas de su libertad forzadamente. Un reciente informe sobre crímenes de lesa humanidad en México, realizado por la organización Open Society, reportó que desde el 2006 el número de personas desaparecidas en el país ha ido en ascenso. Durante la presentación se hizo especial énfasis en Coahuila, un estado marcado por la colusión y la ausencia de las autoridades.

PRIMERA DE UNA SERIE

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Un grupo de hombres que viaja por la carretera hacia Torreón, Coahuila, en la madrugada de un lunes es detenido por la policía del municipio Francisco I. Madero, Coahuila. Las sospechas sobre la policía aparecen cuando los elementos armados intentan justificar la detención bajo el pretexto de que se trasladan en un vehículo robado: un Jetta 2008 color blanco. Mientras el conductor discute con los cinco elementos que les retienen, dos de los viajeros, Óscar German Herrera Rocha y Sergio Arredondo Sicairos, llaman a sus esposas. Son las cinco de la mañana y al otro lado del teléfono, en Sinaloa, ellas no pueden más que escuchar como los policías les obligan a terminar las llamadas.

La escena asemeja ser una réplica de lo sucedido un mes y cuatro días antes, suponen ahora las familias con base a una declaración judicial. La madrugada del 11 de mayo del 2009, también lunes, una panel es interceptada en el mismo tramo: una cuchilla entre la entrada al municipio Francisco I. Madero conocida como “Caballo Blanco y una gasolinera, a menos de 300 metros de la Comandancia Municipal. Heber Eusebio Reveles Ramos, José María Plancarte y Adrián Rodríguez Moreno, los hombres a bordo, son desaparecidos, un destino similar al tendrán los cuatro detenidos del 15 de junio.

En ambos grupos, por coincidencia, hay madres en Tijuana, Baja California. Rosario Villanueva Rocha, madre de Óscar detenido por presuntos policías en el grupo del 15 de junio, y Adriana Moreno, madre de Adrián, uno de los detenidos del 11 de mayo. Sin conocerse, las dos madres buscan cada una por su cuenta la ayuda de las autoridades de la Fiscalía del municipio fronterizo. Los servidores públicos las rechazan bajo el argumento de que no existe coordinación entre las Procuradurías de Justicia de los estados.

Ante esta imposibilidad, las denuncias tardarán unos días más en fincarse. Y con el paso de los días ambas madres viajan a Coahuila a investigar lo sucedido en Francisco I. Madero, un pueblo de la Comarca Lagunera, con no más de 26 mil habitantes.

El 15 de mayo, Alfredo, uno de los hermanos de Heber Reveles, desaparecido el 11 de mayo, interpone una denuncia en Coahuila.

“Nunca pensamos que fuera una desaparición. Porque cuando te pasan estas cosas no haces conciencia”, dice Adriana Moreno.

En el otro caso, el 15 de junio, Villanueva logra denunciar diez días después la desaparición de su hijo y otras tres personas en Saltillo, no sin antes ser rechazada por la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) localizada en Torreón, que se negó a recibir el caso.

Villanueva puso cartulinas por todo el municipio con los rostros de los desaparecidos. En negocios, en locales, en sitios que asegura tuvo el cuidado de evitar que los papeles “se volaran”. Pero las horas corrieron, y pasados los días ninguno de los 26 mil habitantes del lugar llamó para aportar algún rastro de su paradero.

CASO 11 DE MAYO

Un joven identificado como Omar García del ejido Compuertas de Francisco I. Madero se ha dedicado a trabajar desde hace una semana con una panel. Durante el día ofrece la pantalla y el estéreo del vehículo; en la noche, la maneja y hace rondines. Su misión: dar aviso de quién entra y sale del municipio.

Alfredo Reveles se queda en ese municipio y se moviliza para dar con el paradero de su hermano.

“Se quedó un mes, a diario hacía recorridos y él bajo estas investigaciones se convierte uno en rastreador”, narra Adriana Moreno.

A pesar de dar aviso a la policía local, las autoridades han sido negligentes para dar con ellos. Pero diez días después los esfuerzos familiares son suficientes como para encontrar la panel, aparentemente abandonada a una cuadra de la casa de Omar, en el ejido de Compuertas –muy cerca de Santo Niño–, donde los tres jóvenes salieron después de visitar a su familia.

La policía no llegará al sitio sino hasta cinco días después, para confirmar que no hay nadie dentro del vehículo. Tickets y restos de aluminio de almuerzos que prepararon sus esposas… es todo lo que se reporta.

En una declaración ministerial de García, registrada el 15 de octubre de ese año, él afirma que trabajaba para un policía local responsable territorial, que se halla junto a otro elemento de nombre Ascensión, aseguraron los familiares de las víctimas.

“Omar sí vio a las personas sometidas, esa misma noche. Nomás declaró que de ahí la policía se los llevó rumbo a San Pedro, y al otro día le entregó la panel”, dice Adriana Moreno. Sin embargo, hasta el momento no hay autoridades detenidas que carguen por delitos ocurridos esa madrugada.

CASO 15 DE JUNIO

Un mes después, las indagaciones derivadas de la denuncia de Villanueva conllevan a la detención de 35 policías preventivos de Francisco I. Madero. Cinco de ellos quedan arraigados por la Fiscalía estatal: Édgar Iván Hernández Astorga, Sergio Ríos Solís, Abel Gaytán Calderón, Ascensión Salinas y Óscar Gerardo López.

Después, la PGR detiene a cuatro mandos policiales, entre ellos Gabriel Mascorro Torres, director de la Policía Municipal, y Juan Manuel Silvestre Castañeda, subdirector de la corporación.

Sobre los hechos, los medios locales reportaron que durante las capturas el Alcalde priista Nicolás Muñiz Domínguez se ausentó del ojo público.

La madre de Óscar viaja a San Pedro, un municipio a 40 minutos de camino donde los preventivos habían sido trasladados, con el fin de encararlos y obtener más información. Lo que encuentra, afirma, le indignó: los gendarmes cumplían con la cuarentena en un hotel.

“Estuvieron 40 días arraigados en un hotel con aire acondicionado y televisión a color, ellos no estaban ahí precisamente sufriendo. No estaban ellos siquiera esposados, estaban con mucha vigilancia, pero no esposados”, recuerda Villanueva.

En su primera declaración, Abel Gaytán Calderón, uno de los agentes, acepta tener nexos con el crimen organizado. Los elementos aseguraron haber entregado a los cuatro jóvenes al grupo armado Los Zetas. Una práctica, dijeron, a la que se dedicaban para obtener dinero.

Villanueva, entonces, solicita a las autoridades de la Fiscalía de San Pedro poder hablar con Gaytán Calderón. El encuentro se da en un cuarto del edificio.

“Me dijo que me esperara, que todo estaba muy caliente, y que estaba amenazado de muerte”, relata Villanueva.

Al finalizar el arraigo, los nueve policías son consignados. Sin embargo, en ese momento las versiones de los agentes cambian al unísono: argumentan haber sido torturados para declarar en un primer momento.

“Yo les creería si los hubiera visto. Pero yo los vi y no tenían ningún tipo de señal de tortura, andaban en short y sin camiseta en el hotel y no tenían estas señales”, precisa Villanueva.

Un segundo encuentro de Villanueva con Gaytán refrenda un cambio de versión de lo sucedido y en donde los policías se desmarcan de cualquier responsabilidad.

“Cuando lo consignaron me encontré otra persona completamente diferente a la que me había encontrado un mes antes. Me dijo que no era cierto, que él no me había dicho eso, que yo lo había amenazado de muerte, cosa que por supuesto no es cierto”, dice la madre.

LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

La muerte de uno de los presuntos implicados dejó el caso con ocho detenidos, y se espera que sean sentenciados este año. Pero en cuanto al paradero de los siete desparecidos de ambos casos, la Fiscalía estatal ha sido incapaz de dar mayor información.

Los hallazgos más importantes del caso se debieron al trabajo independiente de las familia. En el caso de la panel hallada, donde viajaban tres personas el 11 de mayo, las autoridades no desarrollaron la verdad de los hechos, aun habiendo una persona que declarase la implicación de la policía: Omar García.

En cuanto a los cuatro jóvenes empresarios del 15 de junio, la presión sirvió para detener a los elementos de las fuerzas de seguridad pública local, pero una vez detenidos las autoridades no desarrollaron una investigación para hallar a los desaparecidos.

“La ineptitud con la que actuaron provocó el enojo con el que vivimos las familias, pero al final de cuentas lo que nos interesaba a nosotros era encontrar a los muchachos, cosa que no encontramos en ningún momento”, afirma Villanueva.

Uno de los encargados generales de llevar este caso fue el Fiscal estatal, Jesús Torres Charles.

“Para ciertas situaciones mostraba accesibilidad, pero en otras se bloqueaba. Intentamos en nuestras posibilidades saber lo que pasó, pero fue muy difícil porque Saltillo está a más de cuatro horas de donde sucedió la desaparición”, expone Villanueva.

Después de tres años en el puesto, Torres Charles dio un paso al costado el 17 de febrero del 2012, después de haberse envuelto en un escándalo: su hermano Humberto Torres Charles fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Tras las primeras investigaciones que recayeron también sobre él y su probable relación con criminales, Jesús Torres se dio a la fuga. Dos años después, un Juez federal lo exculpó, y el ex Fiscal volvió a aparecer públicamente en el estado.

LOS ZETAS Y LAS DESAPARICIONES

El 7 de junio pasado un informe de la organización internacional Open Society apuntalaron la participación del narcotráfico, en especial de Los Zetas, en la oleada de desapariciones en México. Y así también lo dice la experiencia de las familias.

Villanueva dice que en retrospectiva hay situaciones de violencia que han quedado más claras después de los hechos.

“Hemos logrado concluir la enemistad que hay entre los grupos delictivos de Los Zetas, con la gente de Sinaloa, ellos tenían la consigna de que si pasaban carros con placas de Sinaloa se fueran detenidos. Entonces, resulta que a nuestros muchachos les tocó pasar precisamente en el peor momento. Venían de Piedras Negras, pero el carro portaba placas de Sinaloa”, comenta.

Durante la presentación del informe de Open Society, Blanca Martínez Bustos, integrante de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, enfatizó los gravámenes que sufre Coahuila.

“Pudimos constatar cómo el desarrollo de esta estrategia y esta práctica de desaparición es uno de los componentes del control de población y de control del Estado, que no se puede dar sino es por la facilitación del Estado. En el Centro Fray Juan de Larios registramos –del 2007 al 2015– 494 personas desaparecidas, en 164 casos registrados. Esto quiere decir que la mayoría de la gente que desapareció en Coahuila lo hizo en grupo”, dijo ante el auditorio.

Las familias de las siete personas desaparecidas del 11 de mayo y el 15 de junio apuntaron el papel que jugó el Gobernador priísta Humberto Moreira Valdés en esos tiempos.

“Yo no tengo ninguna opinión, pero sí creo que en el involucramiento o las facilidades que ellos le dieron a la delincuencia organizada fue lo que facilitó que ocurrieran todas las tragedias en Coahuila y en el país. Las autoridades están desamparando a la sociedad civil y no hay una respuesta seria y contundente cuando pasa una situación como esta”, considera la madre de Óscar.

“Ya pasó mucho tiempo, queremos seguir intentando, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, por ahorita es mantenernos a flote”, dijo.