La brecha de género de México es la más amplia debido a que en el mercado laboral las oportunidades son limitadas para combinar: tareas domésticas, el cuidado de niños y vida profesional, porque las mujeres mexicanas realizan en promedio el el 77 por ciento de toda la atención no remunerada y doméstica.

-Con información de Europa Press

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- En América Latina seis países aún no cuenta con leyes o políticas que faciliten el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y fomente la lucha contra la discriminación en el acceso a los recursos, ocasionando pérdidas de 400 mil millones de dólares en los ingresos regionales, reportó el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) de 2019, del Centro de Desarrollo de la OCDE, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA).

El índice ubicó a México entre los países con menor desigualdad en el acceso a un trato igualitario entre hombres y mujeres, debido a que las leyes existentes garantizan espacios equitativos. Sin embargo, el análisis de la OCDE mostró que México presenta la brecha de género de todos los países miembros.

Para la tenencia de la tierra, a los hombres generalmente se les da prioridad, lo que vuelve a las mujeres económicamente dependientes y limita su participación política. “En las comunidades rurales, son principalmente los propietarios de tierras quienes tienen el derecho de participar en asambleas comunitarias y expresar su opinión política”, citó el SIGI.

La OCDE observó que en México las normas culturales siguen restringiendo los derechos de las mujeres a la tierra, pese a que el Código Civil garantiza este acceso.

En cuanto al acceso a recursos financieros formales, las mexicanas carecen de esta posibilidad, pero políticas como el programa Prospera redujeron las brechas de género en la propiedad de cuentas bancarias, según observó el índice, que tomó datos hasta 2016.

En materia laboral, la OCDE reconoció políticas como que las que establece la Ley Federal del Trabajo, que establecen que las mujeres tienen derecho a una licencia de maternidad pagada de 12 semanas y plantea también la de paternidad. Pero pese a esas reglamentaciones, la brecha salarial de género en ciertos sectores de la economía, como en la industria,  es del 32 por ciento, de acuerdo con datos de la CEDAW.

La brecha de género de México es la más amplia debido a que en el mercado laboral las oportunidades son limitadas para combinar: tareas domésticas, el cuidado de niños y vida profesional, porque las mujeres mexicanas realizan en promedio el el 77 por ciento de toda la atención no remunerada y doméstica.

Además, como política de Estado, es el que destina el nivel más bajo de gasto público a las políticas de mercado laboral

DESIGUALDAD GLOBAL

El SIGI, que se basa en datos cualitativos y cuantitativos sobre instituciones sociales discriminatorias en 180 países, reveló que a nivel global, el porcentaje de discriminación en el acceso a recursos es del 27 por ciento, así como que el 42 por ciento de los países garantizan igualdad de derechos de la propiedad entre hombres y mujeres.

El informe, presentado este jueves, 13 de junio, en Madrid, revela que el nivel de discriminación en las leyes, costumbres y normas sociales de América Latina es del 25 por ciento (un 27 por ciento en El Caribe), mientras que en Europa, que se consagra como la región con mayor igualdad según el estudio, es del 17 por ciento, según han informado las organizaciones.

Así, el estudio evidencia que una de las “mayores preocupaciones” de la desigualdad de género en América Latina está en el ámbito familiar, al que las mujeres dedican más de cuatro horas al día entre las tareas domésticas y el cuidado de personas mayores e hijos, tres veces más tiempo que los hombres.

Asimismo, el estudio recoge que la mayoría de los países latinoamericanos tienen un nivel de discriminación en acceso a recursos bajo, que oscila entre el 0 y el 25 por ciento en Colombia, Perú, Brasil, Argentina o México. Sin embargo, estos niveles son de entre el 25 y el 50 por ciento en las regiones de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay y de más del 50 por ciento en Chile.

En este sentido, Benita Hernández, una de las beneficiarias de las ayudas de las FMBBVA en República Dominicana, ha asegurado que las mujeres de su región “no son propietarias por desconocimiento” y ha explicado que les falta información para solicitar el acceso a la titularidad de la tierra, careciendo en ocasiones de documento de identificación.

Hernández, de 63 años, comenzó su emprendimiento cultivando nueces de macadamia tras perder sus tierras durante el paso de dos huracanes, así como ayudando a otras mujeres emprendedoras a acceder al crédito de FMBBVA y ahora trabaja en una asociación que tiene como objetivo impulsar el acceso de campesinas a propiedades de tierra.

En este sentido, la jefa de la división de Redes, Alianzas e Igualdad de Género del Centro de Desarrollo de la OCDE, Bathylle Missika, ha apuntado que el SIGI tiene como objetivo fomentar que las mujeres y niñas “no se queden atrás”.

Asimismo, ha apuntado que la “débil” implementación de las leyes y la existencia de “normas sociales discriminatorias” son los principales obstáculos para alcanzar la igualdad de género en América Latina y El Caribe en 2030.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

Por otra parte, el nivel de discriminación respecto al acceso de las mujeres a servicios financieros es del 13 por ciento, según ha indicado la OCDE. Sin embargo, a pesar de que no existe una legislación discriminatoria en este sentido, las condiciones exigidas a las mujeres son más altas que para los hombres, lo que se traduce en una “discriminación indirecta”.

Así, otra de las mujeres beneficiarias del crédito de la FMBBVA Elisa Cuchupoma, de Perú, ha armado que se sorprendió cuando la entidad peruana de la Fundación no le exigió el aval de su marido para solicitar la ayuda.

Así, la tejedora elabora y vende coleteros debido a la ayuda del programa ‘Palabra de Mujer’, desarrollado por FMBBVA en Perú, del que se benefician 90,000 mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social a través del acceso a un crédito grupal que incluye asesoramiento para gestionar el negocio y sus finanzas.

En este sentido, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan ha señalado que la eliminación de las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres traerá consigo un crecimiento “más dinámico e inclusivo, equidad y menos pobreza”.

A nivel global, el estudio revela que el 98 por ciento de los países en el mundo garantiza el acceso equitativo al crédito y reconocen que las mujeres tienen los mismos derechos para abrir una cuenta, mientras que el 60 por ciento de ellos promueven políticas con una dimensión de género para expandir el acceso a servicios FInancieros.

En el caso de España, en la práctica, el SIGI muestra que no existe discriminación en el porcentaje de mujeres con cuenta en una institución Financiera.

Sin embargo, el embajador y representante permanente de España ante la OCDE y presidente del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE, Manuel Escudero, ha apuntado que en España aún existen desafíos en materia de lucha contra la desigualdad de género en el ámbito familiar, así como para poner n a la “violencia contra las mujeres”.