Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Organizaciones civiles agrupadas en la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza lanzaron una campaña de transparencia con el fin de evidenciar los problemas que existen en la prestación de servicios médicos de 17 entidades del país.

La campaña #CeroListasdeEspera recopilará en los próximos tres meses información de al menos 300 establecimientos públicos con el propósito de obtener un diagnóstico nacional de los problemas que pasan los pacientes para ser atendidos.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) los mexicanos en áreas urbanas aguardan en promedio 1 hora 40 minutos para ser atendidos en consultas externas.

“Sin embargo, en muchas ocasiones los tiempos de espera que se extienden a tres o seis horas no son el principal problema, sino que se pospongan las citas médicas un mes o tres”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Las organizaciones civiles se valdrán de ciudadanos para poner en marcha un mecanismo, basado en el llenado de un cuestionario que los usuarios de los distintos establecimientos contestarán, para evaluar indicadores de calidad de atención y acceso efectivo.

“La evaluación se hará principalmente en los centros de las secretarías de salud estatales, aunque en un plano general también se evaluarán los servicios hospitalarios del seguro social”, agregó Gómez Hermosillo.

A finales de octubre la campaña pretende haber completado 50 cuestionarios por cada establecimiento y presentar un reporte final a las autoridades.

Las propuestas de la campaña Cero Listas de Espera incluyen que la Secretaría de Salud presente un plan multianual para lograr cobertura universal de salud, que se amplíe el catálogo de servicios médicos, que se genere un mecanismo de exigibilidad para que las personas logren acceso a la salud y que el presupuesto de egresos 2016 exija a las autoridades de salud reportar indicadores de calidad de atención en cada establecimiento.

Además, los representantes de distintas organizaciones civiles se mostraron preocupados por el recorte que sufrirá la Secretaría de Salud en 10 mil millones de pesos dentro del presupuesto del próximo año, de acuerdo con el anuncio de la propia Secretaria Mercedes Juan López hecho en febrero.

En México pese a la intención del Gobierno de Enrique Peña Nieto de universalizar los servicios de salud, los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelaron en el 2012 que hay 25.2 millones de personas que no tienen acceso a la salud.

“El recorte al presupuesto 2016 no debe a afectar la prestación de servicios, sino por el contrario ampliar los servicios”, consideró en conferencia de prensa María Lucila Isabel Servitje Montull, vicepresidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc).

INEQUIDAD EN SERVICIOS

Rogelio Gómez recalcó que el actual sistema de salud presta de forma desigual los servicios de atención, ya que privilegia a la población con mayores recursos.

Hizo hincapié en que el paquete de servicios que reciben las personas en el Seguro Popular es muchísimo menor al de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o instituciones similares.

La iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza afirmó que el 61 por ciento de la población carece de seguro social.

Y que de acuerdo a la estratificación por deciles de la sociedad, un método para visibilizar los diferentes niveles de ingresos de los mexicanos, los pobres son los más afectados en el acceso a la salud.

“Sólo el 4 por ciento de los hogares con menores ingresos [del decil I] tienen seguridad social, mientras el 63 por ciento de los hogares con mayores ingresos (del decil X) tienen seguridad social”, citó una misiva de la iniciativa de las organizaciones civiles.

Esta diferencia en el acceso al seguro social sería de 15 a 1 entre el 10 por ciento de la población más rica de México y el 10 por ciento más pobre.

Debido a esta distribución, los recursos del Estado se estarían destinando más a las personas con ingresos más altos de la sociedad. “El Estado mexicano gasta cada año 2 mil pesos más por persona para quienes tienen seguro social, que para quienes no tienen”.

Otro factor para decir que los ciudadanos están siendo afectados son los indicadores del gasto de bolsillo, que es el que tiene que pagar la persona cuando acude a recibir un servicio.

“El 44 por ciento del gato de los afiliados al Seguro Popular es gasto de bolsillo. Mientras que el estándar internacional es de 15 y 20 por ciento. Y uno de los síntomas es el crecimiento de farmacias, dijo Gómez.

En una panorámica general, y de acuerdo con un estudio de la Fundación Mexicana para la Salud, el 99 por ciento del gasto total den medicamentos en México lo pagan las personas como gasto de bolsillo, expusieron las organizaciones civiles.