Este sábado se cumplen 10 meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó conceder un amparo a favor de tres pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER), quienes viven con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), para obligar a las autoridades a respetar y garantizar el derecho a la salud de ellos y de todos los pacientes como ellos que son atendidos en dicho instituto.

El asunto que motivó la resolución de la Corte fue la sorpresiva suspensión de la construcción de un espacio adecuado para atenderlos, a pesar de que el Instituto había gastado 7.5 millones de pesos en el proyecto ejecutivo de la obra y había iniciado los trámites administrativos para materializarlo. No obstante, en febrero de 2012, sin justificación alguna, el proyecto fue suspendido para sorpresa de los pacientes.

La batalla legal que en diciembre de ese año tres afectados comenzaron para defender su derecho a la salud dio frutos casi dos años más tarde, con la resolución del máximo órgano de justicia del país. Pero entonces inició para ellos, sus defensores legales y el resto de los más de mil pacientes con VIH que se atienden en el INER una nueva odisea, esta vez para que las instancias públicas involucradas cumplan efectivamente lo ordenado por la Corte.

Parte de esta historia se cuenta siguiendo el camino de juzgados y tribunales por el que ha avanzado el proceso judicial, del que ha derivado una queja y una suspensión incumplida por las autoridades. Otra, se resume en la exigencia de quien representa a esos centenares de pacientes con VIH para que las instancias involucradas cumplan con lo que ellas mismas propusieron y garantice así uno de los derechos humanos fundamentales.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).— Cuando el 15 de octubre de 2014 la mayoría de los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la atención médica que se les había proporcionado a tres pacientes con VIH/SIDA en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) no resultaba apegada al derecho humano al nivel más alto posible a la salud, parecía que por fin terminaría el largo camino para obtener justicia que esos tres hombres habían iniciado casi dos años atrás, cuando se inconformaron por la sorpresiva e injustificada cancelación de un pabellón especial para atenderlos en dicha institución.

Con la determinación de la Corte parecía que sólo quedaría esperar que las instancias públicas involucradas -el INER, el Comisionado Nacional de Protección en Salud y el Comité Técnico del Fideicomiso en Protección Social en Salud- cumplieran con lo ordenado en la sentencia del amparo, que quedó documentada bajo el folio 378/2014.

El máximo órgano de justicia del país había ordenado que las autoridades tomaran “todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible a la salud de los quejosos”, considerando que al ser portadores del VIH debían recibir un tratamiento médico en instalaciones separadas del resto de los pacientes, a fin de evitar el contagio de alguna enfermedad.

Para dar por cumplida su sentencia, los Ministros concedieron a las instancias involucradas que consideraran qué medida resultaba más adecuada y plausible para brindar el servicio médico adecuado, si remodelar el espacio que para entonces existía para atender a los pacientes con VIH dentro del INER -conocido como Pabellón 4-, si construir un nuevo pabellón hospitalario, o si tomar alguna otra alternativa.

Pero eso sí, fuera cual fuera su decisión tenían que demostrar que habían realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición a fin de garantizar el derecho al nivel más alto de la salud de los quejosos, ordenaron los Ministros.

Y esa resolución es ahora el meollo del giro que dio la historia.

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Cabe aquí hacer una recapitulación de cómo empezó todo.

Unos años antes de que los tres pacientes del INER interpusieran el amparo que finalmente ganaron, en 2007 el propio INER había pretendido remodelar el Pabellón 4. Aunque ese proyecto fue aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, las autoridades sanitarias del INER finalmente resolvieron que la remodelación no era suficiente para atender las necesidades de los pacientes con VIH y que, por lo tanto, era mejor construir un nuevo edificio.

El proyecto original de remodelación fue entonces cancelado y se aprobó uno nuevo, llamado “Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea”, plan también conocido como construcción del Pabellón 13.

Este nuevo edificio atendería no sólo a pacientes con VIH, sino también a quienes sufrieran co-infecciones de transmisión aérea. Se trataría de la primer unidad hospitalaria en el país diseñada con base en la contención de agentes infecciosos y de bioseguridad.

El nuevo proyecto no sólo se aprobó por el Comité Técnico del Fideicomiso, sino que le fueron autorizados al INER 7 millones 500 mil pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra. Éste fue entregado en octubre de 2010.

Con el proyecto ejecutivo para construir el Pabellón 13 listo, el INER comenzó a tramitar los distintos permisos y requerimientos administrativos necesarios para llevar a cabo la obra. Consiguió cuando menos el Permiso sanitario de Construcción de Establecimientos Médicos, el Certificado de Factibilidad, el Registro en Cartera, el Certificado de Necesidad y el Certificado de Necesidad de Equipo Médico.

Parecía que todo marchaba bien, pues los pacientes incluso eran informados de los avances que iba teniendo el proyecto, a decir de Rubén Valdez Núñez, quien preside el Comité de Usuarios con VIH/SIDA de los Servicios de Salud del INER (USINER).

Sin embargo, en marzo de 2012 autoridades del INER informaron a Valdez Núñez, de manera informal, que la construcción del Pabellón 13 se había suspendido. A los pacientes no se les explicó entonces -como no se les ha explicado hasta ahora- las razones para suspender un proyecto que la misma institución había promovido.

De ahí que tres personas, pacientes con VIH del INER y quienes se habrían beneficiado del nuevo proyecto, se inconformaron y recurrieron al Poder Judicial para defender su derecho a la salud.

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Tres años después, la duda de por qué se canceló la obra no sólo persiste, sino que a ella se suma la de no saber por qué el INER, el Comisionado Nacional de Protección en Salud y el Comité Técnico del Fideicomiso en Protección Social en Salud (cuyo presidente es el mismo Comisionado), optaron por la remodelación del viejo pabellón para dar cumplimiento a la sentencia de la SCJN.

Para la abogada Itzel Silva Monroy, integrante de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y como tal una de los defensores de los tres pacientes con VIH que se ampararon contra la decisión del INER, lo que está de fondo no es si la remodelación era la mejor alternativa o no, sino que la decisión no haya sido justificada por las autoridades ante el Juez Tercero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, Rodrigo Mauricio Zerón De Quevedo, responsable del cumplimiento de la resolución de la SCJN. A eso se suma, continúa la abogada, que el Juez haya avalado esa decisión.

Si los defensores de los tres pacientes supieron lo anterior fue porque el el 10 de febrero de 2015 el juzgador, a través de un oficio, les detalló a las autoridades involucradas en el caso cuál era el papel que cada una debía cumplir para acatar la sentencia. El escrito era una contestación a una duda planteada por las autoridades, pero en ésta el Juez asentó que las tareas de cada instancia serían para la remodelación del Pabellón 4.

“Ahí asumió, decidió sin más que era la remodelación, sin ningún tipo de explicación”, expone Silva Monroy.

Para la abogada, con esa precisión el Juez excedió sus facultades y lo ordenado por la SCJN, por lo que interpuso un recurso de queja contra esa actuación del Juez.

Tras más de cinco meses de haber presentado la queja, el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Distrito Federal -encargado de resolverla- todavía no entra ni siquiera a su estudio, de acuerdo con la abogada de Fundar.

Pero por otro lado, por la interposición de esa queja el Juez de la causa decidió suspender el procedimiento hasta que ésta se resolviera. La suspensión, explica la defensora, implica que todas las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de la SCJN quedan detenidas. Dicho de otro modo: las autoridades no podrían llevar a cabo acción alguna encaminada a cumplir lo que la Corte le ordenó hasta que no se resuelva la queja.

El escenario que de ello resulta no es nada halagüeño para los pacientes con VIH del INER. Pero menos alentador podría resultarles saber que las autoridades no están acatando la suspensión.

Silva Monroy señala que desde hace meses el INER, la Comisión y el Comité Técnico del Fideicomiso han entregado oficios al Juez informándole de las acciones que van realizando para la remodelación del Pabellón 4.

Las tres instancias, dice, “están prácticamente violando esta orden judicial de suspensión del procedimiento de cumplimiento de sentencia […] no les importa la suspensión, ellos siguen haciendo acciones para la remodelación”.

Dichos oficios, consultados por SinEmbargo, dan cuenta de que al menos de abril a julio tanto el Director General del INER, Jorge Salas Hernández, como el Comisionado y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, Gabriel Jaime O’Shea Cuevas, estuvieron informando al Juez sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte. En todos ellos se refieren siempre a la remodelación del Pabellón 4.

Incluso en un oficio del 4 de junio, el Director General del INER le informa al juez que dos días antes el comité de obra del Instituto había sesionado a fin de “aprobar el presupuesto de excepción para la contratación de las personas morales que continuarán con la remodelación del servicio clínico cuatro”. Unos días más tarde, el 12 de junio, le informa al juez que el INER ya realizó la contratación “para continuar con la remodelación”.

El 28 de julio, Salas Hernández envió otro oficio al juez refiriéndole que ya se había realizado la adjudicación al contratista que llevaría a cabo la remodelación. En estos dos últimos oficios, el director del INER manifiesta que está al tanto de la suspensión del procedimiento, al referirle al juez que las constancias de la contratación a la que alude “se exhibirán una vez que se ordene continuar con el procedimiento el cual a la fecha se encuentra suspendido o bien cuando lo requiera su Señoría”.

En otro oficio, fechado el 22 de mayo, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel Jaime O’Shea Cuevas, refirió una serie de documentos intercambiados entre la Comisión a su cargo, el Comité Técnico del Fideicomiso que preside y el INER, con los cuales acreditaba ante el Juez Tercero de Distrito que habían estado discutiendo la aprobación del financiamiento para la remodelación del servicio clínico del llamado Pabellón 4.

“Es como muy descarado y muy cínico el incumplimiento que están haciendo, tanto de la sentencia como de la suspensión que se ordenó por el recurso de queja”, considera Silva Monroy.

SinEmbargo buscó a ambos servidores públicos para conocer sus razones para optar por la remodelación del viejo pabellón, en lugar de la construcción de un nuevo espacio, así como el por qué han continuado los trabajos de remodelación pese a la suspensión dictada por el Juez.

El Director General del INER no contestó a la solicitud de entrevista. De parte de la Comisión, el encargado de Comunicación Social, Edmundo González Becerra, envió una nota informativa como respuesta.

En ésta se argumenta que la SCJN “dejó a consideración de la autoridad responsable, en este caso el INER, la determinación de la opción más adecuada para proporcionar a los quejosos el tratamiento de su enfermedad”. En consecuencia, “El INER, con apego a la resolución de la Segunda Sala de la SCJN, consideró la remodelación del servicio clínico 4 como la opción más adecuada para el cumplimiento de la sentencia de amparo”.

La contestación recuerda además que el Comisionado y el Comité Técnico del Fideicomiso sólo apoyan al INER en el cumplimiento de la sentencia, en lo que compete a la autorización de los recursos financieros.

Tal respuesta no explica, sin embargo, bajo qué argumentos se justificó la decisión de optar por la remodelación.

Respecto al tema de la suspensión, la dependencia expuso que la interposición de un recurso de queja “no releva ni libera a las autoridades de la responsabilidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo”.

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Como presidente del USINER, Valdez Núñez está al tanto del embrollo jurídico en que se encuentra el caso. Su percepción es que el proceso “está muy cargado hacia un un lado”. Y ese lado, dice, no es el de los pacientes.

Él no pierde de vista que, en el fondo, lo que está en juego es la salud de las personas con VIH que se atienden en el INER, que calcula suman entre mil 300 y mil 400 y abarcan lo mismo a jóvenes que amas de casa, pobres y ricos, heterosexuales u homosexuales, subraya. Y al apuntar eso también es puntual en diferenciar el problema en torno a la infraestructura y la atención médica que reciben. Sobre esa, recalca, no tienen queja alguna.

“Nosotros no nos estamos quejando de la atención. La atención médica es excelente, es una de las mejores de la República para gente con VIH. No es cuestión de atención, es cuestión de crear una infraestructura hospitalaria”, dice reiteradamente.

El problema, pues, es que el Pabellón 4 -donde hasta ahora han sido atendidos- no cuenta con las condiciones óptimas para su atención, a decir de Valdez Núñez, quien como presidente del UNISER se dedica a defender los intereses de los pacientes con VIH en esa institución, vigilar que los recursos destinados para ellos se usen adecuadamente y orientar a aquéllos que se lo solicitan.

El llamado Pabellón 4 es un espacio distribuido en dos áreas, una para mujeres y otra para varones, cada una de las cuales consta de 16 camas, pero éstas no están distribuidas en cuartos separados, sino en habitaciones compartidas. Además, cada área comparte un mismo baño para todos sus pacientes. Y no hay sistemas de ventilación que permitan la entrada y salida de agentes patógenos.

En suma, pues, se trata de un sitio propicio para los contagios, sobre todo para los pacientes con VIH, quienes llegan a esa instancia en estados avanzados de enfermedad. Si se toma en cuenta que los pacientes con VIH padecen enfermedades oportunistas, que son ocasionadas por diversos agentes patógenos, es fácil suponer la vulnerabilidad en la que se encuentran en un sitio con estas características.

“Comúnmente nuestra característica es que cuando llegamos al hospital nuestro aparato inmunológico está en ceros. Si tú llegas a un hospital con una pulmonía y te ponen en un mismo cuarto con alguien que tenga tuberculosos diseminada, tu aparto inmunológico está muy bajo y está batallando con todos los virus que tienes por la neumonía, y llega el de tuberculosis y te acaba”, ilustra.

Por esta razón es que, dice, para los pacientes con VIH que se atienden en el INER la mejor alternativa sería un nuevo espacio, uno donde haya habitaciones y baños aislados y exista un sistema adecuado de ventilación. Tal como el que había proyectado hacer el INER unos años atrás.

“Nosotros queremos que nos den la infraestructura especializada que ellos mismos nos prometieron, porque no fuimos los pacientes los que dijimos ‘oiga, nosotros queremos que nos haga esto’. ¡No! Fue una cuestión de ellos. ¿Por qué cambiaron? No lo sabemos, pero no nos lo explican”, se lamenta.

Por las condiciones en que se encuentra el Pabellón 4, Valdez Núñez descarta que baste una remodelación para adecuarlo a las condiciones que se requieren. Y recuerda que, en 2007, fueron las propias autoridades del INER las que rechazaron la opción de la remodelación por considerarla insuficiente y, en su lugar, propusieron la creación de un nuevo pabellón.

“Nosotros consideramos que si se remodela el Pabellón 4 y [las autoridades] dicen ‘nosotros ya cumplimos’ y el Juez lo acepta, consideramos que nos están dando gato por liebre y que es más de lo mismo y que nos pudiéramos haber evitado todo eso y que a la hora de la hora esa resolución [de la Corte] no nos sirve absolutamente para nada, porque es más de lo mismo”, espeta el también paciente del INER.

Silva Monroy concuerda con esa postura. “El hecho de que el INER esté fomentando, esté buscando y esté incluso implementando la remodelación va en contra de lo que él mismo había dicho previamente, que no cumplía con los requisitos y con las condiciones necesarias para garantizar este derecho a la salud en el máximo nivel para los pacientes del INER con VIH”, dice. “Es un tema porque está ahí la sentencia, claramente dice cuál es la condición para que las autoridades decidan si hacer una cosa o la otra, y las autoridades están por la libre decidiendo que lo que toca es la remodelación, sin ninguna justificación, sin cumplir con lo que ordenó la Corte”.

La preocupación para la abogada por ahora es que mientras se resuelva el embrollo jurídico de la queja contra el Juez, que a su vez mantiene la suspensión del procedimiento, las autoridades avanzan con la remodelación, “en violación a la suspensión y en incumplimiento a la sentencia de la Corte”.

La consecuencia que ello tendrá no será sólo para sus tres representados, advierte, sino para todos los pacientes con VIH del INER. “Finalmente tiene un efecto en un mayor número de personas, y de hecho así lo dijo la propia Corte: que finalmente eran tres los quejosos pero por la naturaleza de lo que se estaba tratando tiene un efecto para más gente, y es una afectación al derecho a la salud para más personas”.